La lucha contra la radicalización violenta ante el cambio de Gobierno

En enero de 2015, la Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior, y el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado hicieron público el denominado Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta, el PEN-LCRV. El objetivo del plan pasaba por constituirse como instrumento eficaz de detección y neutralización temprana de los brotes y focos de radicalismo violento. A pesar de que el Consejo de Seguridad Nacional ya ha anunciado una revisión de la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización, el Plan aun continua vigente, de ahí que sea de interés ahondar en alguna cuestiones de cara a su presumible modificación. Ya el pasado 25 de octubre, el actual titular de la cartera de Interior declaro que el plan "necesita un importante revulsivo" y que "está en marcha una actualización de la Estrategia Integral Contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización, aprobada en 2010 y refrendada en 2012, pero que ahora toca revisar e impulsar".

El plan posee varios niveles de actuación: el interno, vinculado siempre al concepto de soberanía, el externo, con las necesidades propias de toda coordinación exterior y el virtual. Estos, van seguidos de tres estadios, prevención, vigilancia y actuación, las cuales se vinculas con tres fases temporales: antes, durante y después. A ello, habrán de sumársele tres bloques sobre los que operar: el administrativo/legislativo, el formativo/educativo y social, y el de información y comunicación.

Desde la presentación del Power Point del PEN-LCRV por parte del Ministerio del Interior y del documento resumen del CITCO hace ya más de tres años el suministro de información así como la publicación de materiales ha sido a todas luces escaso. Este hecho, que probablemente se deba, en principio, a un exceso de celo en la confidencialidad de las actuaciones, dificulta de sobre manera cualquier intento de evaluar su desarrollo e implantación. Debe tenerse presente que dentro de sus “principios informadores” está el de “los valores de una sociedad abierta”, el de la “transparencia” y el de la “evaluación, auditoría y control.” No obstante, de acuerdo con los materiales disponibles y con motivo de los cambio en los órganos de decisión podría ser interesante incluir algunas consideraciones que si bien pudieran ya estar incluidas nada se sabe de ellas.

EL PEN-LCRV se elaboro y publico antes de la Ley de Seguridad Nacional, la cual puede aportar un marco de interés para su desarrollo. Además se hizo bajo la anterior Estrategia de Seguridad Nacional del 2013, reformulada en 2017. Estos cambios, entre los cuales hay que destacar el primero de ellos, bien pudieran ser un factor de interés para la modificación o complemento del PEN-LCRV por parte de los actuales órganos de decisión dentro del ministerio.

Los documentos presentados por el Ministerio del Interior no poseen un formato adecuado. El documento del CITCO resulta demasiado genérico, algo que probablemente no es casual. A la amplitud e indefinición de sus actuaciones debe sumársele una presumible dosis considerable de ambición durante su fase de elaboración. Según el propio plan sus características lo definen como estratégico, nacional, eficiente y coherente. Sin embargo las características reales de un plan se conforman durante su praxis y no en su fase de elaboración. Otros países han optado por una mayor concreción e identificación de los programas o ejes a desarrollar. Existen otros ejemplos de planes de prevención en el ámbito europeo donde las actuaciones se vinculan a un responsable departamental directo. Obviamente, algunas de las actuaciones deben desarrollarse con la mayor discreción posible no recomendándose siquiera su mención. Sin embargo, lo que sí parece recomendable es elaborar un documento resumen a modo dossier, tal y como ha hecho el gobierno francés, cuyo estilo de presentación, diseño y contenido bien puede constituir un ejemplo a imitar habida cuenta de los documentos publicados hasta la fecha.

españa

La transparencia es esencial. Al margen de aquellas cuestiones que deban de quedar a cubierto, es recomendable publicar parte de la arquitectura institucional del sistema de prevención. No puede pretenderse implantar un plan que aspira a recabar la colaboración y cooperación de numerosos departamentos, agencias y organismos en distintos niveles de gobierno desde la opacidad. Se ha de ser consciente de que muchos de los departamentos públicos y actores civiles implicados en la prevención carecen de toda cultura de la seguridad cuando no son directamente reacios a esta cuestión.

