martes 18/1/22
centro salud

Desde hace 35 años, trabajo como médica en Atención Primaria en Madrid.

El PP lleva 25 años gobernando en esta Comunidad y es muy doloroso ser testigo del desmantelamiento progresivo del sistema sanitario público en todos sus niveles: servicio de Urgencias y Emergencias, Hospitalario y Atención Primaria.

Si analizamos la estrategia utilizada para hundir el sistema, podemos observar que van debilitando en diferentes puntos, sin dejar indemne ninguno de los niveles.

Pondré el foco, en primer lugar, en características comunes, para luego hacerlo en cada nivel asistencial:

  • Lo fundamental es la inversión insuficiente (para el próximo año presupuestan un 6% menos del gasto real en 2019) y la desviación a la sanidad privada (de cada 2 euros presupuestados, uno es derivado a sanidad privada).
  • En todos los niveles hay un importante déficit de plantilla y un especial empeño en no restituir esa carencia.
  • Hablan de falta de profesionales, en realidad son las condiciones laborales ofrecidas las que producen el efecto huida. Los trabajadores optan por desplazarse a otras comunidades e, incluso, a otros países. Pésima la rentabilidad de la inversión en formación en este país.
  • Las escasas contrataciones puntuales imprescindibles (para Ifema o refuerzos Covid19) son despidos precoces, a veces incumpliendo contrato, nunca los hacen contratos estructurales.
  • Se abastecen de los trabajadores de una zona, dejando esas plazas vacías, para cubrir otros lugares (“desvestir un santo para vestir otro”). Un ejemplo es lo que sucedió para el funcionamiento de Ifema, utilizando personal de Atención Primaria y de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria y dejando maltrechos ambos niveles.

Otro importante ejemplo ha sido con la nave Zendal (a la que no podemos llamar hospital): para su dotación hablan de traslado voluntario de trabajadores de hospitales públicos. Necesitan 1.300 personas, sólo 100 se trasladan voluntariamente, el resto es obligado a dejar sus plazas vacías en los hospitales públicos correspondientes, vulnerando sus derechos laborales.

Este vaciamiento hospitalario nos ha costado a todos los madrileños triplicar la lista de espera en hospitales: la de cita con especialista, la de pruebas diagnósticas y la quirúrgica.

Es difícil saber el número de muertes que sucederán y han sucedido en este tiempo de espera y que podrían evitarse. Por el momento, son casi 800.000 los madrileños que conforman esta lista.

Hablan de refuerzo cuando en realidad, lo que hacen es debilitar otra zona. En este momento hablan de refuerzo de la Unidad de atención a la Covid19 y para ellos reforzar es rescindir el contrato que estas personas tenían en Atención Primaria y trasladarlos a la Unidad de Atención al Covid19.

El Consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, el verano pasado explicó que el refuerzo de la atención primaria consistiría en la vuelta de las vacaciones de sus trabajadores, dejando patente lo que ellos entienden por reforzar.

Analizando específicamente por niveles asistenciales:

El SUMMA (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid) decidió, desde el principio de la pandemia, cerrar los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) que se prestaban en 37 centros de salud en el horario en que éstos están cerrados (noche, fines de semana y festivos). El cierre no tiene ninguna justificación y mediante este servicio se atendían 750.000 consultas al año. Este cierre aumenta la sobrecarga de hospitales y de los centros de salud.

A sus trabajadores les mueven como piezas de ajedrez, primero en Ifema y después en vacunódromos, habiendo llegado a decir su director Pablo Busca, que “la reapertura de los SUAPs no le parece interesante”

Otro grave déficit es la falta de médicos en algunas UVIs móviles, por lo que el profesional de enfermería debe asumir una responsabilidad que no le corresponde, llegando a ocasionar en algunos casos, la renuncia a su plaza. 

A nivel HOSPITALARIO, en los últimos 10 años han desaparecido 2.000 camas y 2.000 profesionales en hospitales públicos.

Si no hubieran cerrado esas 2000 camas, no habría sido necesaria la creación del Ifema (1250 camas y coste de 50 millones por 40 días de funcionamiento) y la nave Zendal (680 camas y 170 millones) Todos los contratos sin concurso público y favoreciendo a empresas afines.

Rentabilidad del Zendal: 170 millones invertidos y 8000 pacientes atendidos en el año de funcionamiento (según sus datos): 21.250 euros han costado atender a cada paciente.

Se han privatizado (la palabra externalizar es un eufemismo, lo que es en realidad es privatizar) la mayoría de los servicios en los hospitales públicos (mantenimiento, lavandería, seguridad, cocina, limpieza…) sin poner ninguna atención al nivel de calidad ofrecida, con lo que el deterioro va en aumento. Es un dejar morir lentamente.

