La legislación sobre memoria histórica cita los monumentos construidos para la exaltación del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura franquista, pero las medidas adoptadas se han ceñido a símbolos de menor entidad
La defensa de las víctimas de la limpieza política de 1936-1939 es el punto de partida esencial. Y lo es en la legislación sobre memoria histórica del Estado, de Navarra y del resto de CCAA.
No obstante, esa centralidad necesaria ha convivido con el olvido de los responsables. Se visualizan las víctimas, pero no sus victimarios. Tanto que ni se nombran. El resultado es una memoria incompleta, administrativa o “buena memoria”, que no moleste.
Tampoco, la legislación sobre memoria histórica cita los monumentos construidos para la exaltación del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura franquista. Las medidas adoptadas se han ceñido a símbolos de menor entidad, obviando que monumentos y edificios, al igual que estatuas, bustos, monolitos, escudos, lápidas, placas, dedicatorias y nombres de calles, forman parte de esa exaltación golpista.
Estos monumentos tienen el propósito de exaltación perenne del franquismo y de sus fallecidos y son parte de una memoria negadora de las víctimas, y los actos celebrados en ellos cultivan una dinámica del olvido cuyo fin es instrumentar unos hechos y unos muertos, los suyos, y, paralelamente, marginar y excluir a los otros.
En el caso del monumento “Navarra a sus muertos en la Cruzada”, se suma el enaltecimiento de la cúpula militar golpista mediante el culto a generales como Sanjurjo y Mola, este último autor de llamamientos en pro del castigo despiadado al desafecto.
Por otra parte, sus gestores, cobijados bajo la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, nunca han hecho mención de la limpieza política en la retaguardia navarra; ni siquiera han reconocido que hubiera víctimas. El calendario de sus celebraciones es franquista, e incluye homenajes a asesinos, como Benito Santesteban.
Por todo lo anterior, apoyamos la adopción de los cambios legales necesarios para que el edificio sea derribado.
Quienes defienden la resignificación no se han molestado en sustantivar las características y dimensiones de la limpieza política de 1936, con referencia directa a sus responsables. Tampoco, han dicho una palabra referida al significado del edificio, ni a los actos desarrollados en él por la Hermandad.
Las instituciones, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, han impulsado un debate sobre elementos externos para plantear su resignificación, pero obviando informaciones sustantivas para que aquella descanse sobre un concepto de memoria respetuoso con la verdad de lo sucedido y salvaguarde el honor de los asesinados. Han callado sobre los victimarios y sobre la gestión de la memoria por parte de los vencedores a través del Monumento y de los actos celebrados en él, ofensivos para los familiares de los asesinados. El debate impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona ha evitado estas cuestiones, suplantándolas con debates arquitectónicos y urbanísticos.
Ambas instituciones se han desentendido del artículo 11 de la Ley Foral 16/2018 (que modifica la anterior 33/2013): “El departamento competente de la Administración de la Comunidad Foral y las entidades locales de Navarra, dentro de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos públicos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas o sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenajes”. A pesar de las denuncias contra los actos de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, dichas instituciones no las han investigado.
De hecho, la querella presentada sobre los crímenes del franquismo por los partidos que sostienen al Ayuntamiento de Pamplona es sintomática. La mayoría de los asesinados son de 1936-1937, pero el Ayuntamiento se querelló contra el ministro Martín Villa y una serie de exgobernadores militares y civiles de los años setenta. Curiosamente, también lo hizo contra un gobernador militar que dejó Navarra en enero de 1936, Enrique Padilla López.
Sin embargo, aunque en la querella se hablaba de “responsables directos y mediatos”, no se citaba a los gobernadores militares, a los gobernadores civiles, ni a los delegados de orden público que hubo en Navarra entre julio de 1936 y 1940. Ni, tampoco, se mencionaba a las cúpulas requeté y falangista de aquellos años, ni a los responsables de los escuadrones de la muerte, ligados a la Comunión Tradicionalista y a la Falange; menos aún, a la participación decisiva de la Iglesia.
Todo ello en conformidad con el informe pericial que sustentaba la querella, elaborado por el equipo de investigación de la UPNA de Memoria Histórica, en el que tampoco se habla de responsables, como si estos fueran ajenos a asesinados y represaliados.
Idéntica actitud metodológica se ha dado en la revisión de contenidos del Museo del Carlismo. En el Informe, elaborado por el mismo equipo de la UPNA, de septiembre de 2017, se menciona vagamente el papel del carlismo en la actividad represiva en 1936-1937. Se menciona, sí, faltaría más, la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, pero en su desarrollo no se cita la cárcel de Escolapios, ni al Tercio Móvil, ni la estructura represiva del Requeté, y en el apartado gráfico solo se visualizan las fotos de Esteban Ezcurra y de aquel órgano colegiado.
Con la represión del magisterio navarro el espectáculo es, tristemente, similar. No se cita ni a la Junta Superior de Educación, factótum en la represión. Tampoco el crimen de Gaztelu, cuyas víctimas siguen sin estar incluidas entre los asesinados.
Este panorama institucional se enmarca en la tendencia a evitar incomodidades dentro de la sociedad pamplonesa y navarra; desviando la atención hacia agentes exteriores sobre la responsabilidad en los millares de asesinatos y encarcelamientos de aquellos años. Tal vez, las responsabilidades que pudieron tener familiares de las actuales generaciones esté actuando como elemento que soslaye lo ocurrido. Evidentemente, es una realidad dura, sí, pero también necesaria de asumir para conocer toda la verdad y hacer justicia con las víctimas. Una verdad de la que no somos responsables, salvo que pretendamos mantener la omertá, esa ley del silencio prolongada durante décadas.
La falta de un relato integral de lo sucedido invalida de raíz las opciones resignificadoras, porque estas son imposibles sin el primero, salvo si se pretende una memoria amputada de sus aristas más incómodas, e inútil como ejemplo para las nuevas generaciones. Una memoria supeditada a la hegemonía cultural de la derecha navarra en temas clave de nuestro pasado y presente; una memoria marcada por la servidumbre a la violencia simbólica generada por la misma. Que la Hermandad, gestora de la cripta y de las misas apologéticas, tengan hoy la capacidad de llevar a juicio a quienes pretendían dar a conocer la verdad de lo que ocurre, es prueba suficiente de que las 'resignificaciones' propuestas tienen los pies de barro.
Fernando Mikelarena, Víctor Moreno, José Ramón Urtasun, Carolina Martínez, Clemente Bernad, Carlos Martínez, Txema Aranaz, del Ateneo Basilio Lacort
