Europa Laica denuncia que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) para el pago de dos impuestos de los que la Iglesia estaba exenta es una “cortina de humo” para “ocultar” otros temas “más importantes a resolver” como es la derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede.
Este miércoles se conoció el acuerdo en materia de fiscalidad por el que la Iglesia Católica “renunciaba” a la exención del pago del impuesto a las Contribuciones Especiales y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). En la nota conjunta emitida se especifica que el mismo ha contado con el “asenso” de la Santa Sede y que es fruto de la “voluntad compartida” entre el Gobierno y la CEE de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, “conforme al principio de no privilegio y no discriminación”.
Sin embargo, para Europa Laica, no se trata de una “renuncia altruista”, sino cumplimiento de la legalidad. Al respecto, recuerda que el ICIO es un impuesto que la Unión Europea ya resolvió hace unos años cuestionando su exención a la Iglesia, al igual que ocurrió con el IVA, “por tanto, no se trata de ninguna renuncia eclesial, ni habría lugar a contar con el beneplácito de la Santa Sede -con su “asenso”, como se dice en la nota emitida-, sino de simple aplicación legal comunitaria”, afirma.
El fondo de la cuestión para la organización laicista son los Acuerdos con la Santa Sede aún vigentes y cuya derogación es “condición inexcusable y democrática para avanzar en la libertad de conciencia y la laicidad del Estado”. Por los mismos, vigentes desde hace décadas, se sustenta el marco general de relaciones Iglesia-Estado y los privilegios de los que goza la institución a efectos fiscales, de financiación o de presencia confesional en la enseñanza, entre otros.
Europa Laica también exige “transparencia” para conocer a cuánto asciende la exención de ambos impuestos a nivel estatal y a cuánto se eleva esa “renuncia eclesial” que, a juicio, de la organización, “en ningún caso justificaría su bondad” en el marco actual de relaciones “claramente mejorables” entre Iglesia y Estado. En su último informe sobre la memoria económica de la CEE, se estima que, en 2020, la Iglesia recibió 12.000 millones de euros de dinero público a través de diferentes conceptos incluidos los beneficios fiscales.
Asuntos de mayor calado siguen sin resolverse como las inmatriculaciones que fue uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de coalición, o la exención del pago del IBI de los bienes eclesiales en los que obtiene un rendimiento mercantil y por lo que la Unión Europea también se ha pronunciado denunciando una posible vulneración de la normativa comunitaria sobre ayudas del Estado.
Para Europa Laica, “todo suena a que este acuerdo de mesa camilla con tintes gatopardianos de cambiar algo para que nada cambie, sirve de cortina de humo para dejar en el tintero contrapartidas evidentes a favor de la Iglesia por parte del Gobierno”.
