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domingo. 25.09.2022
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Miguel Gorospe | En la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, después del paso por el Senado, se aprobó, en el último minuto y con el voto de la inmensa mayoría de todo el arco parlamentario de la Cámara, la disposición adicional 6ª en la que se dice: “El Gobierno dictará la normativa necesaria, en el plazo de seis meses, para que en un periodo de ocho años la ratio de personal de las administraciones tributarias en relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea”.

Esta normativa debería haberse publicado el 11 de enero pasado, pero no ha sido así.

Como se puede apreciar, en esta disposición de la Ley contra el Fraude Fiscal se fuerza al Ministerio de Hacienda a dictar la normativa para planificar la contratación de personal con la que alcanzar, en 2029, cifras similares a las de la Unión Europea. Es decir, se busca que existan recursos personales suficientes en la lucha contra el fraude.

Actualmente, según la OCDE, España cuenta en la administración tributaria con 53 personas por cada 100.000 habitantes. Es el penúltimo país de la Unión Europea (UE 27) en cuanto a esta ratio. La UE27 tiene una media de 86 personas contratadas por cada 100.000 habitantes y países como Alemania cuentan con 132 personas.

Se considera que la mayor parte del fraude, en torno a un 70% del total, que se estima en unos 80.000 millones de euros, proviene de las grandes fortunas y grandes empresas. Son unos 56.000 millones de euros. Claro está, las grandes fortunas y grandes empresas son quienes tienen más asesoramiento, recursos y planificación fiscal agresiva. Por tanto, para poder combatir dicho problemón, es imprescindible tener los medios suficientes en la administración.

Ahora, después de lo legislado en la nueva Ley contra el Fraude, se podría contar con mucha más gente y se debería llegar a una contratación de personal muy superior a la actual. Para acercarse a las cifras de la Unión Europea, no solo es necesario convocar oposiciones para llegar a alcanzar en 2029 las 40.000 personas contratadas frente a las 25.000 actuales, sino que además hay que cubrir las plazas de los que se jubilan en estos 8 próximos años, que, dada la elevada edad media de la administración tributaria, se estima en unas 11.000 personas. En total, hablamos de 26.000 contrataciones, lo que equivale a 3.250 al año durante 8 años.

Es muy injusto que debido al  fraude fiscal tan elevado no se puedan cubrir las necesidades que tiene esta sociedad en sanidad, educación, dependencia... porque sin todos estos recursos se está impidiendo reducir la desigualdad.

Pero es que, además, no es popular subir impuestos para cubrir esas necesidades cuando hay tanto fraude y menos en la etapa electoral que tenemos por delante. Y con ese dilema solo tenemos un camino, además de mejorar la eficiencia de la AEAT: para reducir el gran fraude fiscal hay que tener más personas en la inspección. 

¿Cuál es la razón por la que el Ministerio de Hacienda, al que le fuerza la ley a tener más personal para reducir el fraude, no cumple esa obligación para atacar rotundamente a los grandes defraudadores? ¿Existen compromisos que impidan esas contrataciones?

La sociedad civil no entiende que no se pongan en marcha todos los mecanismos incluidos en la Ley de lucha contra el fraude fiscal. Las organizaciones y personas que formamos la la Plataforma por la Justicia Fiscal, la mayor alianza de organizaciones de la sociedad civil en temas de fiscalidad, reivindicamos que se cumpla esta disposición porque sabemos que esa imprescindible e ineludible reducción del fraude, además de aumentar la justicia fiscal, permitirá reducir la gravísima cifra de paro que tenemos en España y la enorme desigualdad.

Hacienda no cumple el mandato del Congreso y dificulta la lucha contra el fraude fiscal