viernes. 19.04.2024
democracia

Avanzamos, sin pausa, unas veces acelerados, otras más ralentizados, hacia una sociedad de mercado, tal como ha sido definida por el neoliberalismo, donde todas las relaciones humanas, la sensibilidad y los valores que las soportan tienden a ser apreciadas monetariamente. La cual se traduce en acontecimientos como la impotencia del juez Pedraz para que una multinacional tecnológica responda a sus requerimientos fiscales. Incapaces de cobrar impuestos a las empresas que, de verdad, ganan dinero, los Estados del bienestar adelgazan, y lo llaman flexibilidad. El neoliberalismo que colonizó la socialdemocracia ha penetrado también el resto de la izquierda, al contaminar los conceptos con los que la inteligencia, en ese espacio político, intentaba superar el mecanicismo del marxismo tardío, y del leninismo soviético. Los items correctores fueron proporcionados por la filosofía posmoderna y, especialmente, por la historiografía, con el giro lingüístico y los estudios culturales, impartidos, ambos, por las cátedras en oposición a la lucha de clases, y no cómo enriquecimiento de ella. La desorganización de las fuerzas populares, que implicó la desaparición de los partidos de masas activistas, hizo el resto, porque con ellos desaparecía la cultura política de la lucha contra la desigualdad. La ciudadanía solidaria se refugió en las nuevas organizaciones no gubernamentales, sin ánimo político ni mercantil, que recogen, hoy, el activismo de los insatisfechos por la desigualdad. Estos acontecimientos dificultan enunciar alternativas al capitalismo y, al no cuestionar la oposición idealismo-materialismo, perpetúa la confusión entre liberalismo y democracia. El rechazo acrítico de Marx impide comprender el carácter dinámico de la filosofía de la praxis, nacida de las reflexiones de Rosa Luxemburgo, E. P. Thompson o Antonio Gramsci, la cual sintetiza las experiencias del conflicto social y la evolución de las doctrinas. A la manera de la física cuántica, asume que “todos los posibles imaginables cumplen un papel en la constitución de la realidad y esta última debe ser entendida cómo la suma de los movimientos posibles”(i), lo cual significa en política que las ideas evolucionan sin disiparse, y se transmiten como enseñanzas prácticas.

Todas las experiencias de las luchas democráticas, las que buscaban hacer realidad los valores que seguimos persiguiendo, constituyen el material para la acción política de hoy

Todas las experiencias de las luchas democráticas, las que buscaban hacer realidad los valores que seguimos persiguiendo, constituyen el material para la acción política de hoy. Cribadas por la crítica, las derrotas y avances del trabajo son experiencias, que nos permiten imaginar cómo debe ser el Estatuto del trabajo de hoy en día. Primero, entendemos la legislación laboral como la regulación de las relaciones sociales dentro de las empresas, que son la principal institución económica de las sociedades capitalistas. Por lo tanto, el Estatuto es una herramienta para ordenar civilizadamente la lucha de clases, en la sociedad democrática, un sistema flexible que se adapta a la complejidad creciente del capitalismo desarrollado, donde los actores aprenden de su praxis, como en todos los sistemas sociales abiertos y complejos, y que no tiene un modelo ideal. Los sucesivos Estatutos del trabajo responden así a la correlación de las fuerzas en conflicto, que no son solo el capital y el trabajo, cómo reflejan las excepciones que la legislación laboral contempla. Por ejemplo, la lucha liberal contra las desigualdades y techos de cristal determinados por el género, o la lucha de clases, muchas veces olvidada, que impregna el feminismo, especialmente para las familias monoparentales, la mayoría de ellas bajo una cabeza femenina. Un feminismo que tiene en cuenta el contexto social hace que la educación, para el segmento infantil de los primeros años, contemple la condición laboral de las madres cuidadoras, combinando educación y guardería, y, así, un largo etcétera (ii). La incomprensión de la complejidad social provoca la fragmentación del bloque trasformador, el cual no alcanza a imaginar la unidad de su lucha.

