Hace tiempo, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) venimos señalando los problemas y consecuencias de la deriva privatizadora del sistema sanitario de nuestro país, y aunque inicialmente la mayoría de las evidencias sobre sus nefatos resultados provenían de otros países pero pasados los años tenemos muchas pruebas aquí que nos permiten no solo ratificar las primeras impresiones, sino además señalar nuevos efectos negativos de la llamada eufemísticamente “colaboración público-privada” (CPP) en la provisión sanitaria.
Desde la experiencia contrastada se pueden señalar las siguientes cuestiones:
Incremento de los costes. La experiencia en las concesiones administrativas y los centros semiprivados (PFI: Iniciativa de Financiación Privada) en España recoge unos sobrecostes entre 5 y 11 veces respecto a la alternativa de gestión pública directa, que, en parte se explican por la necesidad de estos centros de gestión privada de obtener beneficios/rentabilidad para sus propietarios.
Hipotecan la política sanitaria. El incremento de costes acaba repercutiendo negativamente sobre los recursos disponibles para los centros de gestión directa, de esa manera al aumentar las privatizaciones lo que queda del sistema público se empobrece continuamente. Al final, al incrementar los costes de la asistencia los centros privados detraen fondos de la alternativa pública.
Mala calidad de la construcción y equipamientos. La construcción se realiza con materiales baratos, lo que hace que tengan unas malas infraestructuras; tal y como se demostró en la inspección de trabajo realizada en los centros PFI construidos en la época de Esperanza Aguirre y en los numerosos incidentes en estos centros (roturas, inundaciones, desprendimientos, etc.).
Disminuyen el número de camas. A pesar de que el número de hospitales privados sea considerablemente mayor que el de los públicos (431 frente a 341 en 2020), esto no se ve reflejado en el número de camas. Se estima que solo el 32% (49.748) del cómputo total de camas en España pertenecen a hospitales privados.
Tienen menos personal sanitario y el no sanitario está precarizado y menos cualificado. En estos hospitales la media de personal sanitario es casi 2 veces inferior a aquellos hospitales íntegramente públicos. Asimismo, las plantillas de estos hospitales se suelen cubrir mediante el traslado del personal de hospitales públicos, lo cual hace que haya una disminución en la plantilla.
Empeoran las condiciones laborales. Relacionado con el punto anterior, esta precariedad laboral que ocasiona la subcontratación del personal no sanitario repercute en un empeoramiento de las condiciones laborales generales de estos trabajadores, lo que también se expresa en menores retribuciones y más horas de trabajo.
Externalizan aspectos claves. Tienden a externalizar las pruebas de laboratorio, lo que produce sobrecostes de las pruebas, así como a privatizar aspectos no estrictamente asistenciales como el control y la planificación de los servicios sanitarios, a lo que debe unirse la formación continuada.
Aumentan los costes para la población. El empeoramiento de las construcciones y materiales, la externalización a empresas privadas de servicios públicos, y el empeoramiento en las condiciones del personal sanitario (entre otras) son artimañas para llenar los bolsillos de unos pocos y que siempre acaban desfavoreciendo a los mismos: la población general que necesita esos Hospitales.
Acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio básico. Aunque la mayoría de las adjudicaciones suelen realizarse de manera inicial a UTEs con presencia de múltiples empresas, algunas de ámbito local; en poco tiempo se acaba produciendo una venta de la participación de estas a grandes multinacionales del sector. De esta manera se están creando grandes oligopolios de provisión privada gestionados por multinacionales del sector y/o de capital/riesgo.
Favorecen las corruptelas. Es bien sabido que hay numerosos casos abiertos por la Fiscalía Anticorrupción que están directamente relacionados con gestiones en centros de CPP.
Empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud. La CPP fue presentada en España como una alternativa a la gestión pública menos costosa, menos burocrática y más eficiente; pero ha resultado ser todo lo contrario a lo que vendieron: las ventajas burocráticas son inexistentes, los costes de las CPP son mucho mayores y siempre implican sobrecostes, además de que la transparencia y la calidad son totalmente inexistentes. Hay bastante literatura internacional sobre el peor funcionamiento y resultados sanitarios de los centros de gestión privada frente a los de gestión pública y/o no lucrativa (EEUU, Reino Unido, Italia, España), pero más recientemente (The Lancet julio 2022: Outsourcing health-care services to the private sector and treatable mortality rates in England, 2013–20: an observational study of NHS privatisation) ha identificado un mayor grado de privatización con un aumento de la mortalidad evitable en el Reino Unido, abundando como posibles causas en las señaladas anteriormente: selección de riesgos por parte del sector privado, menos personal, etc.
Control escaso o inexistente. Aunque teóricamente los contratos establecen mecanismos de control y un sistema de sanciones por incumplimiento, los hechos demuestras que el control es mínimo o inexistente porque existe de hecho una colusión de intereses entre las administraciones que favorecen la privatización con las empresas, lo que produce que, a pesar de incumplimientos fehacientes y reiteradamente denunciados por organizaciones sindicales, sociales y políticas, las sanciones suelen se mínimas.
Las llamadas colaboraciones público-privadas son un primer paso para la privatización total. Los modelos de colaboración público – privada no son más que intentos por desgastar y empeorar la Sanidad Pública, y por beneficiar a las empresas privadas que tienen intereses en esta, es decir, en realidad deberían llamarse financiación pública para negocios privados.
Se ha visto como claramente estos modelos no funcionan bien, son opacos y de dudosas intenciones. Por lo tanto, habría que plantearse 2 cuestiones: la primera es paralizar el flujo de nuevas privatizaciones y la segunda es la reversión de las existentes.
Creemos que hay pruebas más que sobradas para seguir defendiendo la gestión pública de nuestros centros sanitarios, pues son la clave para garantizar una Sanidad Pública de calidad, universal y económicamente sostenible, por ello no se entiende como desde el Gobierno no se actúa con contundencia para frenar este verdadero cáncer para la Sanidad Pública.
Marciano Sánchez Bayle y Madalina Crisbasianu, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
