jueves. 13.06.2024

Los trabajadores del mundo entero han celebrado en la calle, como todos los años, desde 1890, el 1º de mayo en recuerdo de los “mártires de Chicago”, según la resolución que aprobó el Congreso Internacional Obrero celebrado el año anterior en París (1889). Años antes, el 1 de mayo de 1886, había estallado en EE. UU la huelga por la jornada de ocho horas (ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de educación, ocio y cultura).  

En Chicago, en la Plaza Haymarket, el 4 de mayo de ese mismo año, se masacró a los manifestantes que, además, protestaban también en contra de unas condiciones verdaderamente inhumanas, donde la miseria, la explotación y la represión eran un lugar común entre las clases obreras (38 obreros muertos, 115 heridos y 6 policías muertos) y, lo que fue más grave, 4 de sus dirigentes fueron ahorcados un año después en un juicio amañado: “Los colgaremos igualmente. Son hombres demasiado sacrificados, demasiado inteligentes y peligrosos para nuestros privilegios”. Lo más escandaloso de todo el proceso es que fueron declarados más tarde “víctimas inocentes de un error judicial” en un juicio celebrado de nuevo en 1893. (Historia del 1º de Mayo. Maurice Dommanget.).

La reivindicación y lucha por las ocho horas se prolongó durante décadas; a pesar de que, en algunos países, el 1º de mayo fue olvidado, ocultado, desprovisto de todo contenido social e, incluso, prohibido en otros como en España, en plena dictadura franquista, hasta transformar dicha fecha en un irrelevante día religioso: “San José Artesano”). En nuestro país, a lo largo de toda la dictadura, las manifestaciones y movilizaciones de los trabajadores en esta fecha fueron un símbolo de resistencia frente al franquismo. Miles de trabajadores fueron reprimidos, detenidos y despedidos del trabajo por reivindicar en el 1º de Mayo el derecho a la libertad sindical y a unas condiciones dignas de vida y de trabajo. 

En cualquier caso, desde sus comienzos, el 1º de mayo ha venido representando la movilización de una clase social contra la burguesía (lucha de clases), que se concretaba en el eslogan: “Es necesaria otra política”. Por eso, solamente teniendo presente lo ocurrido en los últimos años adquiere una total actualidad el 1º de mayo como “Día Internacional del Trabajo” y reafirma plenamente la relevancia de la lucha de la clase obrera en el mundo como la mejor repuesta global y solidaria para combatir la explotación del hombre por el hombre.

En el manifiesto aprobado para esta ocasión, los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) han ratificado su compromiso por la paz y exigido a la UE un mayor esfuerzo para poner fin al conflicto generado por la invasión de Rusia en Ucrania (“No a la Guerra”), por el drama que representa para millones de seres humanos y las fuertes tensiones geopolíticas y migratorias que está generando. También por su incidencia en el severo aumento de los precios, como consecuencia del fuerte incremento de la energía, los alimentos y las materias primas en el marco de la Unión Europea (UE).

Además de la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, el debilitamiento de la demanda, la ruptura de suministros e, incluso, la subida del precio de las hipotecas (Euribor) y el alquiler de viviendas. Con el agravante de que las empresas han repercutido el aumento del costo de los productos energéticos y de las materias primas en el precio final de sus productos, con el fin de mantener sus propios beneficios (aumentados), con la repercusión que ello tiene en las personas más vulnerables. Sin embargo, se niegan, de manera contumaz, a que los salarios experimenten aumentos similares.

En este contexto difícil, la respuesta del actual Gobierno de coalición ha sido notable, a pesar de que está resultando insuficiente, por el momento, para frenar el alza de los precios y el deterioro de las rentas del trabajo. En todo caso, los acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos sobre pensiones y salario mínimo (SMI) están protegiendo a 13 millones de personas.

