La derecha política sigue apegada y sin complejos a una situación territorial asimétrica, fruto del Pacto de la Transición plasmada en el (quizá anacrónico, a estas alturas) Título VIII y transitoria cuarta de la Constitución de 1978.
En esta misma línea se ha venido situando durante estos 45 años el centro izquierda político de diferente ideología. Sin embargo, los partidos y grupos políticos denominados nacionalistas (ya sean de izquierdas, centro o derecha) vienen reclamando ciertas prebendas coyunturales, mayor nivel de competencias para sus respectivas CCAA, legislatura tras legislatura. Nivel de concesiones, mayores competencias y dinero que consiguen (con la izquierda y la derecha, en según qué momentos) a cambio de votos en el Parlamento, generalmente en detrimento del resto de las CCAA y, en ocasiones, podría ser hasta del Estado de Derecho.
Todo es reformable y adaptable a cada circunstancia, incluso la Constitución
Incluso importantes sectores de esos territorios reclaman la independencia del Estado español de forma unilateral o exigiendo referéndums propios, que la Constitución no contempla (salvo que fueren consultas sin valor jurídico, en ningún caso, avaladas por las instituciones del Estado).
Todo es reformable y adaptable a cada circunstancia, incluso la Constitución. Pero los tres quintos o dos tercios (según para qué cuestiones) del Congreso y Senado que prevén los art. 167 y 168 para cualquier reforma, lo hace, con la actual circunstancia de altísima crispación y polarización política, totalmente insalvable.
Sólo en dos ocasiones se ha reformado la Constitución muy levemente, en ambos casos por imperativo de la Unión Europea y de autoridades monetarias. Pero la realidad es que -según mi opinión- tras 45 años el texto constitucional -en algunas cuestiones- está algo obsoleto, por el paso del tiempo y el cambio de todo tipo de circunstancias globales y particulares.
Sin embargo el muy importante título I (sobre los derechos y deberes fundamentales) que en mi opinión está y es muy vigente, en algunos de sus más importantes mandatos se viene incumpliendo por parte del poder político, de forma sistemática y bochornosa, gobierne quien gobierne, a cualquier nivel.
En el conjunto de España, el actual espectro de centro izquierda político formado por ámbitos de muy disperso color, donde es mayoritario el PSOE y le acompañan (ahora) el novísimo proyecto SUMAR, formado por diversidad de grupos y partidos, parece, como más arriba indicaba, que se sienten cómodos con la plurinacionalidad del Estado, es decir con las CCAA de forma asimétrica.
En ningún caso, al menos el PSOE, está dando muestras de tratar de caminar hacia la posibilidad de construir un verdadero Estado federal, para lo cual habría que hacer una profunda reforma de la Constitución. Por un lado porque no hay voluntad política y por otro, porque las cuentas no le darían. La sociedad está enormemente dividida y en ese escenario de confrontación, el actual PSOE se siente muy cómodo. Porque cuando pudieron, no dieron ningún paso, a lo largo de estos 45 años.
Mucho menos de caminar hacia la posibilidad de una república federal y laica, apegados como están al paso que marcó la Transición de una restauración borbónica y católica.
Es decir, en lo tocante a la laicidad de las instituciones del Estado y a pesar de la enorme secularización actual de la ciudadanía española, el centro izquierda mantiene el Concordato de 1979, con todos los privilegios fiscales, económicos, educativos y simbólicos que ello conlleva para la Iglesia católica y cede algunos de esos privilegios a otras religiones, mediante los Acuerdos de 1992, en una especie de multi-confesionalidad o de “laicidad positiva”, como les gusta denominar a la dirección del PSOE y de otros partidos del centro izquierda.
A lo largo de estos 45 años en cuanto a la cuestión territorial, también el centro izquierda y más concretamente el PSOE que ha gobernado 2/3 del tiempo entre 1982 y 2023, además de innumerables ayuntamientos, diputaciones, cabildos y CCAA, se han dado muy pocos pasos en cuanto obligados avances en municipalismo, como los hay en muchos países de nuestro entorno, dotándolos de mayores responsabilidades y poder. Se mantienen las Diputaciones, como órganos políticos y administrativos con multiplicidad de funciones con las CCAA. Hecho que realmente se tendría que haber modificado, haciéndolas desaparecer. Pero a ningún partido les interesa, por motivos que son fáciles de adivinar: Poder y reparto de prebendas.
Los artículos 138 y 139 de solidaridad y verdadera compensación interterritorial ha sido, hasta ahora y generalizadamente “papel mojado”. Y en cuanto al modelo de fiscalidad asimétrica que se viene imponiendo, castiga a los territorios de menor nivel de renta.
Y, por fin. ¿Qué posición política tiene el centro izquierda sobre lo que pretenden los grupos secesionistas en la cuestión territorial? La verdad no se sabe muy bien. Sólo -hasta ahora- se percibe “dar algunos palos de ciego” con diversas concesiones de mayor o menor calado (como ha hecho la derecha política en otras ocasiones), legislatura tras legislatura, para obtener mayorías que les permitan gobernar un tiempo, a cambio de paralizar Pactos trascendentes y necesarios para el conjunto del Estado y gran parte de la maquinaria legislativa, al no contar con mayorías sólidas. Pero avances en una nueva estructura federal del Estado, nada de nada. Y mucho menos hacia una república federal y laica.
Y quizá tampoco les convenga a los sectores nacionalistas de los territorios respectivos, por motivos varios y obvios.
Desde algunos minoritarios sectores se reclama un verdadero proceso constituyente, que muy posiblemente y a estas alturas del siglo XXI, sería una excelente solución. Pero las circunstancias antes señaladas de una interesada alta crispación y polarización social y política, no lo van a permitir, por ahora.
