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miércoles. 29.03.2023

El jueves pasado 2 de marzo asistí a la presentación del libro Los obispos de la Mezquita de Córdoba a cargo de su autor, Miguel Santiago Losada. La coordinadora Recuperando, la plataforma ciudadana que lucha por la recuperación del patrimonio público sustraído por la iglesia Católica mediante las inmatriculaciones arbitrarias, había fijado la misma fecha para llevar a cabo concentraciones en denuncia del expolio perpetrado. A juzgar por la repercusión en prensa –francamente, marginal– y que no se puede decir sin faltar a la verdad que fuesen multitudinarias hay que reconocer que el tema que las justificaba no importa a mucha gente. En el caso de quienes nos reunimos a las puertas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada con tal motivo, poco antes del inicio de la presentación referida, apenas contábamos con un par de decenas de personas, más o menos el mismo número de asistentes que en otras ocasiones en las que nos hemos manifestado por el mismo motivo. Nada diferente a lo habitual en los actos promovidos por el movimiento laicista de este país; ciertamente su causa no tiene el mismo tirón que las de otros colectivos que explotan la motivación con raíz en las pulsiones tribales o identitarias. Hay que reconocerlo: la lucha por los derechos asociados a la libertad de pensamiento no es especialmente popular; no tenemos más que comparar con las cantidades de público movilizadas por convocatorias vinculadas a nacionalismos o a cuestiones polémicas relacionadas con la sexualidad y la identidad de género. Detritos de la posmodernidad, consecuencia de la subversión de la escala de valores legada por la Ilustración. En el actual contexto de guerra cultural el movimiento laicista lleva obviamente las de perder por su vocación humanista y universal que le merma pujanza reivindicativa frente a las posiciones más ideologizadas y gregarias.

Hay que reconocerlo: la lucha por los derechos asociados a la libertad de pensamiento no es especialmente popular

En la página web de la editorial Tirant Lo Blanch, que es la que publica el libro de Miguel Santiago Losada, el autor de Los obispos de la Mezquita de Córdoba se define a sí mismo como «ciudadano del mundo». Esta apelación al ideal cosmopolita es muy congruente con su compromiso –demostrado a través de su amplio y diverso activismo– con las causas que tienen por bandera valores tan de la Ilustración (es decir, universales y humanistas) como la dignidad, la justicia y la verdad. Su conferencia del otro día fue la demostración de cómo se concreta la defensa de tales valores en un asunto local, que en este caso se trata de la reivindicación de la propiedad del mencionado monumento a favor de la ciudadanía (del «pueblo», que es el término que él usó). En las páginas de su obra se halla el testimonio de la historia, tan necesario para entender la situación presente y para desactivar el discurso propagandístico de quienes se creen dueños naturales de un patrimonio que es de todos; también encontrará el lector una semblanza de la resistencia ciudadana contra su rapiña. 

El de Córdoba es un caso de miles que ilustra el torticero procedimiento por el que la Iglesia Católica se ha apoderado de una parte considerable del patrimonio de España gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el gobierno de José María Aznar en 1998, un auténtico revival del nacionalcatolicismo franquista que inspiró la promulgación del reglamento hipotecario de 1947 en virtud del cual se equiparaba a la Iglesia con el Estado. Entonces los obispos se convirtieron en fedatarios públicos poseedores del privilegio de inscribir bienes sin tener que aportar títulos de dominio. No nos engañemos: ese nacionalcatolicismo aún late en muchas manifestaciones de la idiosincrasia hispana. Lo comprobaremos en pocas semanas cuando cargos políticos y militares desfilen al son de metales y tambores en compañía fraternal de cofrades y clérigos, adornando con su presencia las procesiones de Semana Santa.

