El pasado día 30 de enero se presentó en la sede del Instituto de España, el libro "Las Reales Academias Nacionales en Madrid", fruto de un ciclo de conferencias que tuvo lugar en el año 2021 y que ya fue objeto de mi crítica y publicación en forma de artículo.
No he podido leer todavía el libro, que está editado por el Instituto de Estudios Madrileños, la misma institución que organizó las conferencias, y que, según su web, tiene alguna relación con el CSIC. Viendo el vídeo que ha colgado en Instituto de España, solo aparece el final de las presentaciones, pero comentaré la que aparece a partir del minuto 5, del académico Antonio González Bueno, de la Real Academia de Farmacia: Comienza confundiéndonos, pues dice que una orden del día de reyes del año 1932, firmada por el Ministro de Instrucción Pública, Barnes..., Fernando de los Ríos…" hizo solicitar un cambio de nombre por ”deseo” de la Real Academia de Farmacia, para cambiar la Academia española de farmacia... que tenía en 1931 el nombre de Academia Nacional de Farmacia..." luego nos habla del decreto de disolución de las academias, de septiembre de 1936, firmado por Azaña, pero diciendo que la de Farmacia no estaba en ese decreto ... así que se quedó fuera de la creación del nuevo Instituto de Cultura...".
Voy a explicar lo que en realidad pasó. Tras el triunfo de la II República, el 14 de abril de 1931, el gobierno provisional, se puso rápidamente a trabajar y legislar para el pueblo.
Muchos maestros pagarían muy caro su republicanismo, siendo uno de los colectivos más duramente represaliados por los franquistas
La Gaceta de Madrid, de 21 de abril de 1931, publicó un decreto del presidente del Gobierno provisional de la República, en donde su artículo, nos dice "quedan suprimidas para todas las academias... Las denominaciones que expresan o reflejan la dependencia o subordinación respecto al régimen monárquico suprimido...", firmado por Niceto Alcalá-Zamora, presidente del gobierno provisional de la República…". Las “Reales” academias, que tenían esto de reales desde su fundación en la época de la Ilustración y posterior, fueron poniendo en práctica este mandato, no por “deseo” sino por cumplir con la legalidad republicana.
Como ya dije, no he leído todavía el libro, pero me temo lo peor, y es un ninguneo a la legalidad republicana, a través de unas conferencias, que intentan confundirnos, y al final todo, para no reconocer que en el artículo 62J de la Constitución de 1978, donde se pone a las Reales academias, están bajo el alto patronazgo de la Monarquía, está mal puesta la historia de estas instituciones, y van contra la legalidad republicana, no teniendo en cuenta que un decreto firmado por el Presidente de la II República, publicado en la Gaceta de Madrid el 21 de Abril de 1931 y otro firmado por también Presidente de la II República, Manuel Azaña y publicado en la Gaceta de Madrid, el 16-17 de septiembre de 1936, las disolvió.
Volviendo a la historia, la misma línea de aplicación de la legalidad republicana, emanada del decreto del Presidente Niceto Alcala Zamora, fue por ejemplo, la Orden ministerial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, publicado en la Gaceta de Madrid de 25 de abril de 1931, firmada por el institucionista, Rodolfo Llopis, Director General, en donde nos dice: "...esta dirección general de primera enseñanza se siente satisfechísima... de la adhesión prestada por maestros, inspectores y profesores a la República… pero algunas Escuelas todavía no han retirado los retratos de D. Alfonso de Borbón y todo cuanto simbolice o aluda a la monarquía y haber procedido a sustituir la bandera bicolor de los días monárquicos por la bandera roja, amarilla y morada de la República española."
Vemos cómo también aquí, se aplica inmediatamente el Decreto de Alcalá Zamora. En este caso, en el magisterio, con gran entusiasmo y alegría.
Luego, muchos maestros pagarían muy caro su republicanismo, siendo uno de los colectivos más duramente represaliados por los franquistas, junto a los médicos, como mi abuelo el eminente cardiólogo, Luis Calandre Ibáñez, subdelegado de la Junta para ampliación de Estudios, (JAE) que sufrió cárcel, multa, y depuración, principalmente por parte del Opus Dei.
