El mes de septiembre ha comenzado con una dura reprimenda de la ministra de trabajo Yolanda Díaz a los empresarios. La ministra acusa a la CEOE-CEPYME de adoptar una actitud beligerante en torno al bloqueo de la negociación colectiva con el fin de que los costos de la crisis recaigan nuevamente en los trabajadores, a través de la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios como hizo en su momento el gobierno de Mariano Rajoy con su deplorable reforma laboral encaminada a devaluar los salarios. Algo va mal para que una ministra amoneste a los empresarios cuando lo que todo el mundo espera es que medie entre el capital y el trabajo.
Esta reprimenda tiene una relación directa con los fallidos intentos de llevar a cabo un pacto de rentas, lo que en la práctica refuerza, todavía más, la conveniencia de alcanzar un acuerdo plurianual de salarios entre los interlocutores sociales (un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva con una vigencia de tres años). Este acuerdo facilitaría la negociación de miles de convenios colectivos encaminados a regular los salarios y las condiciones de trabajo en los sectores y empresas de nuestro país.
El principal escollo para conseguir un gran acuerdo interconfederal de salarios se establece en torno a que los convenios contemplen cláusulas de revisión salarial. En estos momentos, el mantener este principio es imprescindible para que los sindicatos acepten moderar los salarios ante el alza considerable de la inflación (10,5% en el mes de agosto en cómputo anual, media en el 9,0% y subyacente en el 6.4%: este último porcentaje excluye el precio de los alimentos no elaborados y los productos energéticos), sobre todo cuando los salarios crecen actualmente al 2,56% y, por lo tanto, no son en absoluto los culpables del alza de la inflación (la OCDE estima que los trabajadores españoles perderán este año el 4,5% de su poder adquisitivo). En todo caso, es fundamental que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que el costo de la crisis no recaiga en los más vulnerables y, por lo tanto, que se repartan mucho más equitativamente los elevados costos derivados de la crisis económica y social.
Es fundamental que se repartan mucho más equitativamente los elevados costos derivados de la crisis económica y social
Debemos recordar, en términos históricos, que los sindicatos siempre han negociado los convenios en base a la inflación pasada, lo que hacía innecesarias las cláusulas de revisión. Sin embargo, el carácter inflacionista de esta fórmula justificó que los sindicatos aceptaran negociar en base a la inflación prevista (o futura) en un ejercicio de responsabilidad para frenar el alza desmedida de los precios. Como contrapartida, la aceptación de este principio exigió a los empresarios que aceptaran introducir las cláusulas de revisión salarial en los convenios. De no hacerlo, como pretenden actualmente los empresarios, las consecuencias de esta política miope y cortoplacista serán muy negativas para los trabajadores e, incluso, contraproducentes para el conjunto de las empresas y la economía en general. En este sentido, no debemos descartar que ello acreciente la incertidumbre en las empresas, la conflictividad social (por la negociación abierta de miles de convenios sin referencia salarial por arriba), la previsible pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la caída del PIB por el desplome del consumo interno y la inversión.
Por eso, no es extraño que los sindicatos anuncien futuras movilizaciones en empresas y sectores (dentro de la campaña de protestas organizada por la Confederación Europea de Sindicatos), a pesar de la desmovilización social y de que los sindicatos hayan sufrido en los últimos años las consecuencias de la brutal reforma laboral de Mariano Rajoy, sobre todo en materia de negociación colectiva (primando el convenio de empresa sobre el sectorial) y a través de la devaluación salarial. No debemos olvidar que los sindicatos en los últimos años han actuado con notable responsabilidad limitándose a frenar los daños y los perniciosos efectos de la crisis.
No es extraño que los sindicatos anuncien futuras movilizaciones en empresas y sectores, dentro de la campaña de protestas organizada por la Confederación Europea de Sindicatos
Precisamente por ello, adoptaron una actitud defensiva ante la negativa relación de fuerzas en un contexto económico desfavorable esperando que la situación mejorara. Esta actitud ha debilitado el músculo sindical en las empresas, lo que requiere una profunda reflexión sobre el trabajo sindical relativo a los convenios de sector y de empresa e, inclusive, sobre la influencia que tienen los grandes acuerdos confederales en la negociación colectiva de ámbito inferior. Los trabajadores no entienden ni aceptan que la actitud radical de los empresarios no se corresponda en absoluto con la responsabilidad demostrada por los sindicatos en la defensa de sus intereses.
Desde luego, nada será posible si los sindicatos no inspiran respeto y mejoran sustancialmente su relación de fuerzas, única manera de acrecentar su capacidad de negociación y de movilización social. Todo ello requiere actuar sobre cinco grandes capítulos: aumentar la presencia y afiliación en colectivos específicos, que en estos momentos están al margen del movimiento sindical; incrementar la representatividad sindical; avanzar en la formación de cuadros, delegados y militantes; fortalecer la autonomía del sindicato; y, sobre todo, fomentar la unidad de acción sindical y potenciar el desarrollo de la actividad sindical a todos los niveles.
