martes. 05.03.2024
Pobre gente
Sede del Consejo General del Poder Judicial

En la novela de Bruno Arpaia titulada Il fantasma dei fatti, sir d’Arcy Osborne afirma: “Mussolini tenía razón al decir que los italianos han sido siempre pobre gente.” En España la derecha posfranquista como en los años del caudillaje que tanta nostalgia despierta en el conservadurismo carpetovetónico hispano, lo sustantivo en la lucha política consiste en rebajar a las mayorías sociales a la categoría de pobre gente. Todo ello, es la manifestación plástica y ya sin atrezo, es decir, sin ningún tipo de pudor ante la ciudadanía, de una avanzada descomposición sistémica que parte del anacronismo de las vejaciones al pensamiento de Montesquieu infligidas por el franquismo, y que tuvo hechuras perversas en la univocidad conceptual del poder que se concretaba en el precepto: unidad de mando y diversidad de funciones. Las Cortes, los tribunales, el Ejecutivo tenían diferentes tareas, pero siempre mirando a la lucecita del Pardo. Franco fue finalmente vencido por la biología, derrota que padeceremos todos, pero el Estado, los intereses y las influencias fácticas a las que cobijaba la arquitectura del régimen, superó el trance con ese enjalbegado llamado Transición.

La normalización de la idea que los jueces y los procesos judiciales no pueden ser cuestionados, como si el Poder Judicial debiese ser inmune a la crítica en un Estado de derecho y la verdad judicial debiese aceptarse como verdad única e irreversible y definitiva, aceptar este prejuicio, que protege a los intereses fácticos posfranquistas nos degrada a la categoría de pobre gente. Tampoco hay mucho recorrido para la sorpresa cuando la propia Constitución española de 1978 omite de forma clamorosa el principio de imparcialidad de los jueces, mientras que, paradojas de la vida, lo prevé expresamente en el caso del Ministerio Fiscal y de los propios funcionarios públicos al servicio de la Administración. Quien ha de ser el más imparcial (el juez) es al que la Constitución menos se lo exige. Paradojas constitucionales.

La normalización de la idea que los jueces y los procesos judiciales no pueden ser cuestionados, aceptar este prejuicio, nos degrada a la categoría de pobre gente

Por todo ello, la derecha considera que el único poder legítimo en el régimen del 78 es el conservador posfranquista que el PP y Vox representan y si en el Congreso hay una mayoría malquista con el poder fáctico del sistema, es una mayoría que, por democrática, es necesario malparar mediante incriminación a través de los recursos de la unidad de mando y diversidad de funciones. Las actuaciones manifiestamente parciales de algunos miembros del poder judicial y que en todos los casos los protagonistas no solo no reciben ningún tipo de amonestación pública sino que ni siquiera se les descabalga de su influyente destino para que sigan, como consecuencia, con su dudosa actuación, lo cual significa que los poderes fácticos le reconocen una labor necesaria para el Estado. 

En un régimen político como el del 78 con una fuerte tendencia estructural a las inercias antidemocráticas, el gobierno de coalición en circunstancias muy difíciles ha tenido que soportar toda la presión de las excrecencias fácticas que limitan la voluntad popular y, sin embargo, ha realizado una política económica y social volcada al interés general singularmente de las clases populares y medias. Empero, la máquina fáctica y conservadora intenta crear una imagen satánica del presidente Sánchez muy ajena a la realidad pero que se quiere imponer por reiteración y amplificación en los medios sumisos.

El gobierno de coalición en circunstancias muy difíciles ha tenido que soportar toda la presión de las excrecencias fácticas que limitan la voluntad popular

Este fenómeno reaccionario ha reconstruido los añosos paradigmas mentales del franquismo que sirvieron como instrumento de represión ideológica. Sus efectos fueron excluyentes, criminalizando al opositor político al convertirlo en enemigo de España, alzando contextos de buenos y malos españoles para resituar y reducir al adversario en la vida pública a escenarios delincuenciales y de marginalidad. Como afirmaba Max Gallo en una coyuntura contenciosa de la vida pública francesa, no es lo mismo operar en la realidad con la idea de una Francia de De Gaulle que con una Francia de Pétain. De igual modo no es lo mismo operar con la idea de una España azañista que con la de una España franquista. Hay una trampa psicológica en esta autodefinición como constitucionalistas de la derecha y un efecto mágico. Las propuestas anticonstitucionales en nombre de la constitución, suponen una estrategia para confundir a la opinión pública y un epifenómeno mágico de índole material en el convencimiento de que la constitución sólo tiene validez en los aspectos que impiden la redistribución del poder real y la continuidad de los intereses y las influencias del franquismo sociológico. Un auténtico peligro para la democracia.

El ecosistema conservador siempre ha mostrado poca comprensión para todo aquello que no fuera concebir la verdad como coincidente con sus deseos e intereses lo que le lleva a una visión restrictiva y reduccionista de los problemas y que las soluciones sean cada vez más exóticas ya que, como afirmaba Ortega, lo menos que podemos hacer, en servicio de algo, es comprenderlo.

 

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