Unidas Podemos (UP) en la Asamblea de Madrid propone la creación de una “inmobiliaria pública madrileña” para atajar el “grave problema” del acceso a la vivienda en la región. Su portavoz, Alejandra Jacinto, ha presentado este martes la propuesta que se incluirá en el programa electoral de la formación para las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.
“La política de vivienda de Madrid no puede seguir siendo ‘Idealista’. Tiene que ser realista”, afirma la dirigente de Podemos que denuncia que “los precios de los alquileres no paran de crecer, con subidas de hasta el 13% interanual”, a lo que se une “la proliferación de los pisos turísticos, y las subidas de los tipos de interés en las hipotecas que han provocado un aumento de las ejecuciones hipotecarias”.
En su propuesta UP plantea integrar todo el patrimonio de la actual Agencia de Vivienda Social en la Inmobiliaria Pública Madrileña, que contaría con oficinas en todos los municipios y distritos para competir de forma directa con las empresas privadas, “grandes intermediarios que tienen un poder de mercado semejante a los especuladores y grandes tenedores en la fijación de precios del alquiler”, asegura Jacinto.
La nueva corporación pública gestionaría, además de los inmuebles que cedieran los propietarios, de los propios de la Comunidad, así como los de las corporaciones municipales mediante convenio.
Las viviendas serían de alquiler regulado, con precios fijados en función de la renta media del barrio y en función de las condiciones del inmueble. “En Madrid tenemos el Plan Alquila autonómico y el Revive municipal. Ambos son de intermediación, pero se establecen precios de mercado. En el caso del autonómico se realiza un estudio de solvencia del inquilino y se abona un seguro de impagos. En el caso del municipal hay garantía frente a impagos, pero sólo para unos determinados niveles de renta y sin regulación alguna de precios”, ha explicado la portavoz de Podemos.
La propuesta ofrece ventajas a los propietarios con la exención de impuestos autonómicos y municipales, como el IBI; el abono del seguro de impagos; la garantía de tres meses adicionales a la fianza legal; o el adelanto de los pagos a día 1 de cada mes, independientemente de cuando los abone el inquilino.
La Inmobiliaria Pública Madrileña también aportaría ayudas para la rehabilitación de la vivienda a fondo perdido, hasta un máximo de 5.000 euros por inmueble. El importe que sobrepase esa cuantía será adelantado por la agencia pública a interés 0 y descontado de un porcentaje mensual de los alquileres.
Asimismo, ofrece el sistema de subarriendo tal y como ya está implantado en otros ayuntamientos como el de Barcelona, o el programa REVIURE de Valencia, por el que el organismo público alquila directamente a precio tasado viviendas (disfrutando los propietarios de las mismas ventajas que los demás del sistema, pero a precio inferior) con garantía plena de pago durante cinco años, viviendas de las que dispondría la Inmobiliaria Pública Madrileña para alquiler social a familias en riesgo de exclusión o alternativa habitacional en caso de desahucios, mujeres víctimas de violencia machista u otras necesidades públicas.
Todos estos servicios serían gratuitos para los propietarios que además contarían con un servicio de mediación y reclamación.
Respeto a los inquilinos, la agencia garantiza el precio regulado, el abono del alquiler cuando se incurra temporalmente en situaciones de riesgo de exclusión, y la reubicación en otra vivienda cuando cambien la situación económica o personal del inquilino.