No debemos olvidar que los gobiernos y los empresarios nunca regalan nada. Por eso, una sobre actuación sindical de carácter burocrático, institucional y administrativo; o, si se quiere, una acción sindical acomodaticia, encaminada simplemente a limitar daños y a conseguir logros a corto plazo, está condenada al fracaso.
Por otra parte, debemos recordar que, en estos momentos, el Gobierno tiene competencias para incrementar el SMI y también capacidad para fijar las retribuciones de los empleados públicos, lo que pondrá a prueba la coherencia de la ministra de Trabajo y el cumplimiento de los compromisos contemplados en el Acuerdo de gobierno entre el PSOE y UP.
En relación con estos asuntos, no debemos olvidar que los sindicatos exigen al Gobierno un incremento del SMI hasta alcanzar 1.100 euros, en base a lo que establece la Carta Social Europea: alcanzar el 60% del salario medio de convenio. En cuanto a las retribuciones de los empleados públicos, los sindicatos presentes en la función pública exigen que se negocien las partidas presupuestarias relacionadas con el capítulo uno de los PGE-2023 y, desde luego, que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo.
En todo caso, y a pesar de los reiterados llamamientos a la responsabilidad y a la defensa de la autonomía de las partes, la CEOE- CEPYME sigue manteniendo de manera radical e intransigente sus posiciones en la actual coyuntura política, económica y social. Debemos recordar que los empresarios están participando activamente en el periodo previo a la celebración de su congreso, donde Antonio Garamendi aspira a ser reelegido como presidente de la gran patronal española. También que estamos inmersos en plena precampaña electoral, relacionada con las elecciones en ayuntamientos y CCAA. En este contexto político, no se espera que los empresarios apoyen la política de un gobierno de izquierdas (PSOE-UP), sobre todo cuando están sufriendo una fuerte presión de los poderes fácticos: mediáticos, económicos y financieros.
No es previsible que los empresarios cambien de parecer y se sienten a negociar el reparto de los costos de la crisis actual con el Gobierno y los sindicatos
Efectivamente, en este supuesto, no es previsible que los empresarios cambien de parecer y se sienten a negociar el reparto de los costos de la crisis actual con el Gobierno y los sindicatos. No es extraño este comportamiento: la CEOE-CEPYME ha llegado a la conclusión de que sus intereses están más a salvo sin acuerdo que con acuerdo, sobre todo cuando los empresarios se encuentren muy cómodos con la actual legislación, con las subvenciones y apoyos que reciben en relación con el empleo, la fiscalidad y las cotizaciones a la seguridad social y, más en concreto, con la favorable relación de fuerzas que tienen en los centros de trabajo. Todo ello, incluso, les permite incrementar unilateralmente losbeneficios que se generan en las empresas por el aumento de la productividad, lo que seguirá facilitando la acumulación de excedentes y la transferencia de rentas del trabajo al capital como viene ocurriendo desde hace años.
Por eso, en la actualidad, muchos esperan que se acreciente considerablemente la capacidad de presión del Gobierno y, sobre todo, de los sindicatos hacia los empresarios para corregir la actual situación. Mientras tanto, seguirá vigente el gran desafío que representa para la izquierda el mantener un compromiso decidido por el empleo, la mejora de la protección social, el fortalecimiento de los servicios públicos y el acometer una reforma fiscal en profundidad: redistribución de la riqueza, superación de las desigualdades y, como consecuencia, la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Al margen de que los sindicatos insistan en la conquista de la “democracia económica”, con el propósito de garantizar la participación plena de los trabajadores, la transparencia obligada de las empresas y el ejercicio práctico de la responsabilidad social corporativa, sobre todo en las grandes compañías multinacionales. A todo ello también debe contribuir, en buena medida, la Inspección de Trabajo en su labor inspectora encaminada a que se cumpla la legislación laboral y social en los centros de trabajo.
Nada será fácil, la continuidad de la guerra de Ucrania, el incremento de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y sus repercusiones negativas, son obstáculos muy relevantes: aumento del costo de los intereses de la deuda pública, reducción del PIB (consumo e inversión), aumento del desempleo y el encarecimiento de las hipotecas. Al margen del descontrol de los productos energéticos, del encarecimiento de los productos básicos de la cesta de la compra y de la buena voluntad (esperemos que con acierto) de Yolanda Díaz en su intento de reducir los mismos a través de un acuerdo con las grandes superficies.
Mientras tanto, sobre todo después del último debate en el Senado entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, se constata en el escenario político que el PP sigue sin visión de Estado y sin ejercer su imprescindible labor de oposición responsable. En coherencia con ello, tampoco se espera que participe en las tareas mayúsculas que tiene que abordar España en los próximos meses en el complejo mundo de la Unión Europea.
Hormigas Rojas: Antonio Sánchez, Ramón Utrera, Juan Sotres, Nina Ramírez, Gabriel Moreno, Pedro Espino, Gregorio Benito, Antón Saracíbar, Javier Velasco
