Las cinco organizaciones con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT-UNIÓN PROFESIONAL y UGT) muestran de nuevo su queja unánime ante la política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid que rebaja en 781 millones de euros la inversión en Sanidad Pública, con respecto al gasto real de 2019 y opta por destinar unos presupuestos “claramente insuficientes” para satisfacer las acuciantes necesidades de inversión.
Tomando como referencia los datos del PIB estimado para 2022 y teniendo en cuenta que se destinarán a todo el gasto sanitario de la Comunidad de Madrid un total de 8.783 millones, la cifra supone un 3,57% del PIB, lo que equivale a 1.340 euros per cápita (datos de población del INE a 1/1/2021), situándose muy por debajo de la media por habitante en los presupuestos sanitarios del resto de comunidades autónomas en 2021 (1.612,31€).
Con estos datos, Madrid es la región que menos invierte en Sanidad, muy lejos del 8,6% de Extremadura, del 7,6% de Murcia o Asturias, incluso por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 6% (según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad).
El gasto real en la Comunidad de Madrid en el año 2019 fue de 9.654 millones. La propuesta de presupuesto para 2022 es de 8.873 millones de euros, lo que supone 781 millones menos.
“Esta bajada del porcentaje de inversión para el año 2022 es completamente ilógica, si tenemos en cuenta el incremento de costes que supone la pandemia y la recuperación de la actividad asistencial pendiente, a medida que se vaya superando la misma, así como las necesidades de inversión aplazadas, para mejorar la situación crítica en la que actualmente se encuentra la Atención Primaria madrileña y recuperar los derechos laborales y las retribuciones de los profesionales”, denuncian los sindicatos.
La inversión prevista para Atención Primaria por el Gobierno regional también es “insuficiente”. Para el año 2022 los presupuestos incluyen para AP un aumento de 76,6 millones respecto al 2019, es decir, un incremento del 3,9% respecto a ese año, menos de la mitad del incremento global de los presupuestos de sanidad en este periodo (8,5%). "Esta cantidad ni siquiera alcanza para cubrir los 83 millones prometidos por la presidenta desde el 2020 y, por supuesto, no aparecen reflejados los 200 millones prometidos para los dos años siguientes", señalan.
A esto se suma el anuncio de despido de unos 7.500 profesionales contratados desde marzo 2020 en hospitales, SUMMA y Atención Primaria.
Fotografía: Cartel en el EAP Vicente Soldevilla (Vallecas) Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad CAS
