martes. 28.05.2024

El traslado de la sede de Ferrovial de España a Países Bajos pone de manifiesto tres miserias del capitalismo español y europeo. La primera que el dinero no tiene patria y por tanto los dueños del mismo tampoco. Todos sabemos que la familia Del Pino es una de las más ricas del país, si no me equivoco la tercera fortuna, también que son muy patriotas de toda la vida, sin mácula, pero claro no es un patriotismo que esté relacionado con el engrandecimiento de la patria, ni con la elevación del nivel de vida de los ciudadanos, ni siquiera con pagar los impuestos aquí para que contribuyan al sostenimiento de los servicios esenciales. No, es un patriotismo de bandera, banda y cura, de orden establecido, de tomar y no dar, de zambomba y pandereta, un patriotismo de toda la vida, del que gasta la buena gente a la que con tanto amor se refiere el señor Feijóo. La segunda, demuestra que muchas veces el Estado ayuda con el dinero de todos a quienes no lo merecen, a quienes se han aprovechado de subvenciones y contratos exclusivos de muchísima cuantía para expandirse dentro y fuera sin ninguna contrapartida y que aprovechan la coyuntura apropiada para deslocalizar sus empresas y si te he visto no me acuerdo. La tercera, pone en evidencia que en la Unión Europea hay paraísos fiscales incompatibles no sólo con las reglas mínimas de la competencia, sino con la justicia. Holanda es uno de ellos, no porque tenga un impuesto de sociedades muy bajo, es muy parecido al español, sino porque pese a ser del 15% queda en nada cuando se aplican bonificaciones y deducciones, lo que la convierte en un Estado desleal con el resto de los miembros de la Unión al utilizar el dumping fiscal para atraer a empresas de otros países, algo muy parecido a lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Es un patriotismo de bandera, banda y cura, de orden establecido, de tomar y no dar, de zambomba y pandereta, un patriotismo de toda la vida, del que gasta la buena gente a la que se refiere Feijóo

Ferrovial nació en los años cincuenta al calor de la dictadura, centrando su actividad en el montaje y renovación de las vías ferroviarias en un tiempo en el que en España la mayoría de la gente comía poco. Es obvio que para montar una empresa durante la tiranía del general Franco dedicada al mundo del ferrocarril, era preciso tener muy buenos contactos con los altos mandatarios del régimen, puesto que todo lo relacionado con ese segmento de la actividad económica pasaba por contratar con RENFE, empresa estatal al frente de la cual siempre figuraba un reconocido golpista, durante esos años nada más y nada menos que el conspirador Rafael Benjumea Burín, conde de Guadalhorce, y Alfonso Peña Boeuf, destacado dirigente de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Si a eso añadimos que el fundador de la empresa,Rafael del Pino Moreno, era primo segundo de Milans del Bosch y que estaba casado con Ana María Calvo Sotelo, la ecuación es muy fácil de despejar.

Durante los años sesenta y setenta, la empresa de la familia Del Pino se abrió al mundo del asfalto, obteniendo contratos para reparar carreteras y la concesión de la explotación de las autopistas Bilbao-Behovia y Burgos-Armiñón, siendo la primera empresa de España en obtener un privilegio de esa envergadura. Llegó la democracia y como se hizo tabla rasa de todo, Ferrovial continuó su magnífica relación con el Estado, siendo la adjudicataria de la construcción del AVE Madrid-Sevilla y de una gran cantidad de obras de envergadura tanto en la Exposición Universal de Sevilla como en la Barcelona olímpica. En 1992, Ferrovial había llegado al clímax en la “colaboración público-privada” que tanto gusta a Ayuso y compinches, siendo una de las empresas que más dinero obtuvo de los presupuestos estatales, lo que le permitió una acumulación de capitales de tal calibre que sirvió para ampliar su presencia en el exterior.

Ferrovial fue sancionada en 2022 por haber alterado junto a otras empresas durante veinticinco años el precio para concurrir a las licitaciones de obra pública e infraestructuras

Acusada durante años de estar implicada en lo sobornos a Convergencia Democrática de Cataluña a través del “Caso Palau”, Ferrovial fue sancionada en 2022 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con una multa de 38,5 millones, al haber alterado junto a otras empresas durante veinticinco años el precio para concurrir a las licitaciones de obra pública e infraestructuras. Tanto Ferrovial como ACS, Acciona, Sacyr, OHLA y FCC recurrieron la sanción, procediendo la Audiencia Nacional, siempre tan atenta, a dejarla en suspenso hasta que se resuelvan las demandas planteadas.

Dueños de varias Sicav multimillonarias gestionadas por la empresa del grupo Pactio Gestión para pagar lo mínimo posible al Erario, los dueños de Ferrovial siempre tuvieron claro que España es una cosa y ellos son otra, que el único progreso que les interesa es el de su cuenta de resultados. Ahora se han hecho holandeses con el proyecto de cotizar en la Bolsa de Nueva York, todo perfectamente legal, pero en absoluto patriótico porque a la patria la han mandado al lugar al que siempre estuvo en su pensamiento, porque la patria no es nada si te exige que contribuyas de acuerdo con tus ingresos al sostenimiento de sus gastos, porque la patria sólo es considerada como tal cuando da suculentos beneficios y no te exige nada a cambio, porque no hay nadie que sepa más de patriotismo que el economista Daniel Lacalle, autor de una polémica Tesis Doctoral, candidato a la Alcaldía de Madrid por el Partido Popular y neoliberal a ultranza, el ejecutivo Carlos Espinosa de los Monteros o el Sr. Feijóo, con quien tanto gusta aparecer en público al principal accionista de la empresa.

Un acto antiespañol que pretende causar daño a la economía nacional, a su prestigio, a su credibilidad; lo mismo que el PP que exige a Bruselas que revise los fondos aprobados para España

La decisión de los dueños de Ferrovial de trasladar la sede de la empresa a Países Bajos tiene una carga política indiscutible, al intentar comunicar al mundo de las finanzas la idea de que España es un país tan inseguro jurídica y económicamente para las empresas que hasta ellos, que son españoles antes que cualquier otra cosa, se han visto obligados a abandonar la patria de Rodrigo Díaz de Vivar y Onésimo Redondo para refugiarse en un país tan impío como Holanda. No se puede hablar de una decisión estrictamente empresarial cuando durante el primer semestre de 2022 la inversión extranjera en nuestro país se incrementó un 87,7%, sino de una estrategia urdida en los últimos años con una clara intencionalidad antipatriótica. Anunciar a los cuatro vientos la deslocalización de una empresa de la envergadura de Ferrovial, empresa que se formó y desarrolló con cargo a los presupuestos públicos esencialmente, es, por lo menos, un acto antiespañol que pretende causar daño a la economía nacional, a su prestigio, a su credibilidad, un acto de la misma catadura que los que protagonizan dirigentes del Partido Popular que exigen a Bruselas que revise los fondos aprobados para España.

El golpe de Ferrovial