El de Córdoba es un caso de miles que ilustra el torticero procedimiento por el que la Iglesia Católica se ha apoderado de una parte considerable del patrimonio de España

Por obra y gracia de la decisión del gobierno de derechas finisecular pudo el obispo de Córdoba, a la sazón Juan José Asenjo, inmatricular en 2006 el monumento a nombre de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la cual –no se olvide– es una institución privada gobernada en último término por una monarquía teocrática al frente de un Estado extranjero, a saber, el Estado de la Ciudad del Vaticano. Esta es la realidad: un monumental (nunca mejor dicho) disparate. Disparate asumido políticamente por un país democrático que se define constitucionalmente como «no confesional», y a lo largo de las últimas décadas devenido en una sociedad notablemente secularizada, como lo demuestran los resultados de las sucesivas encuestas del INE sobre creencias que indican la menguante tendencia del número de quienes se declaran católicos entre nuestros conciudadanos, de entre los cuales son aún menos los así llamados «practicantes» (me fascina, por ciento, esta suerte de desdoblamiento metafísico entre el «creyente» y el «practicante» a la sombra de una evidente hipocresía convenientemente obliterada). De esta innegable secularización da contundente prueba la aprobación de leyes tan incompatibles con las directrices morales contenidas en el Catecismo de la Iglesia tales como el divorcio (en su día un escándalo del que ya nadie se acuerda), el matrimonio entre personas del mismo sexo (que hace saltar por los aires la rígida concepción del modelo de familia cristiano) y el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (un paso definitivo en el proceso de liberación de la mujer de la férula moral patriarcal y machista). Y sin embargo…

Sin embargo, la Iglesia Católica en este país es un poder fáctico. Hay que reconocerlo honestamente. Porque manda. Y manda sin necesidad apenas de levantar la voz. Parece que manda más bien por el temor que provoca en nuestros gobernantes autoproclamados «progresistas» el que pudieran levantar la voz. No tienen en efecto que hablar muy alto, porque existen mil y un altavoces mediáticos –no pocos en manos de la opulenta Conferencia Episcopal– dispuestos a prestarles su poder de difusión. Nada que diga ninguno de sus representantes clericales, sea modesto o conspicuo, pasará inadvertido o será objeto de desatención. Muy al contrario. 

Yo diría que es el poder en su grado sumo, cuando quien lo ejerce no necesita hacer nada, porque cuenta con una cohorte de afectos ajena a lo que es estrictamente su organización que trabajan a diario, cada uno en su ámbito particular de responsabilidad, porque sus intereses sean debidamente salvaguardados y nada ni nadie perturbe el estado de cosas que permite que sea seguro en su continuidad. ¿Quién se atrevería a desoír el requerimiento de nada más y nada menos que la Fiscalía en petición de información sobre un delito graveque está siendo investigado? Los obispos lo hacen, dando incluso instrucciones descaradamente para limitar la información que se le proporciona sobre los casos de abuso sexual. Esto es poder.

La Iglesia Católica en este país es un poder fáctico. Hay que reconocerlo honestamente. Porque manda. Y manda sin necesidad apenas de levantar la voz

Es lo que representa el fenómeno de las inmatriculaciones de la Iglesia en este país, que no hubiera sido posible sin el concurso de una pléyade de funcionarios de los registros de la propiedad que no ven ningún problema en que, por ejemplo, nada más que con su palabra y por el módico precio de treinta euros el obispo inscriba a nombre de la diócesis cordobesa un monumento que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hará cuatro décadas el año próximo. También cuenta la inacción de instituciones de toda laya que toleran lo intolerable, como lo ocurrido con la cuarta celosía de Rafael de la Hoz del muro norte de la Mezquita que decidieron retirar las instancias religiosas con el consentimiento nada más y nada menos que de la Consejería de Cultura en 2015, autorización declarada nula por los tribunales tras años de pelea legal sostenida por la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos y de Todas. Un destrozo de difícil reparación causado por el afán del Cabildo Catedralicio de Córdoba empeñado en que los pasos de la Semana Santa horaden el espacio simbólico musulmán en un prepotente gesto de anacrónico supremacismo religioso que nada tiene que envidiar al que, simétricamente, protagoniza en Estambul el islamista Erdogan contra la antigua basílica ortodoxa de Hagia Sophia (Santa Sofía).

Me avergüenza como ciudadano la visión de mis dirigentes políticos mostrando pleitesía de una forma u otra a los gerifaltes católicos, suavizando con todo tipo de gestos cualquier paso hacia la conformación legislativa de una sociedad libre de tutorías morales sustentadas en la tradición más carca. ¿Hasta cuándo el adoctrinamiento religioso en las escuelas públicas? ¿Por cuánto tiempo más los privilegios económicos de la Iglesia Católica? 

