El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha presentado el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española”, que el Gobierno enviará a la Comisión Europea este mes y que recoge la estrategia para superar los efectos de la crisis económica y social provocada por la pandemia del coronavirus, junto con las políticas para afrontar los retos de la próxima década y producir una segunda modernización de nuestra economía. El Plan prevé impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico y social mediante el desarrollo de unas nuevas bases productivas más sostenibles y estables.
Las medidas del Plan de recuperación, transformación y resiliencia se enmarcan en el acuerdo que alcanzaron los dirigentes de la UE sobre el marco financiero plurianual 2021- 2027, que suponen más de 1,07 billones de euros y las medidas extraordinarias del fondo de recuperación (Next Generation EU), otros 750.000 millones de euros, y que para nuestro país representan unos 140.000 millones de euros para la reparación de los daños económicos y sociales. Junto a ello está también el nuevo instrumento europeo de apoyo al empleo (SURE), para hacer frente a los costes de las medidas de protección del tejido productivo y del empleo, como los ERTE.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está en línea con las siete iniciativas bandera europeas (Flagship Initiatives) presentadas por la Comisión Europea en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Las siete iniciativas son los siguientes: el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables y el hidrógeno renovable; la rehabilitación energética de edificios; el despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos; el aumento de la cobertura 5G por todo el territorio; la modernización y digitalización de las Administraciones Públicas; la mejora de la eficiencia energética de los procesadores y el crecimiento del Big Data y de los servicios avanzados en la nube; y la mejora de las cualificaciones profesionales, en particular de las competencias digitales y de la formación profesional.
Desde el Gobierno se espera poder ejecutar, entre 2021 y 2023, 72.000 millones de transferencias de la cifra total de los fondos europeos que corresponden a España hasta 2026, e ir analizando las necesidades crediticias para dar paso en la segunda parte (2023-2026) a la solicitud de los créditos restantes. Las previsiones de inversiones y reformas estimadas de esos 72.000 millones entre 2021 y 2023 procederían, unos 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y los otros 12.436 millones del Programa 'REACT-EU’. Se prevé que estas medidas produzcan un aumento del crecimiento potencial de la economía por encima del 2%, y que supongan una aportación de seis puntos al PIB, junto con una creación de empleo cercana a los 880.000 empleos.
Según determinan las prioridades fijadas por la UE, el 37% de las transferencias europeas tendrá por destino proyectos de inversión vinculados a la transición ecológica; el 33% para el desarrollo de la agenda digital, y el 30% restante se destinará a los objetivos de reducción de las desigualdades de género y a lograr una mayor cohesión social y territorial. Estos cuatro ejes se van a implementar a través de diez políticas tractoras en las que deberán quedar incardinados los proyectos concretos de inversión de todos los niveles de las administraciones públicas y de las iniciativas privadas, siendo dichas políticas las siguientes:
- La primera es la agenda urbana y rural, la lucha contra despoblación y el desarrollo de la agricultura. Está previsto que este bloque absorba el 16% de los recursos europeos. Entre sus objetivos figuran la mejora de la habitabilidad de entornos urbanos, así como dar respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la población y fomentando el empleo.
- La segunda, que recibirá el 12,2% de los recursos, se centra en impulsar las infraestructuras y los ecosistemas resilientes, a través de proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte.
- En tercer lugar, las inversiones vinculadas a la Transición energética, a las que se destinarán el 8,9% de los fondos, con el objetivo de aprovechar el potencial de nuestro país para posicionarnos estratégicamente como líderes de la renovación energética.
- La cuarta está dirigida a promover la Administración para el siglo XXI, para que la Administración pública actúe como motor de los cambios tecnológicos. Entre las reformas que incluye esta línea de trabajo figura la de la Modernización del Sistema de Justicia, para lo que se destinarán el 5% de los recursos.
- En quinto lugar, se sitúan las políticas relacionadas con garantizar nuestra competitividad industrial, el turismo, apoyar el tejido empresarial y la digitalización de las empresas, para lo que se prevé el 17,1% de las transferencias europeas.
- La sexta se centra en la ciencia, que ha ocupado un lugar preminente durante la crisis sanitaria, y que constituye una palanca esencial en los planes de reconstrucción. El Pacto por la Ciencia y la Innovación, con especial atención a la I+D+i. y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud acaparará el 16,5% de los fondos.
- La séptima política concentra el 17,6% de los fondos europeos, y va enfocada a políticas relacionadas con la educación, el conocimiento y la formación profesional para jóvenes y trabajadores.
- La octava es la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo. Se prevén planes de choque para la economía de los cuidados a personas mayores y dependientes; y la lucha contra la segmentación laboral y un fondo parala modernización de las políticas activas de empleo. A ello se destinará el 5,7% de los recursos.
- La novena va dirigida al desarrollo de la cultura y el deporte, dos industrias indispensables en una sociedad libre y abierta. A ella se destina el 1,1% de los recursos.
- En la décima se plantea la modernización del sistema fiscal, incrementando la progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.
Para garantizar la correcta ejecución de los fondos europeos se van a desarrollar diversas instancias de seguimiento y coordinación. Así, se constituirá una Comisión Interministerial presidida por el presidente del Gobierno, y se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el gabinete de Presidencia del Gobierno. A su vez, las Comunidades Autónomas tratarán sobre este Fondo en las conferencias de presidentes autonómicos y también se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas de forma periódica ante el Parlamento.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 incorporarán 27.000 millones, de euros del total de 72.000 millones de inversión previsto para los tres próximos ejercicios, que tendrán como objetivos el apoyo al crecimiento y el empleo, el refuerzo de los servicios públicos y la canalización de los fondos europeos para la recuperación de la crisis del coronavirus, con el fin de empezar a ejecutar los proyectos desde primeros de enero. Para ello es necesario que en el Parlamento se supere el bloqueo irresponsable que vienen ejerciendo la derecha y la ultraderecha, dando la espalda a los intereses de la ciudadanía española, y se aprueben los PGE para 2021.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los PGE para 2021 se verán reforzados con la continuidad de la labor reformadora del Gobierno PSOE-UP, junto con el diálogo social, para desmontar las medidas neoliberales impuestas por el Partido Popular: impulsando la lucha contra las desigualdades y la precariedad laboral, reforzando los derechos de las personas trabajadoras y la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones como pilares fundamentales del Estado del bienestar. Las políticas progresistas deben ser las herramientas de transformación del modelo productivo, con el objetivo de avanzar hacia un progreso medioambiental, social y económicamente sostenible.
Las políticas industriales representan el eje central de la transición a la economía digital y baja en carbono, como plantea la UE en el Green New Deal, para la mejora de la sostenibilidad, productividad y la eficiencia de nuestra economía. La estrategia industrial debe desarrollar medidas específicas de apoyo sectorial y empresarial, invertir y financiar los procesos de transición, y proteger el emprendimiento, el trabajo autónomo y a las pymes. El Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) deberían ser las referencias para establecer transiciones socialmente justas, basadas en los principios del Trabajo Decente.