martes 16.07.2019

La crisis de legitimidad y el PSOE en España

Parece que ese viejo partido de la rosa, que algunos intentaron hacer desaparecer no hace mucho, desconociendo de qué está hecho, puede ser la solución, como lo fue en 1982 y en 2004, dos momentos de intensa crisis en nuestro país

@Montagut5 | La legitimidad define la cualidad que tiene un poder o sistema político para que su autoridad emane del consenso social articulado en un compromiso tácito entre los que gobiernan y los gobernados, sin tener que recurrir a la coacción o amenaza de la fuerza. El concepto nació en plena época de la Restauración después de la derrota de Napoleón. En ese momento histórico se vinculaba a la necesidad de devolver el poder a los monarcas absolutos, por lo que se declaraban ilegítimos los sistemas políticos sustentados en la soberanía nacional, fruto de las primeras revoluciones liberales.

Posteriormente, Max Weber estudió el concepto de la legitimidad y consideró que había tres formas. La primera era la establecida con la época de la Restauración mencionada. La segunda era la carismática y se daría en los sistemas políticos donde los gobernados se entregarían a una persona por sus capacidades excepcionales, propia de regímenes cesaropapistas, bonapartistas, dictatoriales o fascistas. La tercera legitimidad sería la que calificaba de racional. Esta legitimidad se basaría en motivaciones objetivas o impersonales, en la legalidad.

El positivismo, por su parte, estableció la diferencia entre legitimidad y legalidad. La primera era previa y la segunda era el único concepto capaz de ofrecer criterios racionales y científicos. La principal garantía de la legalidad sería que contara con el requisito moral de la legitimidad.

En la actualidad, evidentemente, la legitimidad estaría ligada a los sistemas democráticos con un escrupuloso respeto a los procedimientos para alcanzar el poder y para ejercerlo. La legalidad existiría en sistemas dictatoriales, como en el franquismo, pero éstos serían ilegítimos, precisamente por su origen, fruto de la violencia y por su forma de ejercer el poder, que no es democrática.

En vista de los argumentos expuestos, evidentemente, nuestro sistema político es legítimo porque se trataría de una democracia y por las formas de acceder al poder y de ejercerlo, pero, no cabe duda que hay una serie de problemas graves que podemos plantear. En primer lugar, estaría el origen de nuestra democracia al no haberse establecido a partir de una ruptura clara con el sistema anterior. ¿Hubiera sido mejor esa ruptura, como en principio pretendió la izquierda, aunque luego cediera?, y dicho esto, ¿hubiera sido posible esa ruptura? Este articulista siempre ha tenido ideas enfrentadas sobre esto, aunque podría superarse con la urgente necesidad del ejercicio de la memoria democrática, que algunos intentan sepultar de nuevo, sin olvidar que este país tiene que dejar de honrar en un monumento público a un dictador.

En segundo lugar y, creemos más determinante, ¿no estamos asistiendo a una profunda crisis del consenso social y del compromiso tácito subsiguiente necesario para que el sistema sea legítimo?, ¿la destrucción del estado del bienestar por parte de la derecha  en el poder y luego obstaculizando unos presupuestos que iban encaminados a recuperarlo no está minando ese consenso?, ¿la corrupción no es un disolvente aún más poderoso de dicho consenso?, ¿la tensión entre el nacionalismo no españolista y el acusado rebrote del centralismo de las tres derechas no está dinamitando ese consenso, intentando que los ciudadanos nos tengamos que identificar con uno de los dos lados, y si no corremos el riesgo de ser acusados de centralistas vergonzantes o de renovados descendientes de la eterna y supuesta anti-España?, ¿no dinamitan el consenso y la legitimidad las acusaciones de traición vertidas contra el segundo representante del Estado sin prueba alguna?

Creemos que es necesaria una intensa e ineludible reflexión en nuestro país que derive en una reforma constitucional que aborde claramente un cambio en la articulación de los distintos poderes de nuestro sistema político, del sistema de partidos y de su financiación, así como en relación con la efectiva garantía de los derechos sociales, y que aborde una nueva estructura territorial del estado en un sentido federal o con un nuevo Estatut para Catalunya. No es soportable el espectáculo de servidores públicos que no gobiernan enlazados de amarillo, ni la solución es aplicar un artículo 155 por los siglos de los siglos.

Creemos, en fin, que la izquierda debe liderar con valentía este proceso frente a unas derechas fundamentalistas, y que en una de sus vertientes emergentes supone no ya la vuelta a lo que ya los españoles conocemos sino la equiparación con esas nuevas extremas derechas de signo populista que invaden el mundo desde Norteamérica a Centroeuropa, y frente a un nacionalismo sin estado lanzado a una aventura ilegal e ilegítima para esconder las propias miserias y abandonar a su suerte a los ciudadanos, cuyos asuntos mal administran. Se hace necesario, pues, recuperar el consenso o el diálogo, al menos, sin gritos ni oratorias huecas, y el compromiso tácito para superar la crisis de legitimidad que estamos padeciendo, llenos de tensiones, en muchos casos inventadas o amplificadas interesadamente, que ocultan los problemas verdaderos.

Una vez más, parece que ese viejo partido de la rosa, que algunos intentaron hacer desaparecer no hace mucho, desconociendo de qué está hecho, puede ser la solución, como lo fue en 1982 y en 2004, dos momentos de intensa crisis en nuestro país. Un partido que es español, pero que no se esconde en las banderas ni en los patriotismos de opereta, para intentar construir en igualdad y en libertad. Un partido que siempre ha estado abierto al diálogo, como lo ha venido haciendo desde aquellas elecciones de 1977, en la oposición, y en el gobierno. Ese partido tiene sus problemas, sus momentos de introspección, sus tensiones y conflictos, y además no los esconde, pero nunca ha abdicado de sus obligaciones con este país, y que, vapuleado por todos lados, ha seguido pensando que la solución, además del diálogo, es trabajar para que disminuyan las nuevas y crecientes desigualdades fruto de una crisis brutal y de políticas neoliberales injustas, porque muchos españoles y muchas españolas queremos a este país y a su intensa diversidad sin necesidad de darnos golpes de pecho de supuestos patriotismos que esconden, a fin cuentas, lo de siempre.

La crisis de legitimidad y el PSOE en España