Estos son los 8 pueblos que quedan en España con topónimos franquistas
Un abogado pide que los nombres sean retirados en aplicación de la nueva ley de memoria.
El abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz ha presentado este martes un total de 28 solicitudes a arzobispados y obispados de España para que retiren su simbología franquista y a ocho municipios que mantienen topónimos franquistas para que cambien el nombre en aplicación de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática.
En España aún existen pueblos con denominación franquista y según el artículo 35 de la nueva ley “serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos”.
Ranz se ha dirigido en concreto a los ayuntamientos de:
1 Alberche del Caudillo en Toledo (Castilla -La Mancha)
2 Guadiana del Caudillo, en Badajoz (Extremadura)
3 Llanos del Caudillo, en Ciudad Real (Castilla-La Mancha)
4 Villafranco del Guadiana, en Badajoz (Extremadura)
5 Quintanilla de Onésimo, en Valladolid (Castilla y León)
6 Alcocero de Mola, en Burgos (Castilla y León)
7 San Leonardo de Yagüe, en Soria (Castilla y León)
8 Villafranco del Guadalhorce, en Málaga (Andalucía)
El abogado defensor de las víctimas del franquismo también ha solicitado a una veintena de arzobispados y obispados para que retiren simbología franquista. “Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”, dice la ley.
Así, Ranz se ha dirigido a los arzobispados de Oviedo, Mérida-Badajoz, Pamplona-Tudela, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Y a los obispados de Getafe, Alcalá de Henares, Cartagena, Ciudad Rodrigo, Almería, Córdoba, Coria-Cáceres, Ourense, Orihuela-Alicante, Santander, Tui-Vigo, Calahorra y la Calzada-Logroño y Segovia.
“Aún seguimos sufriendo en las carreteras de nuestro país, mapas, o centros religiosos, la simbología que recuerda el golpe sufrido contra la democracia, la legalidad republicana, la constitución y la voluntad de las urnas”, afirma Ranz.
En cuanto a la sanción por mantener simbología franquista en el seno de la iglesia católica, o de un Ayuntamiento, supondrá, en aplicación del artículo 61.2.d), una calificación como infracciones graves: El incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática prevista en el artículo 37, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, cuya responsabilidad económica ascenderá, en aplicación del artículo 62.b a una multa entre 2.001 y 10.000 euros, en concepto de restablecimiento de la legalidad, recuerda este abogado.