La situación política, económica y social en nuestro país está muy condicionada por los efectos de la pandemia, la invasión de Ucrania y el fuerte agravamiento del alza de las materias primas -en particular del gas y del petróleo-, lo que ha disparado la inflación a cotas que se pueden situar por encima de los dos dígitos en los próximos meses y, además, ha movilizado a importantes sectores del transporte por carretera, pesca, agricultura e, incluso, a empresas industriales con gran consumo de energía eléctrica. La respuesta del Gobierno ante este grave problema se ha concretado en la aprobación de un plan nacional de medidas encaminado a paliar los graves efectos económicos de la invasión rusa y frenar el malestar de empresas y ciudadanos, dotado con 16.000 millones de euros: 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, el Gobierno ha hecho un llamamiento a los interlocutores sociales para que negocien un acuerdo sobre el empleo y la negociación colectiva plurianual (un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) que tenga como base la moderación salarial a muy corto plazo.
El plan es compatible con la gestión de las ayudas de la UE para combatir la COVID y resulta coherente con el acuerdo alcanzado recientemente en la UE, por el que se permite a España y Portugal fijar limitaciones al precio del gas y, en coherencia con ello, reducir el precio actual de la energía eléctrica a empresas y particulares. En concreto, el plan reduce el precio de los carburantes 20 céntimos de euro, pretende proteger el empleo, limita el precio de los alquileres, aumenta el Ingreso Mínimo Vital (IMV) un 15%, extiende el bono social eléctrico hasta 1,9 millones de hogares, incrementa el plazo de vencimiento de los préstamos del ICO y abre una nueva línea de avales, ayuda a sectores concretos muy afectados por el encarecimiento energético, endurece el llamado impuesto sobre los beneficios caídos del cielo y destinará 1.200 millones de euros en este año a la acogida de refugiados ucranianos, entre otras medidas.
El Real Decreto Ley 6/2022, de medidas urgentes del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, tiene un mes de plazo para ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Todo indica, al margen de sus carencias y limitaciones temporales revisables, que el decreto será votado favorablemente por los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y apoyado también por los sindicatos. Por el contrario, se descarta de antemano el voto de Vox y será muy problemático el voto favorable o la abstención del PP ante la insistencia de los populares de bajar los impuestos, a pesar de las expectativas suscitadas por la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP; el difícil contexto político, económico y social en el que nos encontramos; y la más que reiterada y deseada unidad de los partidos políticos ante las exigencias de la UE: elevada deuda pública (en torno al 118% del PIB), servicios públicos muy deteriorados por las políticas de austeridad (sanidad y enseñanza), aumento considerable del gasto social para paliar la crisis, incremento del precio de las importaciones de crudo y de gas…
En relación con este importante asunto, la izquierda, y el Gobierno más en concreto, debe oponerse radicalmente a la pretensión de las derechas de reducir significativamente los impuestos, lo que situaría a nuestro país en grave riesgo de recortar la inversión, el gasto social y dificultará el pago de la deuda pública. Paralelamente deben enfrentarse, en términos dialécticos, a esta deriva ideológica y defender el incremento razonado de los impuestos a los que más tienen, en coherencia con la política impositiva anunciada por el presidente Biden (EE. UU.) -y el discurso socialdemócrata- de penalizar a los que más tienen (fijar un límite y aumentar el impuesto de sociedades y el de grandes fortunas) para combatir los efectos nocivos de la guerra. El objetivo fiscal debe encaminarse a que España se equipare, en cuanto a presión fiscal, a la media de los países de la UE, lo que requiere en primer lugar mejorar la conciencia fiscal de los ciudadanos y situar como prioritaria la lucha contra la elusión fiscal, el fraude y la economía sumergida.
En concreto, se debe acabar, de acuerdo con la UE, con los paraísos fiscales, blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de fraude, penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las exigencias de una fiscalidad responsable, insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibiliten la elusión y el fraude fiscal, al margen de reforzar los medios técnicos y los recursos humanos necesarios para cubrir las necesidades de la inspección, control y lucha contra el fraude a todos los niveles.
Por otra parte, hay que potenciar los impuestos directos (rentas, patrimonio y sociedades) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio). En concreto, hay que equiparar las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a los ingresos más altos; establecer un mínimo en el impuesto de sociedades; evitar el dumping fiscal entre comunidades autónomas y la confrontación de éstas con el Estado; imponer una tasa mínima en patrimonio, donaciones y sucesiones; revisar a fondo las bonificaciones y exenciones fiscales; analizar la composición del IVA; revisar en profundidad la tributación fiscal de las SICAV; establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; aplicar la tasa Google; e imponer tasas a las transferencias financieras, entre otras medidas de gran calado.
