Creo recordar que fue en mayo del pasado año, con motivo del debate del estado de la nación, cuando Rodríguez Zapatero afirmó, de modo rotundo: “Para ganar la confianza de los mercados haré las reformas necesarias, por duras que sean”.
La anterior afirmación, lejos de causarme preocupación alguna, debo reconocer que me produjo cierta complacencia, quizá por no llegar a comprender realmente lo que significaba: ganar la confianza de los mercados, en sus justos términos. Destaco que en esos momentos la prima de riesgo de nuestro país se encontraba en los 160 puntos.
Así las cosas, y sin ánimo de reiterar lo que por todos es sobradamente conocido, nos encontramos en vísperas de las elecciones generales, del próximo noviembre, con la situación más preocupante que pueda darse, para la opción socialista. Todo por la decisión tomada, por el presidente de gobierno, la pasada semana, de modificar el artículo 135 de la Constitución Española de 1978, con el objeto de establecer un límite a la generación de déficit, tanto del estado, como de las comunidades autónomas.
Ya de entrada, he de reconocer, y sin ahondar en la bondad o no de la propuesta realizada, me resultó ciertamente sospechoso, que el PP, que durante todo el mandato del presidente Rodríguez Zapatero, ha mostrado su más absoluta oposición a cualquier acuerdo, pacto, o simple, y puntual, apoyo, a las distintas iniciativas y propuestas del gobierno. Se mostrara tan solícito a la nueva propuesta, y con toda rapidez llegara a ponerse de acuerdo, incluso en el texto.
Tras la primera impresión y la posterior digestión de la noticia, por no considerarme un experto en materia económica, sencillamente, por que no lo soy, he leído: las divergencias de eminentes economistas, casi al cincuenta por ciento, sobre la medida.
He sido conocedor de la más absoluta oposición, manifestada por los sectores más izquierdistas de la sociedad y de los sindicatos, oposición que plantean tanto sobre el fondo como sobre la forma.
La solicitud de un referéndum para que el pueblo participe en la decisión, ha sido prácticamente unánime. Los artículos, y columnas de opinión de importantes juristas coinciden en la necesidad del mismo, sin ningún género de dudas, aunque técnicamente no lo sea.
Y la situación provocada al candidato del PSOE, para las elecciones generales próximas, ha sido, cuanto menos incomoda. Más si cabe, porque no hace, creo recordar, ni cuatro meses, Pérez Rubalcaba, opinó sobre el mismo tema en el Congreso de los Diputados, de manera absolutamente contraria a dicho acuerdo. Y la salida actual al mismo, más parece una demostración de saber digerir el sapo, que el interés gastronómico por el batracio.
Lo que para muchos pueda parecer, de manera clara, un último esfuerzo por ganar la confianza de los mercados, en coherencia con la afirmación del principio, para otros es simplemente llevarle a cabo, el trabajo sucio a la derecha. Y para el resto, entre los que me cuento, una decisión incoherente y falta de lógica con los principios socialdemócratas. No en vano, son decisiones aconsejadas por Sarkozy y Merkel, que representan lo más alejado a las teorías de Eduard Bernstein, y el resto de los socialdemócratas conocidos.
Sin déficit, o con el mínimo riesgo de que éste pueda darse, las primeras perjudicadas serían las políticas sociales, negando a los ciudadanos menos favorecidos, los necesarios apoyos que una política socialdemócrata debe procurar, persiguiendo el objetivo de una sociedad: libre, justa y solidaria.
Negando la posibilidad a los gobiernos de permitir dejar crecer el déficit público en los presupuestos, salvo en determinadas situaciones, es fácil deducir sobre que tipo de gastos incidirá. Y por otra parte, dada la tradicional tendencia de la derecha política de nuestro país a confundir deuda con déficit, el conflicto está servido.
Todo empeño del presidente para tranquilizar a los mercados debe considerarse laudable, pero tranquilizar a los mercados, que por otra parte, le ha importado muy poco a la derecha de nuestro país, lo deduzco de los comentarios opiniones y demás perlas, a los que nos tienen acostumbrados.
Siendo un noble objetivo, como digo, no debería hacerse a cualquier precio, ni de cualquier manera, hasta el punto de hipotecar el futuro del partido al que representa, y lo peor, a los ciudadanos españoles que confían o al menos han confiado en unas siglas históricas. Que considero, como entiendo consideran muchos españoles, son absolutamente necesarias para el normal desarrollo de la vida democrática de nuestro país.