La posición crítica de los sindicatos ante el paro de una parte de la patronal del transporte ha servido de pistoletazo de salida a la ultraderecha para redoblar su ofensiva contra los sindicatos de clase cuestionando su legitimidad. Una campaña que no es nueva pero que arrecia en la medida que la reforma laboral y la apertura del pacto de rentas acreditan la consolidación de la influencia sindical, en contraposición con el fiasco de la insignificancia entre los trabajadores de la alternativa ultraderechista de la asociación 'solidaridad española'.
Por eso se sirve del fraccionamiento de los trabajadores que antes eran asalariados y a consecuencia de las externalizaciones y deslocalizaciones empresariales se han convertido en autónomos y falsos autónomos, atrapados en una tenaza entre sus antiguas empresas y las distribuidoras y comercializadoras, para pescar en el río revuelto del "no nos representan" de una parte de estos autónomos y falsos autónomos, que organizados en la plataforma del transporte populista cuestionan el sistema democrático de representación y a las organizaciones presentes en el Comité Nacional del Transporte.
Agitando además la confusión entre el paro patronal y la huelga de trabajadores propiamente dicha, que tiene su origen en la propia constitución de su modelo híbrido, más cerca de una asociación de autónomos que de un sindicato, denominado pretenciosamente solidaridad española, para reprochar la ausencia de los sindicatos de clase de las movilizaciones así como sus declaraciones críticas con respecto a las acciones violentas de algunos transportistas contra los conductores asalariados. Llegan al extremo incluso de achacarles junto a la izquierda parlamentaria la responsabilidad de los casos de violencia por su participación en la derogación del artículo 315 del código penal sobre los piquetes, ocultando que sigue estando vigente como delito de coacciones en el artículo 172.
Para ello, se aprovechan del malestar social provocado por el fuerte rebote de la inflación a la salida de la pandemia y la repercusión añadida en el precio de los combustibles y de la energía a consecuencia de los efectos de la invasión de Ucrania y de las sanciones contra Rusia, para continuar con el relato apocalíptico de ruina y miseria, al que solo les falta añadir los piojos de la definición franquista. Y asimismo para poner en duda el compromiso de las organizaciones sindicales con los trabajadores y sobre todo para negar su derecho a recibir apoyo público para realizar las tareas de representación y negociación que constitucionalmente tienen encomendadas. Como si tales ayudas públicas no formasen parte de sus propios estatutos y de la práctica de su sindicato y como si no fuese también algo comúnmente aceptado en Europa y en general en el ámbito democrático.
Ahora les toca a los sindicatos y luego vendrá la ilegalización de los partidos políticos. Estemos atentos.
De nuevo utilizando la corrupción como ariete contra los representantes de los trabajadores, copiando lo que en su momento se hizo desde posiciones populistas contra la política institucional y en particular frente a las instituciones representativas, a pesar de las evidencias en contrario de que los casos de corrupción han sido ciertamente una vergüenza, pero la excepción a la norma de la honorabilidad de la representación sindical, eso sí si nos atenemos a los datos constatados por los informes de la fiscalía y del poder judicial y no a sus interesadas campañas calumniosas de desprestigio.
El recrudecimiento de la campaña antisindical responde al fiasco de la derecha y la ultraderecha en su intento de hacer fracasar la reforma laboral, primero con su campaña personal contra Garamendi intentando evitar el apoyo de la patronal y al final utilizando la corrupción política del transfuguismo, que en sus declaraciones consideran legitima, para evitar su convalidación.
Pero ante todo se trata de debilitar a las organizaciones representativas y a los sindicatos en particular por el papel esencial que les tocará jugar en estos días tan difíciles con respecto al próximo acuerdo salarial interconfederal y más aún con respecto al estratégico pacto de rentas.
Ahora les toca a los sindicatos y luego vendrá la ilegalización de los partidos políticos. Estemos atentos.
