Iré a la huelga con el convencimiento íntimo de defender el sistema de convivencia en España.
Con una naturalidad pasmosa los gobiernos europeos, el español a la cabeza, están modificando las Constituciones de sus países con el desprecio más absoluto hacia la opinión de sus ciudadanos.
Una mezcla de estupor y hastío empieza a abrirse paso en las conciencias de muchos de ellos, al contemplar como por “exigencias” de la crisis, sus mandatarios, aquellos quienes deberían protegerles frente a la ambición sin límites del poder del dinero, rendidos a ese poder, les están despojando en un santiamén de todo cuanto les había acompañado a lo largo de su vida haciendo posible al menos una mínima certidumbre de futuro para ellos y para sus hijos.
Demasiado acostumbrados a la bronca política alimentada desde distintos medios cuando se trata de dirimir en qué sede parlamentaria reside la soberanía popular, demasiado imbuidos por la rémora franquista de la “Unidad de España” que ha estomagado hasta al más paciente, cuando el gobierno vulnera principios fundamentales de la Constitución del 78 con la “reforma” laboral, una mayoría abrumadora del parlamento abanderada por el PP y CIU, miran vergonzantemente para otro lado.
No estamos ante una norma que en alguno de sus apartados puede vulnerar la Constitución. Estamos ante una ley que sonroja desde su memoria justificativa en la que se afirma:
La amenaza del despido es un incentivo para que los trabajadores se adapten mejor a los cambios exigidos por el empresario.
Una ley, la “reforma” laboral, que vulnera alevosamente el art. 7 de la Constitución que consagra la existencia de Sindicatos y Organizaciones Empresariales a las que otorga autonomía para organizar las relaciones laborales en el seno de las empresas a través de la negociación colectiva, al mismo tiempo que las proclama como Instituciones básicas del Estado.
Una “reforma” que desprecia la presunción de inocencia al establecer que todo despido es procedente mientras el trabajador no demuestre su improcedencia.
Una ley por la que el Estado abdica de su responsabilidad de control al eliminar la autorización administrativa en los despidos colectivos (ERES), impidiendo la tutela judicial efectiva en caso de desacuerdo ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Esta es la “reforma” aplaudida por Merkel, por Monti, por toda la derecha europea. La “reforma” necesaria, dice Rajoy, para mandar un mensaje a los mercados, la que España “necesita” repite burdamente todos los días.
Pues bien, cada día para más ciudadanos esta es la “reforma” laboral de la sumisión al poder de los mercados, ante los que el gobierno español, se muestra incapaz de defender los derechos y la soberanía de sus ciudadanos.
De nuevo mañana saldremos a la calle a vivir una jornada de huelga general y en esta ocasión con la clara conciencia, aún más clara si cabe, de estar defendiendo el interés general, de defender la Constitución, de defender el Estado Social y de Derecho que proclama. Será, como en ocasiones anteriores una jornada de necesaria anormalidad democrática, porque la esencia de la democracia consiste en poder alterar el orden cuando este se ejerce contra la mayoría de la población.