Sospecho que nuestros políticos saben que el nacionalcatolicismo ha quedado en la forma críptica de un gen cultural compartido en la actualidad por un amplio segmento de la ciudadanía, que de alguna manera es una seña de identidad nacional para muchos; los mismos que pueden reaccionar virulentamente cuando perciben que el poder político se ejerce desde un planteamiento de izquierdas desatando pulsiones guerracivilistasya están estos rojos ateos y anticlericales metiéndose con la religión que no le hace daño a nadie y que es seña de identidad nuclear de la esencia española. Más vale no agitar el avispero de las sotanas, pensarán nuestros gobernantes supuestamente de izquierdas. 

Me avergüenza como ciudadano la visión de mis dirigentes políticos mostrando pleitesía de una forma u otra a los gerifaltes católicos

Mientras, las cofradías crecen en poder, incluso para preocupación de los jerarcas, y se fomenta la idolatría tan contraria al genuino mensaje teológico. Y la clase política participa de los rituales barrocos y escleróticos que ellos mismos fomentaron cuando estaban en decadencia en aquellos tiempos primeros de la génesis de las autonomías, particularmente la andaluza. 

Fue precisamente un escritor andaluz, Antonio Muñoz Molina –de la provincia de la que en tiempos fue bendecida con el sobrenombre de «El Santo Reino», Jaén– quien manifestaba el desencanto e incluso la desesperanza de quienes entendemos que los ideales de la Ilustración, incluido el laicismo, deben estar siempre por encima de la tradición. En un artículo publicado en El País en tiempos de la Semana Santa de 2017 daba testimonio de la esperanza que trajeron las primeras elecciones democráticas hace ya cuarenta y cinco años. Emplea la palabra «desolación» para expresar el sentimiento que le causa el actual panorama en el que las procesiones campan a sus anchas por doquier y no solo en época de la semana de pasión (aquí en Granada el fin de semana pasado hubo del orden de una decena), las vírgenes (no precisamente terrenales y corpóreas) son declaradas alcaldesas perpetuas desde la derecha y también desde la izquierda, y los obispos mantienen sin riesgo de merma su poder, de lo que es buena prueba el sangrante caso de las inmatriculaciones.

Acertaba en aquel artículo Muñoz Molina al señalar la responsabilidad política en ese fraude que en poco si no en nada se ha corregido, el que pretende montar una democracia fuerte prescindiendo de la pieza fundamental de la laicidad. En efecto, se entendió en el origen de la autonomía andaluza que había que fundamentarla en una identidad que, a toda prisa, había que construir, porque no bastaba con la realidad plural y diversa de una comunidad unida por la aspiración a progresar orientada por los valores de la justicia, la igualdad y la libertad. A quienes tomaron el timón en un momento histórico clave y fundacional de lo que debía ser la Comunidad Autónoma de Andalucía les debió de parecer que los ideales que revolucionaron el devenir de la historia y alumbraron las democracias modernas carecían del peso que, sin embargo, sí percibieron en el folclorismo identitario y mentiroso de la tradición más rancia. Pero ya se sabe –Goebbels dixit– a base de repetir una y otra vez una mentira se acaba convirtiendo en verdad, y ahora nos encontramos con la creencia instalada en la etnosfera compartida por la ciudadanía de este país en virtud de la cual se tacha la reivindicación del laicismo de ataque a la nación española y de postura radical y hasta antisistema.

El asunto este de las inmatriculaciones con las que ha arrasado la Iglesia Católica, del que el caso de la Mezquita de Córdoba es paradigmático, es el exponente más depurado de lo que puede representar un motivo de vergüenza ciudadana, porque es la demostración irrefutable de cómo el Estado se somete al poder de la Iglesia y de cómo la mayoría de la ciudadanía lo da por bueno, dejándose robar y permitiendo, para más inri (nunca mejor dicho), que hagan negocio con el botín incrementado así, más si cabe, el poder (económico) de aquélla. Se hace difícil no percibirlo como un escarnio en toda regla. 

La Mezquita de Córdoba y el poder de los obispos