Como se puede observar, el esfuerzo del Gobierno resulta evidente para responder con eficacia a la actual coyuntura. Sin embargo, no está exento de contradicciones y, sobre todo, se echa en falta una política más ambiciosa y con visión de Estado a medio y largo plazo. Por ejemplo, el denostado posicionamiento sobre el Sahara (en tiempo, forma y contenido) traslada, en buena medida, nuestros problemas de suministro energético a Argelia, aumentando así las incertidumbres en relación con el precio final del gas. Tampoco se vislumbran nuevas medidas de inversión de los fondos de recuperación económica de la UE: cambiar nuestro modelo productivo (industrializar el país y sobre todo el sector agrario alimentario), aumentar las plantillas de nuestras pequeñas empresas, invertir en investigación, innovación y desarrollo, corregir el déficit digital de nuestra economía y, desde luego, mejorar la productividad y alcanzar la autosuficiencia alimentaria y energética en el marco de la UE, lo que reduciría considerablemente el precio del gas, del petróleo y la energía eléctrica.
Por último, en relación con la propuesta del Gobierno a los interlocutores sociales de llegar a un acuerdo de moderación salarial, se constata que los problemas derivados del alza del IPC (el 9,8% adelantado del mes de marzo y una inflación subyacente del 0,8% mensual y del 3,4% anual en un marco especialmente alcista: la media de los países de la eurozona se ha situado en el 7,5%) resultan mayúsculos. De entrada, la posición de la CEOE está enrocada en aumentar solamente los salarios desde el 2,5% en 2.022, al 2% en 2.023 y al 1,5% en 2.024 (más 1% adicional condicionado a incrementos de la tasa de productividad entre el 2% y el 4% por empleado), lo que reduciría drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores sin ninguna contrapartida conocida relativa a la limitación de los beneficios empresariales.
Por su parte, los sindicatos están haciendo hincapié en no perder poder adquisitivo durante la vigencia del hipotético acuerdo (tres años) y, en este sentido, plantean generalizar la cláusula de revisión salarial en todos los convenios y, en el peor de los casos, recuperar más tarde lo perdido en el primer año. Un planteamiento que, en todo caso, depende de la voluntad de los empresarios de respetar los compromisos asumidos en los centros de trabajo, de la mejora de la coyuntura económica y de la capacidad de presión y movilización de los trabajadores y sindicatos en las mesas de negociación de los diversos convenios. No será nada fácil justificar un acuerdo en clave sindical con la actual relación de fuerzas, sobre todo si los trabajadores pierden poder adquisitivo, a pesar de las promesas de recuperar dicho poder adquisitivo a través de las cláusulas de revisión salarial que, todo hay que decirlo, han demostrado muy poca eficacia en los últimos años a la hora de mantener el poder de compra de los trabajadores. En todo caso, los sindicatos deben superar la opacidad que está presidiendo las negociaciones y, desde luego, fomentar mucho más la participación y el debate en sus estructuras internas y especialmente en los centros de trabajo.
Por todo lo dicho, nos esperan meses difíciles que, seguramente, afectarán en negativo a las previsiones del Gobierno sobre el crecimiento económico y el empleo, lo que potencialmente añadirán una mayor incertidumbre a la situación actual y aumentarán la conflictividad social. A todo ello hay que añadir el esperado aumento de la confrontación política de las derechas con las fuerzas progresistas ante las próximas elecciones municipales, autonómicas (se espera una próxima convocatoria de elecciones en Andalucía), europeas y, finalmente, generales.
En este sentido, tampoco debemos descartar una nueva ofensiva del PP para volver a equiparar a Unidas Podemos (UP) con Vox y justificar un nuevo llamamiento al PSOE para que abandone definitivamente su alianza con los populismos (filocomunistas y etarras): la alternativa, auspiciada por diversos poderes fácticos de marcado carácter neoliberal, consistiría en un gobierno de gran coalición -al margen de Vox y de UP- presidido por el ganador de las elecciones (volver al bipartidismo); incluso, en los mentideros políticos no se descarta el adelanto electoral. Con el agravante, en estas circunstancias, de que la izquierda sigue sin transmitir credibilidad e ilusión en la aplicación de una política progresista encaminada a un crecimiento sostenible de la economía, el pleno empleo y la superación de las graves desigualdades, la pobreza y la exclusión social (escudo social); en definitiva, a garantizar el Estado de bienestar social.
En esta tarea, el trabajo organizativo resulta fundamental y, en coherencia con ello, el PSOE y UP deben explicar a los ciudadanos, en esta situación excepcional, el porqué de las decisiones gubernamentales y, de la misma manera, trasladar al Gobierno las aspiraciones más profundas de los ciudadanos. El problema se agudiza al comprobar la notable pérdida de músculo de ambos partidos políticos, ensimismados en el ejercicio del poder institucional, faltos de empatía y de respuestas políticas suficientes a los ciudadanos y empecinados en ocupar el centro político sin un relato claro que frene la desmovilización social que anuncian algunas encuestas. Sin olvidar los serios problemas que genera, en la actual situación de emergencia social, la falta de cauces suficientes de diálogo con las fuerzas progresistas y, sobre todo, con los partidos de la oposición, a la espera de una actitud más favorable del PP para llegar a acuerdos, en base a la voluntad manifestada por Alberto Núñez Feijóo en su encuentro celebrado con Pedro Sánchez.
Firman este artículo Antón Saracíbar, Juan Sotres, Antonio Sánchez, Gabriel Moreno, Ramón Utrera, Antonina Ramírez Javier Velasco, Pedro Espino, del colectivo HORMIGAS ROJAS
