Recientemente se ha filtrado un borrador del Tribunal Supremo de los EEUU donde se deroga la actual sentencia de legalización de Roe frente a Wade, para abrir la posibilidad de su prohibición, ya iniciada en buena parte de los estados con gobierno republicano.
Las consecuencias serán la vía libre para su ilegalización en los Estados republicanos, que aumentará los obstáculos, en particular, para las mujeres trabajadoras y más pobres, que se verán abocadas a un costoso viaje o a un peligroso aborto en la clandestinidad. Un grave retroceso en los derechos de la mujer.
Todo debido al avance del fundamentalismo de los grupos evangélicos en los USA, muy ligados a la nueva derecha, particularmente en los estados con gobiernos del partido republicano. Un ejercicio más de hipocresía religiosa, ya que el aborto se seguirá realizando, pero será más peligroso, más difícil y más caro para las mujeres. En definitiva, un nuevo factor de división en los EEUU, esta vez por una cuestión de género y de clase.
Se trata, en definitiva, de reconocer el derecho a decidir de la mujer y de proteger su salud en unas condiciones sanitarias adecuadas y como prestación pública universal
En paralelo, también se ha filtrado que el ponente del Tribunal Constitucional español probablemente proponga avalar la ley de plazos del gobierno de Zapatero de 2010. Algo que pone en valor la última renovación parcial del Tribunal, tan denostada públicamente, que por lo pronto parece haber supuesto un cambio favorable en favor del consenso, con respecto al clima populista que dió lugar al dogmatismo y la polarización del tribunal, en los recientes fallos contrarios al estado de alarma.
En este contexto, el gobierno de coalición está tramitando la elaboración de un nuevo proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que, entre otros cambios, pretende superar las barreras a la realización de la interrupción del embarazo desde los dieciséis años, con mayores garantías de la prestación en centros públicos frente a la sistemática objeción de conciencia de los profesionales, utilizada como un derecho de veto colectivo en la actualidad, la introducción de nuevos derechos de salud menstrual y el adelanto en la fecha del permiso retribuido antes parto, además de anticiparse con el nuevo texto a una posible derogación de la actual regulación del aborto por parte del Tribunal Constitucional.
El problema ha sido la falta de compromiso de los gestores sanitarios para el cumplimiento de la ley actual, y más en concreto, para la realización del aborto terapéutico en los mismos hospitales públicos donde se ha diagnosticado. Sin embargo, la última pretensión de ley preventiva parece poco probable, cuando ésta apenas ha iniciado su tramitación y por tanto no podrá aprobarse antes de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y aunque así fuese, que en el caso de derogación de la ley actual, se pueda reponer lo afectado por la sentencia sin entrar en los supuestos de un fraude de ley.
El derecho al aborto
Los derechos sexuales y reproductivos han seguido avanzando en los organismos internacionales como la OMS en paralelo con los derechos de la mujer, así como en un buen número de países. Los últimos avances del feminismo se han traducido también en nuevos derechos y legislación en América Latina.
Una gran parte de lo que los antiabortistas, que no 'provida' porque provida somos todos, llaman vida humana desde el mismo instante de la concepción, y que no es viable al margen de la madre, no llega a término por razones puramente biológicas. Otra parte, también desde el principio de la humanidad, se ha interrumpido por razones económicas y sociales, con graves riesgos para la mujer, primero por desconocimiento y más recientemente al ser considerada ilegal y en consecuencia por realizarse en la clandestinidad.
El derecho al aborto nace con la lucha feminista y el reconocimiento de los derechos de la mujer. En España nace con los avances sociales y de libertades, en el último tramo de la Segunda República en 2017 con un gobierno presidido por Francisco Largo Caballero en la que se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo. En la dictadura franquista, un régimen sin derechos civiles ni políticos, fue objeto de prohibición y de sanción penal y en consecuencia el aborto ha sido durante cuarenta años clandestino y peligroso para la gran mayoría de las mujeres y con un menor riesgo para la minoría de las que se lo podían pagar, obligadas a viajar y a realizarlo en el extranjero.
Ha tenido que ser ya en la democracia, como en tantas otras cosas, en la que se ha logrado su despenalización parcial con una ley de indicaciones para las condiciones extremas de violación, peligro para la vida de la mujer y malformación fetal, sin llegar al reconocimiento del derecho ni a la decisión libre de la mujer. La presión del movimiento feminista ha convertido la indicación del peligro para la salud de la madre, en el marco de la interpretación amplia de la OMS, entendida como bienestar físico, psicológico y social, en definitiva a una puerta abierta a la libre decisión de las mujeres. Los colectivos antiabortistas han reaccionado bloqueando su realización en los centros públicos mediante la generalización de la objeción de conciencia, y por otro lado denunciando a los centros privados y acosando a las mujeres.
La ley de plazos
En este sentido, la ley de plazos de 2010 del segundo gobierno de Zapatero supuso un punto de inflexión al reconocer el aborto como un derecho de las mujeres en las primeras catorce semanas, a los que se añade la posibilidad de interrupción según las indicaciones de la ley anterior hasta la veintitrés semana de gestación. Con ello, el aborto en España, como en otros países del mundo, ha sido incluido dentro de los derechos de salud sexual y reproductiva de la mujer.
Más tarde, el drástico intento de contrareforma de Gallardón, que pretendía retroceder en el derecho a decidir e incluso suprimir una de las indicaciones de la ley de los años ochenta, en concreto en los casos de malformación fetal, amparándose en los derechos de las personas con diversidad funcional, sin embargo, al final se ha quedado tan solo en una mínima reforma restringida al consentimiento paterno en el caso de menores de edad entre los dieciséis y los dieciocho años.
En la actualidad, si bien con una ley muy avanzada en el contexto internacional, las barreras de la objeción de conciencia impiden su realización en la sanidad pública, convirtiendo el aborto en una prestación que se deriva con carácter general en el ámbito privado, incluso en aquellas interrupciones clínicas incluidas como obligatorias en la ley de 2010, con la pasividad sino la connivencia de los gestores y de los consejeros de sanidad de las CCAA. Lo mismo ocurre con sus aspectos más desconocidos como los relativos a la educación sexual en las escuelas y a la formación de los futuros profesionales de la salud.
Por eso, hoy existe un fundado temor a que la presión de los fundamentalistas norteamericanos se traslade a Europa y España, incrementando la presión contra las mujeres y contra las clínicas privadas y animando a los sectores más conservadores de la política y de la judicatura.
El fundamentalismo de Hazte Oír es compartido en el ámbito político por el fundamentalismo de Vox, que se añade al sistemático rechazo del PP al derecho al aborto. En el caso de la presión de los grupos antiabortistas, ha obligado recientemente a la aprobación de una ley para castigar estas conductas de acoso. Por fortuna la formación de la ponencia y la sentencia del TC sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley de aborto se ha retrasado durante una década, hasta que con la renovación de una parte del Tribunal se ha nombrado un nuevo ponente y se ha comprometido un plazo para la sentencia antes del verano, si bien con la condición de un amplio consenso para su aprobación.
Se trata, en definitiva, de reconocer el derecho a decidir de la mujer y de proteger su salud en unas condiciones sanitarias adecuadas y como prestación pública universal.