En concreto, se ha garantizado el poder adquisitivo de más de 10 millones de pensionistas con un incremento del 8,5% y el SMI ha subido el 8%, lo que representa un incremento del 47% para cerca de 2 millones de trabajadores en esta legislatura. Ello sitúa al SMI en 15.120 euros anuales, en coherencia con las exigencias de la Carta Social Europea de alcanzar el 60% del salario medio del país.

Sin duda, resulta muy relevante el acuerdo sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) derogando la nefasta reforma del PP, que limitaba el incremento de las pensiones al 0,25% y hacía recaer los incrementos de la esperanza de vida exclusivamente sobre los pensionistas, a través del llamado Factor de Sostenibilidad, que imponía un coeficiente reductor de la pensión proporcional al referido incremento de la esperanza de vida.

El compromiso adquirido, avalado por Bruselas y conforme con las orientaciones del Pacto de Toledo, garantiza la sostenibilidad de la SS en la perspectiva del año 2050 y pone énfasis en aumentar los ingresos y no en recortar gastos como se venía haciendo hasta ahora.

En concreto, el acuerdo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; incrementa las pensiones mínimas y las no contributivas; aumenta muy ligeramente las cotizaciones y se aplica un “concepto de solidaridad” ( Mecanismo de Equidad Intergeneracional: MEI); destopa las cotizaciones máximas y se cotiza por las cantidades salariales que superen la mencionadas cotizaciones máximas; recupera el fondo de reserva; mejora sustancialmente la cobertura de las lagunas en la contratación, por situaciones de cuidados, que afectan sobre todo a las mujeres; incentiva el retraso de la jubilación y penaliza las jubilaciones anticipadas; mantiene los 25 años y, alternativamente, los 29 (descontando los 24 meses más desfavorables para el trabajador), que se toman para establecer la base reguladora de la pensión; y equipara el régimen de autónomos al régimen general, entre otras medidas relevantes.

Incluso, en la “cláusula de salvaguardia” (exigida por Bruselas), por la que se habría que adoptar medidas correctoras de equilibrio financiero del Sistema, en caso de que se rebasaran las previsiones de gasto hasta 2050 (revisadas cada tres años por la AIREF) se prevé que el Gobierno negocie con los interlocutores sociales y envíe un proyecto de ley al Parlamento para adoptar tales correcciones por el lado de los ingresos, los gastos o por el de ambos. En todo caso, si no se alcanzara un acuerdo mayoritario, automáticamente se incrementarán las cotizaciones del MEI y no se reducirán los gastos ni, por lo tanto, las pensiones, por lo que cambia el paradigma de que en caso de desfase financiero se recorten necesariamente las pensiones.

La reforma laboral también está demostrando su eficacia en materia de empleo y, sobre todo, en la lucha contra la temporalidad, aunque no en la precariedad que todavía subsiste en muchos empleos (“trabajos basura” y “trabajadores pobres”). España ha superado los 20,6 millones de cotizantes a la SS y, en un sólo año de vigencia de la reforma laboral, la temporalidad se ha reducido en un 7,5% (según la EPA se ha reducido del 25,4% al 17,9%) y la contratación indefinida ha pasado de una media mensual en torno al 10% a situarse en el 46,8%.

A pesar de estos datos positivos, los sindicatos insisten en aumentar las plantillas de la inspección de trabajo; reforzar los servicios públicos de empleo y su intermediación en el mercado de trabajo; potenciar las políticas activas de empleo; y, en definitiva, hacer frente al desempleo que, según la EPA, supera los tres millones de trabajadores y afecta de manera destacada a los jóvenes y parados de larga duración.

Las reivindicaciones de la UGT y CCOO también se refieren a la reducción de la jornada de trabajo y al costo del despido y recuerdan la demanda sindical interpuesta contra España ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, por la baja indemnización del despido, en coherencia con la firma de España en el año 2021 de la Carta Social Europea que, debemos recordar, es de obligado cumplimiento en relación con la protección de los trabajadores ocupados. Efectivamente, en España el despido es muy fácil y barato; por eso se debe avanzar considerablemente hacia un costo del despido más justo, disuasorio y adecuado que proteja el empleo como ya lo están haciendo algunos juzgados en la actualidad, a la espera de la sentencia europea prevista para finales de año. Además de revisar, en profundidad, la causalidad del despido y su relación directa con la mencionada protección del empleo.