Para agrupar los conflictos sociales, en un frente único por ampliar la democracia, es necesario reconstruir la perspectiva de lucha de clases, no de clase contra clase, sino del conflicto entre el capital y el trabajo, que engloba también la desigualdad inducida por la educación, la pertenencia de clase o la procedencia de origen. Un planteamiento que genera una serie de contradicciones, sin las cuales la democracia moderna resulta incomprensible. Por lo tanto, un nuevo Estatuto del trabajo del siglo XXI no puede ignorar que es un gobierno, para un ámbito organizacional donde se desarrollan las relaciones de producción, y que la empresa es una esfera distributiva de primer orden, en la cual interactúan los actores sociales de la producción. Estos comparecen, representados a través de sus propias organizaciones: de un lado, los capitalistas, agrupados en las asambleas de accionistas, con sus propias reglas mercantiles, de un euro, un voto, minorías con poder de veto, y minorías dominantes. De otro lado, los trabajadores, que se asocian según diferentes ideas sobre las relaciones laborales, en sus sindicatos, y por afinidades de intereses específicos, en organizaciones seudo gremiales o de profesión, todas las cuales funcionan con el principio de una persona, un voto. Pero la norma actual que regula las empresas es mercantil y no democrática, porque dicta que son los capitalistas quienes eligen la dirección y marcan la senda estratégica del negocio. En los albores del cambio de la civilización industrial a la civilización informática, la unidad productiva básica de la sociedad, la empresa, reproduce la estructura de la sociedad urbana precapitalista, estamental y burguesas, que la vio nacer.

El Estatuto del trabajo del siglo XXI debe ampliar la democracia

El siglo XXI se inicia con las propuestas ideológicas neoliberales, que son la culminación del paradigma burgués. Pocos años antes, se pensó culminaría la alianza de las fuerzas de la ciencia y el trabajo, que inspiró la revolución Checoeslovaca de 1968 (iii). Cuando el Congreso sindical de los consejos obreros de fábrica presentó al Partido comunista su propuesta para la organización social de la producción, ésta se basaba en la autogestión empresarial. Los trabajadores checos buscaban la trasformación de las instituciones económicas en entes de cooperación, y abiertos a la cibernética. Pero, la propuesta de los consejos no solo era una propuesta socialista. Expresaba, sobre todo, la visión más avanzada sobre la organización social de la producción, eficaz, incluso, al nivel de la tecnología actual. En agosto, la invasión soviética acabó con el ensayo de socialismo democrático. El cual merece ser rescatado. La autogestión intentaba superar el burocratismo estatista, que también congeló la creatividad social del estado del bienestar europeo en los años sesenta. Pero, además, ataca el mantra neoliberal de la supuesta superioridad de lo privado sobre lo público, y de la gestión guiada por la ganancia financiero. Los golpes de la reacción fueron varios en las décadas 1960 y 1970: destruyeron las experiencias del socialismo democrático checo y del socialismo chileno, y boicotearon en Europa al eurocomunismo italiano (iv). Precedieron al fracaso de la ineficaz e ineficiente burocracia soviética, abriendo el camino a la sociedad de mercado (v). Naturalmente, la condición humana protesta contra la mercantilización total de sus relaciones, pero, sin estrategia trasformadora, la rebelión crea ira, que se canaliza hacia objetivos no viables, añoranzas melancólicas que alimentan el simplismo populista y la reacción, poniendo en peligro la viabilidad de la civilización. Como dice Rosanvallon, frente a tal estado de cosas no es suficiente la defensa del orden existente, porque su disfuncionalidad es lo que crea los populismos. Hay que ampliar los límites de la actual democracia, que no cumple sus promesas, y nos coloca al borde del desastre. La izquierda tiene que rescatar el gradualismo trasformador, dignificando la democracia cómo campo civilizado de la lucha civil; porque las revoluciones nacionales se ahogan en el mundo global y, en la era nuclear, la solución insurreccional no existe (vi). En plena alarma climática, de imperios que se debilitan y crean riesgos bélicos, las naciones no funcionan, porque el liberalismo es incapaz de definir y defender un interés general, y se paraliza. La izquierda puede ser la solución, si asume sus experiencias que, como las citadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado, aportan viejas nuevas ideas para organizar lo común: empezando por la acción democrática dentro de las instituciones económicas, de donde pueden salir los recursos materiales para apoyar la acción solidaria.

La autogestión, bajo formas diversas, proporciona conceptos útiles, para la tarea de reducir la sociedad de mercado a las esferas donde lo mercantil esté al servicio de la sociedad: facilita la separación entre lo común y las actividades de mercado; rescata la gestión de los bienes públicos, alejándola de la administración por los beneficios para el accionista, y defiende el patrimonio público contra la ineficacia y rigidez burocrática. La autogestión fue reivindicada en muchos países (vii), no solo en episodios revolucionarios, cómo la mejor forma de administrar los bienes, cuando su distribución debe responder al principio de la necesidad y la solidaridad, cómo hoy en día en Euskadi y Ctaluña, con el auge del tercer sector. Con ella, las cosas ocurren en una esfera, la pública, que administra los bienes, sin considerarlos sometidos a la demanda solvente y, además, protege los bienes comunes, contra la desorganización en las instituciones económicas que provoca la alternancia democrática. Su objetivo principal para los trabajadores empleados es la salvaguarda de las competencias, que se crean en las empresas por la actividad cooperativa de la producción. Intangibles que solo se mantienen vivos con equipos estables, que crean consenso interno. Porque, en las organizaciones empresariales, el saber hacer queda inscrito en las relaciones humanas internas, implícitas y explícitas, que constituyen la base de la calidad y la mejora continua de los servicios. Por último, una empresa cohesionada por la gestión se somete, con más facilidad, al control contable, que la defiende de la corrupción. Concluyendo, la autogestión de los servicios y empresas públicas es una defensa contra la mercantilización de lo público y, por lo tanto, deseable y beneficiosa para los programas de ampliación de la democracia.

