7 de octubre de 2010, 15:27
NUEVATRIBUNA.ES - 26.2.2010
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Tratar de negar que el sistema público de pensiones pueda tener dificultades de financiación dentro de quince o veinte años resulta un tanto absurdo. El incremento de la esperanza de vida, que puede que crezca aún más en los años venideros, y la cantidad de personas nacidas en los años sesenta que se encuentren en la edad de jubilación a partir de 2025, creará sin lugar a dudas problemas que hay que tener en cuenta en los cálculos que se hagan para prever el futuro. Pero la sostenibilidad del sistema no depende sólo de la cantidad de gente que hay que financiar, y durante cuánto tiempo, sino de la capacidad que se genere para hacerlo posible. En un sistema de reparto, como es el español, esa capacidad de financiación dependerá del crecimiento económico, del aumento de la productividad, del número de personas que formen parte de la población activa y de la cantidad de gente ocupada.
Las tendencias demográficas son más fáciles de predecir, aunque no de un modo exacto, que la evolución de la economía, que resulta mucho más difícil. Sin esto segundo no es posible llegar a certezas sobre qué es lo que puede suceder con la financiación del sistema público de pensiones. Las dificultades se incrementan cuando vivimos inmersos en una crisis económica, y con grandes incertidumbres de cara a los próximos años. Se puede suponer que de aquí a quince años, la crisis económica habrá sido superada, pero lo que no se sabe es cuánto se va a crecer, cómo se comportará la productividad, qué capacidad se tendrá de generar empleo y si éste será estable o predominará el precario.
Este segundo aspecto, esto es, la capacidad que tenga el sistema en un momento dado para financiar las pensiones, es lo que ha fallado en todas las previsiones que se habían hecho hasta ahora, que solamente habían tenido en cuenta la primera parte, y que según la mayor parte de ellas, el sistema tendría que hacer quebrado ya. Una vez que han llegado los años en los que se había pronosticado que el sistema no aguantaría, podemos observar lo erróneo de todos esos pronósticos. Las previsiones un tanto catastrofistas no se han cumplido, por eso también hay que huir de esas visiones que siempre dibujan un panorama un tanto apocalíptico.
De todos modos no hay que desechar cuáles han sido las instituciones que habían hecho esas predicciones, por lo general patronales, instituciones financieras u organismos ligadas a ellas, por lo que éstas podían ser parte interesada, bien porque pretendían privatizar el sistema de pensiones total o parcialmente, como se hizo en Chile durante la dictadura de Pinochet, o bien porque ante la alarma creada muchas personas han acudido a hacerse un sistema de pensiones privado, complementario del público. En lo primero no han tenido éxito, aunque lo han intentado, pero en lo segundo sí que lo han conseguido en gran parte. El intento de privatizar el sistema de pensiones públicos se llevó a cabo durante los años noventa, cuando se invitó a varios foros de nuestro país a José Piñera, que había sido ministro de Pinochet e introdujo en ese país el sistema privado de pensiones. Las comparecencias en nuestro país del ministro de una terrible dictadura tuvieron bastante eco en los medios de comunicación, y la mayor parte de la banca aplaudía esas propuestas sin ningún tipo de rubor. Se hacía apología del sistema chileno.
Por eso tenemos que ser muy cautelosos con los pronósticos interesados, coreados por determinados economistas, y que atacan siempre que pueden al sistema público de pensiones. No se nos oculta a nadie que un sistema que maneja y mueve tanto dinero es una presa muy codiciada por los intereses financieros. El Pacto de Toledo, de todas maneras, es una garantía para la consolidación del sistema público de pensiones y para huir de una posible privatización. En todo caso, eso no debe hacernos olvidar que puede haber riesgos en el futuro. Pero cualquier negociación que se lleva a cabo debe hacerse en el marco de ese Pacto, que es el que tiene que analizar la evolución demográfica y económica, y tomar las medidas necesarias para preservar un sistema que sin lugar a dudas estará sujeto a muchas tensiones financieras.
Ante las dificultades de financiación, que seguramente surgirán, se está planteando, con diferentes argumentos sin duda consistentes, que el presupuesto público complemente los posibles déficit que puedan surgir del sistema de financiación actual. Es una acertada propuesta que debe dar tranquilidad y seguridad, al tiempo que trata de preservar los derechos de los trabajadores, pero que también está sujeta a limitaciones pues la elasticidad del presupuesto tampoco puede servir para todo. Muchas necesidades crecientes también presionarán sobre el presupuesto, lo que provocará restricciones si no se quiere caer en una crisis fiscal del Estado.
En todo caso, lo que sí es importante para una economía futura es que hay que reforzar el sector público, y no disminuirlo como ha venido haciendo en los últimos años el pensamiento económico dominante. Más y mejores impuestos, como acertadamente señalaba el profesor Albert Recio en las recientes jornadas de economía critica celebradas en Zaragoza, es fundamental para garantizar no solamente el sistema de pensiones sino una economía con mejor educación y sanidad pública, con más atenciones a las personas necesitadas, con un grado más elevado de igualdad en derechos y oportunidades. Hay que realizar importantes modificaciones sobre lo que ha sucedido en estos últimos años, y eso requerirá cambios estructurales en muchos ámbitos de la economía, y no solamente en el sistema de pensiones. Veamos las cosas con una visión más global y no solamente parcial. Desde luego que, si nos dejamos arrastrar por los imperativos del mercado, estaremos perdidos si queremos avanzar hacia una sociedad más progresista.
Carlos Berzosa es catedrático de Economía Aplicada y rector de la Universidad Complutense de Madrid desde el 23 de junio de 2003, tras ser Decano los catorce años anteriores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de dicha Universidad.