No es extraño, en este contexto político y electoral, que los sindicatos hayan hecho un serio llamamiento a la unidad de la izquierda, ante el riesgo real de que puedan triunfar las fuerzas conservadoras

En todo caso, en este 1º de mayo los sindicatos han alertado sobre el alza desmesurada de los precios y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, ante la actitud de los empresarios y, en particular, de los grandes bancos y grandes empresas energéticas con un alto crecimiento de los beneficios en el pasado año y en el 1º trimestre del presente año. En este sentido, han denunciado la severa pérdida de los salarios en la renta nacional y han puesto de manifiesto que los precios en el año 2022 crecieron el 8,4% (achacable en buena medida a los empresarios) y los salarios recogidos en convenio solamente el 2,78%.

Eso explica su reiterada insistencia en alcanzar un acuerdo salarial (V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva), que sirva de guía para negociar los próximos convenios en el periodo comprendido entre 2023 y 2025. El Acuerdo salarial trianual finalmente alcanzado no ha sido nada fácil, ante la dura actitud negociadora de la CEOE, que generó, en el pasado año, una severa devaluación salarial y un reparto muy regresivo de la crisis y, desde luego, muy desfavorable para los trabajadores.

Todo ello justificó el llamamiento de los sindicatos, en los últimos meses, a la movilización social (“amenaza creíble”) y a reforzar la negociación colectiva sectorial articulada, que comprometa también a los centros de trabajo. El Acuerdo, aparentemente defensivo y encaminado a limitar daños, a falta de ultimar detalles y de ser ratificado por las partes, contempla incrementos de salarios del 4% en el presente año y del 3% en los años 2024 y 2025, además de una cláusula de revisión salarial que podría alcanzar una subida adicional anual de hasta el 1%, lo que permitiría mantener el poder adquisitivo de los trabajadores siempre y cuando se cumplan las previsiones más recientes sobre la inflación futura.

Por último, los sindicatos, sin renunciar a su autonomía sindical, han recordado la próxima confrontación electoral en la perspectiva de las elecciones generales previstas para finales de año. En este sentido, han valorado muy positivamente los logros del Gobierno de coalición en materia social y laboral, así como su voluntad de impulsar el diálogo y la concertación social.

Razones poderosas, que justifican plenamente el llamamiento a la participación ciudadana en los diversos procesos electorales encaminados a profundizar la democracia, reforzar los servicios públicos, apostar por una fiscalidad progresiva y redistributiva, defender unos salarios dignos y, finalmente, por un empleo digno y de calidad contrastada.

No es extraño, en este contexto político y electoral, que los sindicatos hayan hecho un serio llamamiento a la unidad de la izquierda, ante el riesgo real de que puedan triunfar las fuerzas conservadoras e, incluso, reaccionarias, destruyendo así todo lo alcanzado en los últimos años en la lucha permanente contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

Sobre todo, cuando persisten retos pendientes de enorme envergadura: el reparto y gestión de los fondos de la UE; abordar la transición energética, la sequía y el cambio climático; digitalizar a fondo nuestra economía; cambiar nuestro modelo productivo (en la perspectiva de que la economía productiva alcance el 20% del PIB); desarrollar una política de vivienda eficaz en función de las personas y no de los grandes tenedores de viviendas (“fondos buitres”); y aumentar la presencia de España en la UE y en un mundo globalizado, entre otros asuntos. Estos desafíos no son capaces de abordar con eficacia “las derechas”, empecinadas en practicar una política reaccionaria, regresiva y contraria al ejercicio de las libertades, ni van a defender un Estado de bienestar social respetuoso con la “centralidad del trabajo” y la separación de poderes como elementos fundamentales a salvaguardar en una sociedad moderna, progresista y democrática.

Beneficios, precios y salarios