La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha anunciado la intención del Gobierno de España de poner sobre la mesa una iniciativa legislativa que establezca el derecho de los trabajadores y trabajadoras a participar en la toma de decisiones de las empresas y en el capital de las sociedades.
Yolanda Díaz ha puesto como ejemplo y referencia los dos niveles de participación que existen en Alemania. En ésta los trabajadores “codeciden” sobre asuntos que afectan a la organización del trabajo a través de los poderes conferidos al comité de empresa (Betriebsrat) -del que por cierto hay que subrayar que su función en Alemania es muy diferente a España, ya que en aquel país el Comité de Empresa no tiene competencias para negociar el convenio colectivo ni tampoco para convocar huelga-. Y participan además a través del Consejo de Vigilancia (Aufsichtsrat) que en las grandes empresas o grupos empresariales “codecide” incidiendo en los acuerdos de su Consejo de Administración. Un modelo, el alemán, que ha servido de referencia en otros países del centro y norte de Europa.
Ha llegado pues la hora de situar con fuerza la creación de nuevos y sólidos instrumentos de información y participación en las empresas
Pero a la hora de abrir este proceso en nuestro país es necesario tener en cuenta desde dónde partimos en nuestras relaciones industriales y laborales en relación con la participación de los trabajadores y trabajadoras en la marcha de la empresa. Tal objetivo, la participación, no ha formado parte de la cultura empresarial, a diferencia de otros países europeos, y tampoco ha constituido una prioridad en la estrategia sindical la conquista de nuevos derechos de participación de los trabajadores, ni de sus sindicatos, en la marcha de la empresa. Así lo muestran los escasos resultados alcanzados en esta materia en la negociación colectiva. Incluso en la gran mayoría de los convenios colectivos han quedado sin desarrollar los tímidos avances que en materia de participación se han ido incorporando durante décadas en los Acuerdos Confederares para la negociación colectiva, que apenas se han aplicado en las empresas.
El sindicalismo español es consciente de que hoy precisa corregir este déficit. Más allá de la iniciativa legislativa que ha anunciado la Ministra de Trabajo, en la negociación colectiva hay que avanzar en la conquista de nuevos espacios de participación de los trabajadores y sus representantes en las empresas. Empezando por corregir lo que sería “de primero de párvulos de participación sindical”, el Articulo 41 del Estatuto de los Trabajadores, referido a las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Es ciertamente un contrasentido que aún hoy en la mayoría de los convenios siga la disposición de que “la organización del trabajo es potestad exclusiva de la empresa”. Porque estas carencias no dejan de resultar sorprendentes, y un contrasentido, cuando el "empowerment", el empoderamiento, ha penetrado hasta lo más profundo de las aspiraciones de nuestra sociedad a todos los niveles y es uno de los ejes reivindicativos en todos los ámbitos políticos, sociales y culturales, en los que se reclama el valor de la voz como ciudadanos, consumidores, usuarios, electores etc.
Ha llegado pues la hora, por el bien de las empresas y su competitividad, y sobre todo por el bien de sus trabajadores y trabajadoras, de situar con fuerza la creación de nuevos y sólidos instrumentos de información y participación en las empresas, de nuevos espacios comunes donde nazcan propuestas de mejora de la organización, de la competitividad y de la humanización de las condiciones de trabajo.
Es hora de reconocer socialmente que la empresa es el núcleo central de nuestra economía. Y el trabajo la base de nuestra sociedad. Es condición necesaria entender la empresa como un bien común y no tan sólo una propiedad de sus dueños y ejecutivos. Para todo ello es imprescindible la conversación democrática, más liderazgo participativo, más imaginación, más humildad y ética en la gestión empresarial, y sobre todo mucha, muchísima, más participación de los trabajadores y las trabajadoras, porque ésta siempre mejora la empresa y con ello la sociedad.
Junto a la iniciativa legislativa anunciada por la Ministra de Trabajo, que no debería ahorrar esfuerzos para que se haga realidad, es imprescindible acompañarla con la movilización social y una nueva y mejor negociación colectiva que permita, más allá de la presencia de representantes sindicales en los Consejos de Administración de las grandes empresas, hacer realidad instrumentos de participación real de los trabajadores y trabajadoras y sus sindicatos en la marcha de la empresa, que contribuyan a superar esa vieja empresa autoritaria que defiende con uñas y dientes nuestra anticuada derecha política y económica.