La gestión privada de algunos hospitales públicos conduce a la desposesión de sus servicios, sólo así podemos entender que hayamos pagado 1.500.000 euros en un mes por 25 camas UCI en hospitales privados (2000 euros /día), teniendo 25 camas UCI cerradas, dispuestas y sin estrenar en hospitales públicos (16 en Hospital Infanta Sofía y 9 en Hospital Infanta Leonor).

El secuestro de profesionales hospitalarios para dotar de plantilla el Zendal, ha aumentado la lista de espera hospitalaria que, según datos aportados por la propia Consejería de Sanidad, a 30 de noviembre, asciende a: espera quirúrgica: 91.351 personas, espera de pruebas diagnósticas:155.686 personas y espera de consultas externas: 500.350 personas.

Un total de 747.387 madrileños y madrileñas sufren las consecuencias de la nefasta gestión de la Consejería que, en este momento, se permite estar despidiendo a más de 11.000 personas con contrato de refuerzo Covid19 y si no lo hace, debido a la presión del resto de trabajadores, ampliará por 3 míseros meses. 

En Atención Primaria la pandemia ha puesto en evidencia el déficit de personal que veníamos sufriendo anteriormente, en todas las categorías.

Doy ejemplos de cómo nos hunden y nos niegan oxígeno en esta pandemia:  Nos vaciaron para dotar el Ifema (junto con el personal de los SUAP), rechazaron la oferta de 100 rastreadores (a coste 0) ofrecida por los centros municipales de salud, no ofrecieron contratos dignos a los 450 médicos de familia y 160 pediatras al finalizar la especialidad en 2020 y 2021, reduciendo las contrataciones a un número ridículo (20-30 personas). Las plazas que quedan vacías (por jubilación, traslado de comunidad) quedan vacantes, no se cubren y sobrecargan el trabajo de los trabajadores existentes. Los pacientes de esas plazas quedan sin médico o pediatra asignado, sin ser informados de ello. Pueden ser 300.000 los madrileños en esta situación, que desconocen y serán atendidos cada día por un profesional.

La unidad administrativa no tiene capacidad para atender el total de llamadas telefónicas junto con el aumento de sus actividades (citas y gestión de agendas, citas de pruebas diagnósticas, gestión de tarjeta sanitaria, gestión de ambulancia, gestión de reclamaciones, de código QR para tarjeta sanitaria virtual, facturación a terceros, citación de vacunas…) y debe elegir entre atender al teléfono o a las personas que se ven obligadas a  acudir presencialmente, dada la incapacidad de acceso telefónico, formándose unas colas vergonzosas a la intemperie, donde esperan juntas personas con síntomas Covid19, pacientes crónicos, personas pendientes de trámites administrativos…Son también los compañeros administrativos los que deben decidir quién atiende al paciente y cuando (responsabilidad muy por encima de su injusta categoría laboral de no sanitarios)

La enfermería está desbordada con la administración de vacunas y la realización de test de diagnósticos. Es complicado dar atención, por la falta de tiempo material, a los pacientes crónicos, tanto en consulta como en domicilios. 

En medicina las agendas son interminables. Un máximo de 7 minutos por paciente (si no te fuerzan urgencias que no pueden esperar). En este momento, como al principio de esta pesadilla, el mayor volumen de trabajo es para atender patología Covid19, quedando relegada de nuevo la patología crónica y siendo ciencia ficción otros pilares básicos (promoción de salud, prevención de enfermedad, investigación…). La Atención Primaria hace mucho tiempo que dejó de ser lo que era, nos privan de las condiciones necesarias para poder trabajar dignamente.

La Comunidad de Madrid ha publicado el 23 de diciembre un anteproyecto de Ley Ómnibus, incluyendo la creación de una Agencia de privatización sin control parlamentario, con plena capacidad jurídica y de obrar. Ya sin decoro y sin máscara, creo que es la puntilla a nuestro maltrecho sistema sanitario público. Fecha máxima para presentar alegaciones el 3 de enero, con todos los festivos intermedios.

Confieso que, con nuestra sanidad pública dando las últimas bocanadas, tenemos dos opciones: salir toda la ciudadanía a inundar las calles en defensa de nuestro derecho a la salud y a la vida o resignarnos al sistema de beneficencia para todos los que no puedan permitirse el seguro privado.

Trabajadores exhaustos y ciudadanía anestesiada, mal binomio para repetir lo que hicimos con la Marea blanca en 2012 y 2013. Aunque muchas cosas han cambiado, si se pudo… se podrá. En nuestras manos ha estado, está y seguirá estando nuestro futuro en salud.


Ana Encinas | Médica de Atención Primaria, Plataforma de Centros de Salud, Portavoz Juntas por la Pública


 

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