Una característica de la democracia es que, si no avanza, retrocede. Debe hacerlo, además, en todas las instituciones, incluidas las empresas privadas, porque la presión mercantil contra el progreso de lo común provoca el boicot de los capitales, contra el cual, la democracia se ha de armar con estructuras defensivas, cómo la cogestión. En la Unión Europea ya existen experiencias de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, incluso de participación paritaria en Alemania, que es su forma más evolucionada. En otros artículos ya hemos razonado la importancia que tiene para la regulación democrática del proceso tecnológico actual y sus riesgos, especialmente contra las amenazas asociadas a la Inteligencia Artificial. Pero es importante recalcar, también, su cometido para proteger las competencias de las empresas, porque el saber hacer supone un valor que, por residir en el cerebro de los que en ella trabajan, crea unos intereses a su favor, que hay que salvaguardar y empoderar. El capital intelectual que los trabajadores aportan con su trabajo individual y sus relaciones cooperativas crea una riqueza que les pertenece a ellos, y forma parte de las empresas sobre los cuales no tienen derechos. La cogestión paritaria sería la forma más equitativa de corresponder a esa aportación.

Por último, la cogestión es, también, una forma de proteger servicios públicos que, en la transición española, se mantuvieron en régimen de gestión mercantil concertada, y que se remuneran con fondos públicos. La izquierda ha manifestado voluntad de reducir la mercantilización de bienes públicos esenciales, cómo la sanidad, la educación, la libertad de prensa, los transportes colectivos y la creación de dinero, los cuales ganarían mucha eficacia social, si las empresas que aún los gestionan, según el complicado sistema de conciertos que se creó en los años 1980, avanzan gradualmente hacia formas de gestión sin ánimo de lucro, y que cuenten con la participación de los usuarios. La cogestión de esos servicios concertados sería una forma de organizar la transición, incluso para las instituciones financieras, cómo las cajas de ahorro, primero espoliadas y luego privatizadas, para financiar la burbuja inmobiliaria de inicios del siglo XXI. En los años de la democracia, hemos asistido a rescates bancarios que, en lugar de dar nacimiento a una banca pública, han sido cedidos a bajo coste a los grandes grupos financieros del país, con importantes pérdidas para el tesoro. El último, hace menos de 10 años, con el añadido de la SAREB, un banco inmobiliario que podría haber conformado el origen de otra política de vivienda. Hace ya 70 años, en plena dictadura, los falangistas ya experimentaron que, sin banca pública, no hay vivienda social posible, y los ayuntamientos del Partido Popular vendieron a los fondos financieros, no hace muchos años, el escaso parque de vivienda pública existente. Debemos grabar en la mente lo ocurrido para no repetirlo en un futuro, porque, la vieja reivindicación de educación, sanidad, vivienda social, comunicaciones y banca públicas, en una democracia europea y compleja, tiene un coste de reversión inasumible, en el corto plazo, para las finanzas estatales. Pero, la aprobación de leyes que, cómo en Alemania, obligaran a la cogestión de las grandes empresas, aceleraría los plazos, dado que los empleados tienen valores de servicio, y los usuarios un interés en la calidad, que habitualmente no comparten los accionistas, que son quienes deciden, hoy, el destino de las inversiones.


(i) Alain Connes, físico citado por Pierre Rosanvallon, El siglo del populismo.
(ii) Rodgers, D. T. (2011) AGE OF FRACTURE, Harvard, N. Y.
(iii) Richta, R (1968) La Civilización en la encrucijada.
(iv) Después del asesinato de Aldo Moro, todas las fuerzas políticas, con el apoyo de EE.UU., trazaron un cordón sanitario en Europa para evitar el acceso del PCI al gobierno italiano.
(v) Ese era el destino que anunciaba el título de “La gran trasformación” de Karl Polanyi. FCE
(vi) Ver A. Gramsci, papeles de la cárcel, recopilación en castellano por M. Sacristán.
(vii) Ya en 1865, los agricultores y trabajadores del Oeste de EE.UU., la reclamaban para el ferrocarril.

Estatuto del Trabajo siglo XXI y lucha de clases