Nos gustaría que se pusieran en nuestro lugar; hemos vivido durante años con la sospecha que algo extraño ocurrió con el fallecimiento de nuestros hijos y hoy, estamos encontrando sus sepulturas vacías
En nombre de las Asociaciones y víctimas a las que represento, queremos hacer llegar esta Comisión el profundo sentimiento de desesperación, tristeza y abandono Institucional que sufrimos las familias de niños robados en España.
Nadie que no haya vivido esta situación puede imaginar el dolor y el vacío que se siente ante la pérdida de un hijo pero, hay algo peor aún, la incertidumbre de no saber que ha sido de él. La desesperación por encontrarlos nos convierte en personas vulnerables y nos exponemos, ante los medios de comunicación, con algo tan doloroso como repetir nuestro caso, con la esperanza de que quizás, nuestros hijos nos reconozcan.
Nos gustaría que se pusieran en nuestro lugar; hemos vivido durante años con la sospecha que algo extraño ocurrió con el fallecimiento de nuestros hijos y hoy, estamos encontrando sus sepulturas vacías. Por ejemplo, el caso de la Fiscalía de Vizcaya, un niño del año 93 y exhumado en 2011, tan sólo 18 años después, en su féretro, no se hallan restos óseos o, como en las recientes exhumaciones en 2018, del Cementerio de Cádiz, en las que no aparecen restos óseos en cuatro sepulturas y faltan cinco féretros como, ocurre en tantos otros casos repartidos por toda la geografía española.
Esta escandalosa ausencia de restos, evidencia la extraña pandemia que afectaba a los recién nacidos que no alcanzaban la personalidad jurídica para el Registro Civil. Los Archivos Históricos, a los que hemos tenido acceso se encuentran llenos de fetos. Estos no son casos de la postguerra, de niños enterrados en fosas, son niños que nacieron en Democracia que, suponíamos enterrados en sus cajitas, en nichos y panteones familiares.
Lamentablemente, siempre que intentamos plantear los casos cometidos en Democracia, automáticamente nos remiten a la Memoria Histórica, cuyo alcance legal es 1975, por tanto, todos los casos entre esa fecha y finales de los 90, estamos siempre en un limbo legal del que ningún Gobierno se hace responsable.
Según datos oficiales, recientemente obtenidos por el Defensor del Pueblo, de las 3.000 denuncias registradas, sólo quedan dos casos judicializados en dos Juzgados de Madrid y, la Prescripción, es el criterio unificado por la Fiscalía General del Estado en su Circular 2/2012. El único caso que ha llegado a juicio, el del Dr. Vela, según dice la sentencia, “queda acreditado el robo pero, el delito ha prescrito”. Las víctimas nos preguntamos: ¿cómo puede prescribir un delito permanente que va contra el derecho al origen, sin preocuparse por restituir su verdadera identidad a la víctima?, ¿cómo puede nuestra Justicia archivar y prescribir el daño moral irreparable de tantas familias?
Un año después de emitidas sus Recomendaciones, persiste el bloqueo Institucional como acredita ésta primera y única sentencia. La Justicia española no está buscando a la familia biológica de esta víctima como tampoco busca a nuestros hijos desaparecidos.
A pesar de las múltiples recomendaciones de la ONU y de esta Comisión Europea, esta es la realidad a la que nos seguimos enfrentando las víctimas de este delito permanente contra los Derechos Humanos.
Desde aquí, queremos invocar AMPARO a esta Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para que en el marco de sus competencias, impulsen una Comisión de Investigación por el Derecho a la Verdad, La Justicia y la Reparación, en memoria de las víctimas ya fallecidas, que permita esclarecer todas las denuncias de desaparición de niños en España.
Para estos crímenes no pueden existir prescripciones, ni fronteras, ni impunidad.
Por último, queremos trasladar nuestro agradecimiento a la Comisión por el seguimiento de nuestros Expedientes y a todos los trabajadores de la Delegación que nos visitaron, por trascribir con tanta fidelidad nuestras declaraciones y hacerlas llegar a todos los europarlamentarios.
Ana Cueto, presidenta de AVIDNA
