Este lunes arranca la huelga indefinida del personal funcionario de la Administración de Justicia sin que el Ministerio haya aún convocado una reunión ni presentado una propuesta al comité de huelga para desbloquear el conflicto que ha provocado ya la suspensión de más de 500.000 juicios y la paralización de más de 30 millones de actuaciones judiciales.
Los sindicatos han convocado para esta semana concentraciones y protestas por toda España que tendrán como punto culminante la gran manifestación convocada para el próximo 25 de mayo en Madrid.
Según datos aportados por CCOO, en Madrid más de 1.500 funcionarios se concentran este lunes frente al Ministerio de Hacienda, al que exigen que “no mire para otro lado” después de haber autorizado subidas por cerca de 70 millones de euros para incremento lineal en las nóminas de letrados de la Administración, jueces y fiscales, dentro del proceso de modernización que impulsa el Ministerio.
El 14 de abril, el comité de huelga presentó al Ministerio cuatro reivindicaciones muy concretas: una subida salarial lineal de entre 430 y 350 euros en función de los Cuerpos (que responde a una propuesta clara de mejora de la Administración de Justicia, a través de la definición de las funciones que cada uno debe realizar en la tramitación de los procedimientos) y la negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa que, sin el concurso del personal funcionario actualmente en huelga, será un nuevo fracaso. Además, el comité de huelga reivindicaba el impulso para la implantación de la carrera profesional y la reducción de los grupos de población a uno solo.
Desde el pasado 24 de abril, el Ministerio de Justicia no ha convocado al comité de huelga ni ha presentado ninguna propuesta económica para solucionar el conflicto y “sigue haciendo oídos sordos a las movilizaciones y jornadas de huelga que hemos realizado”, afirma COCO, con paros parciales de tres horas, inicialmente del 17 al 25 de abril, y con jornadas completas de huelga los días 19 de abril y 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.
Se estima que el seguimiento de la huelga indefinida alcance a más del 85% de las plantillas provocando la suspensión de centenares de miles de juicios y otras actuaciones procesales, y “llevando a la Administración de Justicia a un colapso absoluto cuyos únicos responsables son los ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, que siguen dando un trato discriminatorio y clasista al 93% del personal que constituimos los cuerpos generales y especiales”, denuncia el sindicato.
CCOO exige al Gobierno la presentación al comité de huelga de una oferta económica para la subida del complemento general del puesto de los 43.000 funcionarios en huelga y el inicio inmediato de su negociación para la modificación pactada de la LOEO, así como del resto de las reivindicaciones presentadas el pasado 14 de abril, como la carrera profesional y la reducción de grupos de población.
Advierte de que de no producirse esta rectificación por parte de los ministerios de Justicia y Hacienda, “serán ellos -y por extensión el Gobierno de España- los responsables del perjuicio al servicio público y a la ciudadanía y profesionales, por seguir ninguneando a la inmensa mayoría del personal al servicio de la Administración de Justicia, al contrario que al colectivo privilegiado por estas medidas clasistas que representan magistrados/as, jueces, fiscales y letrados/as de la Administración de Justicia, con quienes ha negociado y alcanzado acuerdos”, afirman.
CCOO y el resto de sindicatos se preguntan por qué acuerdan subidas retributivas lineales para LAJ, jueces y fiscales y se las niega al resto de personal que pide estas subidas en reconocimiento de las funciones que efectivamente realizan, dado que todos y todas, sin excepción, somos imprescindibles para este servicio público. “Por qué incumplen la Ley negándose a negociar las condiciones de trabajo que se quieren deteriorar a través de la Ley de Eficiencia Organizativa y por qué se niegan a incluir en la negociación cuestiones como la carrera profesional y la reducción de grupos de población que sí incluyen en sus acuerdos con letrados/as, jueces y fiscales”, insisten.
