Las comunidades autónomas gestionan el 92,25% (2020) del gasto sanitario público por lo que sus decisiones “son fundamentales” en el funcionamiento del sistema, asegura la FADSP cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública denuncia que el reparto de fondos europeos tras la pandemia se ha destinado esencialmente a adquirir recursos tecnológicos “abandonando” la atención primaria que “ha sido la mayor perdedora”. Tampoco se han recuperado al cien por cien los servicios hospitalarios y las listas de espera han ido acumulando retrasos “exagerados”.
La FADSP pone el foco en los servicios autonómicos de salud que “potencian la concertación y la externalización”, al tiempo que aumenta la presión sobre los trabajadores sanitarios abocados a la huelga y a manifestaciones de protesta por todo el país.
En paralelo al desmantelamiento de la sanidad pública, sigue creciendo el aseguramiento privado en un 8% anual lo que supone más del 20% de la actividad sanitaria y que “en muchos casos se puede considerar basura por sus bajas primas y la consiguiente falta de prestaciones y de coberturas”, denuncia el colectivo.
Grandes bolsas de población desatendida, desigualdades territoriales, deterioro de la calidad y eficiencia asistencial y aumento de la mortalidad han sido las terribles consecuencias del abandono del sistema por parte de los gestores públicos.
Ante esta situación, la FADSP propone un plan de rescate a nivel estatal que pasa en primer lugar por un aumento del gasto sanitario y un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la financiación finalista “basada en las necesidades de salud, las condiciones socioeconómicas de cada CCAA y la corrección de desigualdades con fondos de compensación”.
Para que España se iguale al resto de países de la Unión Europea, el gasto debería aumentarse en 1.000 euros por habitante y año y priorizar los presupuestos de atención primaria hasta alcanzar el 25% del total excluyendo el gasto farmacéutico, además de destinar ocho mil millones de euros adicionales a este nivel asistencial para su recuperación plena tras la pandemia.
En el marco de las privatizaciones, la FADSP plantea disminuir los conciertos con entidades privadas hasta que se sitúen por debajo del 5% de los presupuestos sanitarios e integrar los recursos de MUFACE en la red pública.