Es recomendable que parte de la documentación elaborada por el Grupo de Formación del PEN-LCRV a modo de manuales, capacitación o guías de buenas prácticas sean publicados. La opacidad genera desconfianza. La publicación tanto de materiales como de protocolos, compromete y alivia a quienes deben de aplicarlos. Desde el punto de vista formativo, conviene que la formación sea en muchos casos inter departamental, primándose la formación dinámica por encima de la estática. De ahí que resulta absurdo formar sobre lo que se puede leer. La formación continua es responsabilidad propia de todo operador en la materia.

Realizar un análisis de la situación de la cual se parte es garantía de honestidad y ayuda a afrontar el problema sin complejos. A este respecto, conviene incluir sin ambages cuales son los movimientos extremistas cuya expansión se pretende evitar.

Es necesaria una reformulación de la radicalización, pues no todos los procesos de radicalización derivan en una vertiente violenta. Lamentablemente, el extremismo, aun cuando no sea violento, es parte del ecosistema en el que sobrevive el extremismo violento. Un término que es utilizado en otros planes de prevención es el de la polarización, configurando el extremismo, como forma de polarización de la sociedad, en polos opuestos con ánimo de enfrentarlos. Esta identificación permitiría un mejor desarrollo de los instrumentos legislativos necesarios para afrontar el problema como la inclusión de la responsabilidad penal por terrorismo de las personas jurídicas, su ampliación por la promoción del extremismo o medidas como la denegación de la nacionalidad o la sistematización de la justificación para la expulsión o denegación de entrada de agentes de radicalización. Además, esta identificación opera en sentido positivo en tanto que muchos decidores políticos a nivel local, no son conscientes en muchas ocasiones de la naturaleza extremista de algunas iniciativas que puedan darse en su municipio. Acotar el problema redundara en sentido positivo.

A una mayor especificación de los Grupos Locales, parece razonable sumar la creación de grupos de trabajo a nivel provincial y autonómico habida de cuenta de que el sistema autonómico dota de la mayoría de las competencias involucradas en la prevención al autogobierno de las mismas. Conviene sistematizar el intercambio de experiencias, sobre todo a nivel municipal. A ello habría de sumarse una mayor armonización con el trabajo desarrollado en aquellas CCAA con competencias en seguridad como son País Vasco o Cataluña.

En cuanto a las consideraciones de carácter particular, es conveniente la creación de un grupo de apoyo para la búsqueda de fondos como el H2020 o la participación española en los foros como el RAN. La presencia en Europa es esencial para el liderazgo en materia antiterrorista.

Conviene iniciar el debate en torno a la necesidad o no de abrir las bases de datos sobre individuos radicalizados a investigadores en grupos de trabajo de naturaleza mixta, bajo la premisa de que existen más sujetos radicalizados de lo que los servicios antiterroristas pueden monitorizar. Cabe además, avanzar en la armonización de la prevención de la radicalización con los planes de lucha y prevención de la delincuencia, cuestión que devienen en fundamental.

Según el profesor Fernando Reinares, pudiera haber en nuestro país alrededor 5000 sujetos afines al yihadismo. Ante la imposibilidad de monitorizar de manera efectiva a tan alto número, resulta necesario trabajar en su ponderación en relación a su peligrosidad en un sistema que bien pudiera asemejarse al RADAR-ite alemán.

Existen como no otros aspectos a tratar, como el delicado acceso a los historiales clínicos de los sujetos radicalizados, la búsqueda de una mayor implicación y visibilidad de líderes comunitarios, la creación de células de apoyo familiar, el desarrollo conjunto de programas de desvinculación o la creación de la figura del embajador digital, encargado de las relaciones con las principales plataformas digitales a fin de frenar la proliferación de propaganda. Tampoco debe de olvidarse que la prevención del extremismo exige una respuesta de carácter ideológico, pues al margen de la sucesión de atentados terroristas, el extremismo supone un claro desafió a nuestros principios democráticos sin que consideraciones ajenas a este hecho puedan constituirse en un escollo para la búsqueda de acuerdos.

El actual Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta exige una mayor concreción y transparencia. Parece necesaria su actualización en función del las lecciones aprendidas y el ejemplo de otros países del entorno. Es probable que ello redunde de manera positiva tanto en su desarrollo como en su implantación efectiva, cuestión que debiera de tener presente, el actual órgano de dirección del Ministerio del Interior