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Tratar de negar que el sistema público de pensiones pueda tener dificultades de financiación dentro de quince o veinte años resulta un tanto absurdo. El incremento de la esperanza de vida, que puede que crezca aún más en los años venideros, y la cantidad de personas nacidas en los años sesenta que se encuentren en la edad de jubilación a partir de 2025, creará sin lugar a dudas problemas que hay que tener en cuenta en los cálculos que se hagan para prever el futuro. Pero la sostenibilidad del sistema no depende sólo de la cantidad de gente que hay que financiar, y durante cuánto tiempo, sino de la capacidad que se genere para hacerlo posible. En un sistema de reparto, como es el español, esa capacidad de financiación dependerá del crecimiento económico, del aumento de la productividad, del número de personas que formen parte de la población activa y de la cantidad de gente ocupada.
Las tendencias demográficas son más fáciles de predecir, aunque no de un modo exacto, que la evolución de la economía, que resulta mucho más difícil. Sin esto segundo no es posible llegar a certezas sobre qué es lo que puede suceder con la financiación del sistema público de pensiones. Las dificultades se incrementan cuando vivimos inmersos en una crisis económica, y con grandes incertidumbres de cara a los próximos años. Se puede suponer que de aquí a quince años, la crisis económica habrá sido superada, pero lo que no se sabe es cuánto se va a crecer, cómo se comportará la productividad, qué capacidad se tendrá de generar empleo y si éste será estable o predominará el precario.
Este segundo aspecto, esto es, la capacidad que tenga el sistema en un momento dado para financiar las pensiones, es lo que ha fallado en todas las previsiones que se habían hecho hasta ahora, que solamente habían tenido en cuenta la primera parte, y que según la mayor parte de ellas, el sistema tendría que hacer quebrado ya. Una vez que han llegado los años en los que se había pronosticado que el sistema no aguantaría, podemos observar lo erróneo de todos esos pronósticos. Las previsiones un tanto catastrofistas no se han cumplido, por eso también hay que huir de esas visiones que siempre dibujan un panorama un tanto apocalíptico.
De todos modos no hay que desechar cuáles han sido las instituciones que habían hecho esas predicciones, por lo general patronales, instituciones financieras u organismos ligadas a ellas, por lo que éstas podían ser parte interesada, bien porque pretendían privatizar el sistema de pensiones total o parcialmente, como se hizo en Chile durante la dictadura de Pinochet, o bien porque ante la alarma creada muchas personas han acudido a hacerse un sistema de pensiones privado, complementario del público. En lo primero no han tenido éxito, aunque lo han intentado, pero en lo segundo sí que lo han conseguido en gran parte. El intento de privatizar el sistema de pensiones públicos se llevó a cabo durante los años noventa, cuando se invitó a varios foros de nuestro país a José Piñera, que había sido ministro de Pinochet e introdujo en ese país el sistema privado de pensiones. Las comparecencias en nuestro país del ministro de una terrible dictadura tuvieron bastante eco en los medios de comunicación, y la mayor parte de la banca aplaudía esas propuestas sin ningún tipo de rubor. Se hacía apología del sistema chileno.
Por eso tenemos que ser muy cautelosos con los pronósticos interesados, coreados por determinados economistas, y que atacan siempre que pueden al sistema público de pensiones. No se nos oculta a nadie que un sistema que maneja y mueve tanto dinero es una presa muy codiciada por los intereses financieros. El Pacto de Toledo, de todas maneras, es una garantía para la consolidación del sistema público de pensiones y para huir de una posible privatización. En todo caso, eso no debe hacernos olvidar que puede haber riesgos en el futuro. Pero cualquier negociación que se lleva a cabo debe hacerse en el marco de ese Pacto, que es el que tiene que analizar la evolución demográfica y económica, y tomar las medidas necesarias para preservar un sistema que sin lugar a dudas estará sujeto a muchas tensiones financieras.
Ante las dificultades de financiación, que seguramente surgirán, se está planteando, con diferentes argumentos sin duda consistentes, que el presupuesto público complemente los posibles déficit que puedan surgir del sistema de financiación actual. Es una acertada propuesta que debe dar tranquilidad y seguridad, al tiempo que trata de preservar los derechos de los trabajadores, pero que también está sujeta a limitaciones pues la elasticidad del presupuesto tampoco puede servir para todo. Muchas necesidades crecientes también presionarán sobre el presupuesto, lo que provocará restricciones si no se quiere caer en una crisis fiscal del Estado.
En todo caso, lo que sí es importante para una economía futura es que hay que reforzar el sector público, y no disminuirlo como ha venido haciendo en los últimos años el pensamiento económico dominante. Más y mejores impuestos, como acertadamente señalaba el profesor Albert Recio en las recientes jornadas de economía critica celebradas en Zaragoza, es fundamental para garantizar no solamente el sistema de pensiones sino una economía con mejor educación y sanidad pública, con más atenciones a las personas necesitadas, con un grado más elevado de igualdad en derechos y oportunidades. Hay que realizar importantes modificaciones sobre lo que ha sucedido en estos últimos años, y eso requerirá cambios estructurales en muchos ámbitos de la economía, y no solamente en el sistema de pensiones. Veamos las cosas con una visión más global y no solamente parcial. Desde luego que, si nos dejamos arrastrar por los imperativos del mercado, estaremos perdidos si queremos avanzar hacia una sociedad más progresista.
Carlos Berzosa es catedrático de Economía Aplicada y rector de la Universidad Complutense de Madrid desde el 23 de junio de 2003, tras ser Decano los catorce años anteriores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de dicha Universidad.