sábado 21.09.2019

La terrible vulnerabilidad de las mujeres. De machismo y pobreza

La terrible vulnerabilidad de las mujeres. De machismo y pobreza

El alto grado de violencia, el preocupante ascenso de la misma entre adolescentes y la evidencia de que no funciona la orientación de los escasos recursos que existen, imponen la necesidad de abordar este tema con urgencia en el ya entrado 2017

2016 no fue un buen año para las mujeres. Nos dejó una ristra de asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas y una retahíla de violaciones grupales, asesinatos y/o agresiones contra mujeres, solo por el hecho de serlo. A día de hoy, seguimos sin el pacto estatal contra la violencia de género y, por añadidura, la pobreza energética, también con rostro femenino, acumula otra estela de muertes entre la población vulnerable, muchas de ellas con nombre de mujer.  

En materia de violencia contra las mujeres, algunos dirán que exageramos. Los datos oficiales de “víctimas mortales por violencia de género” (según denominación oficial) en el pasado año dieron un balance de 44, cifra inferior a las 60 de 2015. Sin embargo, el alto grado de violencia, el preocupante ascenso de la misma entre adolescentes y la evidencia de que no funciona la orientación de los escasos recursos que existen, imponen la necesidad de abordar este tema con urgencia en el ya entrado 2017. Desde Izquierda Abierta creemos que uno de los principales problemas es que seguimos yendo a las consecuencias y no a las causas. También pensamos que esas causas entroncan con el machismo en su raíz y con él se ramifican en muchas direcciones.

Recordemos que el 7 de noviembre de 2015 se celebró una gran manifestación contra la violencia de género que secundaron todos los partidos políticos, al menos de palabra. Más de dos años después sabemos que aquella unidad no devino en el deseado pacto de estado contra la violencia machista ni en la implementación de medidas que conduzcan a un modelo social que erradique la violencia machista de raíz. En la actualidad, se debate una estrategia (2017-2020) que, según la comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en la Comisión de Igualdad del Congreso “incluirá el primer plan de prevención y sensibilización contra la violencia; reforzará la vigilancia de las nuevas formas de violencia sobre la mujer en las redes sociales y en los entornos digitales, abordará la simplificación de los procesos de denuncia y mejorará el sistema de brazaletes. También solucionará el problema de las pensiones de orfandad de las mujeres víctimas de violencia de género que no habían cotizado o no habían cotizado lo suficiente”. Una vez más, el planteamiento apunta al tratamiento de las dolencias, no a curar el mal en su origen.

Hay quien, intencionadamente, se sigue equivocando”, apunta Montserrat Muñoz, portavoz de Izquierda Abierta. “Mientras el modelo social siga contemplando a las mujeres de forma diferente que a los hombres y que se refleje, por ejemplo, en las medidas de conciliación, que son solo para nosotras, no obtendremos soluciones a dramas como la violencia de género. Si tenemos los mismos derechos, el modelo social debe reflejarlo y es el Estado el que debe garantizarlos. Las mujeres no nacemos con el plus de cuidadoras. Sin embargo, lo parece tal y como nos trata el modelo social”. En este sentido, y como Muñoz, en IzAb entendemos que solo la izquierda es la que aboga por un modelo social compatible con el reclamado por el feminismo y desde ella debemos seguir reivindicando este 2017 una estrategia de unidad y colaboración.

La pobreza tiene rostro de mujer y es una forma de violencia social

El concepto de feminización de la pobreza se acuñó para señalar el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales. A pesar de que se sigue imponiendo la idea de que las vidas de las mujeres están mejorando en todo el mundo, las cifras lo desmienten. Uno de los efectos más evidentes de los programas de ajuste estructural inherentes a las políticas de los últimos años es el crecimiento del trabajo gratuito de las mujeres en el hogar, resultado de los recortes de los programas sociales por parte de los sucesivos gobiernos. Y sus consecuencias se materializan en dramáticos ejemplos como el de la pobreza energética.

En 2016 también vivimos dramáticas muertes de mujeres por cuestiones económicas. La imagen de la anciana de Reus es sólo la punta de un iceberg: más de 5 millones de personas fallecidas al año. Incendios o enfermedades cardiorrespiratorias son los efectos, a veces mortales, de este tipo de indigencia que se ha multiplicado por tres desde 2007 debido, entre otras cosas, a que los gastos de luz y gas en los hogares se han incrementado un 42% desde entonces mientras ha aumentado la brecha entre rentas altas y bajas por la crisis.

La sentencia del Tribunal Superior que considera que el bono social para los más desfavorecidos no lo tienen que costear las eléctricas vuelve a alertarnos sobre las consecuencias de la mercantilización de recursos básicos como la energía, el agua o la salud.

La pobreza en casi todos va coaligada a un problema de renta baja y falta de eficiencia energética derivada de una instalación inadecuada que, en la mayor parte de las ocasiones, procede del modelo constructivo especulativo que sufrimos en los años noventa. Una calefacción poco eficiente supondrá mayor esfuerzo económico; hacerla eficiente, además, inabarcable para unos recursos mensuales bajos. Cabe añadir que el coste de la energía ha subido más de un 70% en la última década mientras la crisis bajaba las rentas. Otro despropósito que ningún gobierno ha abordado y que exige soluciones.

Por todo ello, concluimos desde IzAb que hacen falta varias cosas que no parecen tan complicadas: aún no hay una ley nacional de pobreza que defina quiénes son personas vulnerables, figura que nos pide la Unión Europea a la que no hemos dado respuesta y que permitiría, por ejemplo, la prohibición legal de los cortes de luz a familias sin o con escasos recursos económicos. Además, es necesario regular una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social aplicada conforme a criterios de renta. Tampoco tiene sentido un IVA de un 21% cuando se trata de un servicio fundamental para la ciudadanía, no debería superar el 4%.

Pero también se requieren otras cuestiones más complejas, como un nuevo modelo energético gestionado desde lo público con una planificación de potencia adecuada y que apueste por las energías renovables y una transición energética justa desde la perspectiva laboral. Propuestas de calado que, una vez más, apostamos porque se aborden desde la unión de las izquierdas necesaria para afrontar los próximos meses con justicia e igualdad.

Izquierda Abierta (IzAb)

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