La insistencia del Partido Popular en criticar la manifestación de Madrid en favor de la Sanidad Pública del pasado 13 de noviembre, responde a la concepción que este partido político tiene de hacer política: uso de las instituciones para ejercer el poder y el control en beneficio de los más poderosos o de los intereses particulares del partido.
Esto está demostrado en dos sentidos: por una parte, la intencionalidad, cada día más evidente, de deteriorar sistemáticamente la Sanidad Pública y, por tanto, uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, en beneficio de los intereses económicos de empresas afines que buscan un nicho de negocio en los seguros sanitarios privados; por otra parte, el hecho de que el mayor logro del Partido Popular en España haya sido el de ser el partido político más corrupto de Europa.
Las manifestaciones ciudadanas, en favor de sus derechos o en defensa de los servicios y políticas públicas, son un ejercicio político habitual en democracia que debería estar normalizado en un país avanzado como España. Siempre responden a preocupaciones, reivindicaciones, intereses o reclamaciones de sectores sociales que consideran la necesidad de intervenir en la agenda política para mejorar o corregir la acción de gobierno de los responsables políticos en cada caso y administración.
Las manifestaciones ciudadanas, en favor de sus derechos o en defensa de los servicios y políticas públicas, son un ejercicio político habitual en democracia que debería estar normalizado
Lo preocupante en una democracia es que existan partidos políticos que pretenden la criminalización sistemática de las manifestaciones ciudadanas o la simplificación de los motivos que llevan a la movilización, reduciéndolo al básico concepto de manipulación por parte de los adversarios políticos. No es casual que esto lo haga el Partido Popular, tiene una intencionalidad: la infantilización y la ridiculización de las respuestas ciudadanas como estrategia de enfrentamiento, obviando que la gente tiene criterio propio cuando algo no funciona correctamente o cuando un servicio público se está desmantelando, con independencia de que su opción de voto sea la izquierda o la derecha.
La satisfacción en los partidos políticos de izquierdas por el éxito de la manifestación de Madrid por la sanidad pública es lógica, son las únicas fuerzas políticas que defienden los servicios públicos y el estado de bienestar. Son las derechas las que, desde su lógica, se muestran contrarias y contrariadas ante este tipo de manifestaciones, porque desde su posición reaccionaria y antisistema, estarían más cómodas sin que la ciudadanía protestase y simplemente asumiera las condiciones de lo establecido.
Lo que ignora la derecha, de forma sistemática, es que la paciencia de la ciudadanía se agota, aunque también asume, implícitamente, que la fuerza de las protestas en la calle, tienen su repercusión en la agenda política y consecuencias negativas en los procesos electorales. Por ello, aunque el Presidente Alfonso Fernández Mañueco haya respaldado la posición de la Presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el fondo sabe que lo que ha ocurrido en Madrid también puede ocurrir en Castilla y León, porque desde hace años la situación de Sacyl es de deterioro permanente, tanto en dotación de personal suficiente, como en gestión de listas de espera, como en condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras sanitarias de la sanidad pública de Castilla y León.
Las derechas desde su posición reaccionaria y antisistema, estarían más cómodas sin que la ciudadanía protestase y simplemente asumiera las condiciones de lo establecido
Las plataformas ciudadanas por la sanidad pública, que existen en nuestra comunidad, vienen señalando desde hace tiempo, las carencias del sistema y solo es necesario comprobar el éxito de la manifestación de Madrid para comenzar a pensar en la posibilidad de que en Castilla y León, más pronto que tarde, dichas plataformas junto con otros actores sociales y políticos, comiencen a coordinarse para intentar una respuesta ciudadana de similares características, ante la sangrante situación de la sanidad en nuestra comunidad autónoma.
En la provincia de Ávila el diagnóstico de la situación lo tienen establecido las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública del Valle del Tiétar y de Piedrahita-Barco. Entre otras carencias, tienen detectadas: falta de médicos en atención primaria y en especializada por las pésimas condiciones laborales que se ofrecen; dificultades en el seguimiento de enfermos crónicos; retraso de varios días en citas en la atención primaria y de más de un año en las especialidades; no se cubren las bajas de los profesionales sanitarios provocando retrasos, empeoramiento de la calidad asistencial y estrés en los profesionales; peligrosas condiciones de traslado de pacientes a los hospitales de referencia con distancias superiores a 100 km.; falta de medios de transporte sanitario urgente (ambulancias medicalizadas) y para tratamientos oncológicos; falta de servicio farmacéutico en algunos pueblos y en determinadas fechas del año.
En Castilla y León, más pronto que tarde, dichas plataformas junto con otros actores sociales y políticos, comiencen a coordinarse para intentar una respuesta ciudadana
Desde hace muchos años son conocidas algunas de las reivindicaciones y propuestas que, desde diferentes ámbitos se han propuesto para la situación de la sanidad en Ávila, y para las que siguen sin llegar las respuestas necesarias y a tiempo: cubrir con celeridad y eficacia las bajas del personal sanitario; supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de traslado de pacientes por parte de las empresas subcontratadas; construir un hospital comarcal en el Valle del Tiétar; mejorar el convenio de colaboración con el hospital de Talavera de la Reina; crear un convenio de colaboración con el hospital de Béjar; aumentar la capacidad técnica próxima para diagnósticos y terapias; implantar la atención pediátrica en todas las zonas de salud; dotar a todos los pueblos de cobertura y medios para el uso de internet; dotar de dispositivos y medios próximos en las zonas rurales para el tratamiento de enfermedades crónicas relacionadas con la edad avanzada de sus habitantes.
Con todo ello, se dan las condiciones objetivas para comenzar a darle continuidad a las movilizaciones ciudadanas recuperadas en Madrid por la Marea Blanca, tanto en el conjunto de Castilla y León como en la provincia de Ávila. La coordinación entre las dos plataformas por la sanidad pública existentes en la provincia, Valle del Tiétar y Piedrahita-Barco, junto con la que debería crearse en la ciudad para completar la capacidad organizativa y de convocatoria, garantizarían la movilización ciudadana necesaria para exigir que la situación inaceptable de la sanidad pública de nuestra provincia comience realmente a cambiar y mejorar.
