jueves. 28.03.2024
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Las políticas de extermino contra los indígenas se agudizaron en Brasil durante la dictadura que se instauró en el país tras el golpe de 1964. El goteo silencioso de leyes y decretos que beneficiaron la actividad industrial que devastó una enorme porción del Amazonas, fue apenas el inicio de una larga lista de atentados contra los pueblos originarios; un ataque que no ha cesado y que Jair Bolsonaro ha intensificado desde su llegada al gobierno.

Si en los años 80 miles de indígenas perecieron por la violencia estatal, el desplazamiento o las condiciones de vida que impuso el régimen militar, en el 2020 las causas de la extinción están en las declaraciones xenófobas de Bolsonaro, en su afán por imponer su visión abyecta respecto del origen y el valor de los pueblos ancestrales, en su solicitud para que se invadan reservas, se exploten minerales y se “recupere el territorio” en pos de la actividad comercial.

La responsabilidad de esta segunda ola de crímenes de estado contra los pueblos originarios de Brasil recae en Bolsonaro. El Tribunal Penal Internacional de La Haya ha decidido esta semana tomar con seriedad la acusación que pesa contra el primer mandatario: “Responsable del genocidio indígena”. Las pruebas en su contra son irrefutables. El Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos de Brasil contabiliza más de mil indígenas fallecidos por consecuencia directa de las políticas de Estado dispuestas por el gobierno. La “gripecita” a la que Bolsonaro restó importancia se cobró más de un millar de vidas en las comunidades ancestrales.

La decisión del presidente de Brasil, en medio de la crisis sanitaria global, fue que los miembros de los pueblos originarios no recibieran asistencia médica; una prueba más del desprecio por la vida de quien -más temprano que tarde- deberá sentarse en el banquillo de los acusados.   

El genocidio indígena ya tiene un responsable