nuevatribuna.es
1 de julio de 2010, 13:21
AGNESE MARRA / NUEVATRIBUNA.ES - 30.06.2010
No se dan por vencidos. Las siete asociaciones de juristas españoles e internacionales han puesto un recurso en la Audiencia Nacional para evitar que España siga vendiendo armas a Marruecos. Su lucha comenzó el pasado mes de abril cuando por primera vez en la historia de este país, un grupo de abogados y varias asociaciones presentaron una denuncia administrativa contra el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por autorizar la venta de armas a Marruecos.
La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por El Sahara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para El Sahara Occidental, el Observatorio Aragonés para El Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU) ofrecían las pruebas que amparaban la supuesta ilegalidad de las negociaciones hispano-marroquíes.
La violación de la Ley de Control de Armas era la causa principal de la denuncia. Las asociaciones señalaban la ilegalidad de vender armas a un país que violaría los derechos humanos, concretamente en lo que se refiere al conflicto saharaui. Los denunciantes se amparan en la Ley /2007, aprobada por el Parlamento el 28 de diciembre de 2007, que establece serías restricciones para la venta de armas españolas a países que puedan utilizarlas para “perturbar la paz, la estabilidad o seguridad regional, exacerbar conflictos o tensiones latentes, de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna, o en situaciones de violaciones de los derechos humanos”. En su artículo 4 se afirma tajantemente que “las solicitudes de autorización serán denegadas, suspendidas o revocadas” cuando se presente alguno de los supuestos.
En caso de duda el país vendedor debe tener en cuenta “los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, la paz y la seguridad, el desarme, la desmovilización y los derechos humanos”, reza la Ley.
Sin embargo, el gobierno español habría ignorado el “permanente historial de violaciones de los derechos humanos de Marruecos desde la proclamación de su independencia hace más de 50 años”, señalan desde las asociaciones. Los denunciantes alertan de que el Gobierno no ha atendido los informes de prestigiosas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House, Front Line Defenders u organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en las que se hablan desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias o la utilización de la tortura de forma cotidiana.
Las serias dudas que puede ofrecer Marruecos no han evitado que entre 2008 y 2009 el gobierno español entregara al vecino del Sur dos grandes donaciones de armamento, tanques, carros y algún instrumento marítimo con precio simbólico de un euro. Entre enero de 2008 y junio de 2009, las empresas españolas vendieron material militar a Marruecos por valor de 145 millones de euros, incluyendo 1.291 vehículos y camiones todo terreno y munición, según el registro oficial del Gobierno.
EL GOBIERNO OPTA POR EL SILENCIO
A pesar de que de la fabricación de armamento y de la negociación con sus compradores se encargan las empresas privadas, es el ministerio de Industria y Comercio quien tiene que dar la autorización directa del Gobierno. La secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, ha sido hasta el momento la única que se ha comunicado con las asociaciones denunciantes, acusándolas de carecer de la condición de interesados, en sentido técnico, para personarse en los procedimientos administrativos que se pudieran estar tramitando”.
Iranzo también afirmó, basándose en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), que “no cabe (...) facilitar el acceso” de las asociaciones a los expedientes administrativos relativos a las autorizaciones de ventas y cesiones de armamento a Marruecos durante los años 2007, 2008 y 2009 ya que “las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso han sido declaradas secretas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril (...) sobre Secretos Oficiales”, les explicó en su respuesta.
Las asociaciones no tardaron en dar a conocer el comunicado de Iranzo y en denunciar que “la opacidad y el secretismo con el que se pretende impedir el control y supervisión de este tipo de negocios no encuentra acomodo en un sistema democrático y participativo en el que los ciudadanos tienen derecho a conocer si se respeta el principio de legalidad en las actuaciones administrativas”.
La secretaria de Estado de Comercio no quiso mostrar la información que se solicitaba, pero le aseguró a los denunciantes que el Gobierno analizaba caso por caso las operaciones que se llevaban a cabo en el Reino de Marruecos. Las siete asociaciones no se han conformado con la respuesta y este miércoles se han dirigido a la Audiencia Nacional para presentar un recurso.
“La violación de los derechos humanos en Marruecos y en el Sáhara Occidental, así como el resto de los criterios cuya infracción se ponía de manifiesto en la denuncia, debería conllevar inexorablemente la calificación de Marruecos como un país no apto para ser destinatario de dichas exportaciones”, han señalado., critican.
LOS OTROS PAÍSES CONFLICTIVOS
La venta de armas en España es uno de los negocios más lucrativos. A pesar del artículo 8 que prohíbe vender a países que vulneran los derechos humanos, el gobierno español no sigue a raja tabla las normas. Además de Marruecos, España vende armas a Colombia, Guinea Conakry, Sri Lanka, Pakistán o Tailandia, que sufren graves situaciones bélicas internas. Curiosamente la mayoría de los refugiados políticos que viven en España proceden de países a los que se les vende armamento, como sucede con Colombia y Guinea Conacry.
Las organizaciones humanitarias han denunciado esta situación en varias ocasiones, y preguntan qué criterios está utilizando la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior para “violar sistemáticamente la ley de Control de Armas”, ha dicho Amnistía Internacional.
En el primer semestre de 2009 España exportó material de defensa por un valor de 411 millones de euros, que supone un 64,5% de aumento sobre el mismo periodo del año anterior. Además, el valor de las exportaciones autorizadas fue de 1.095 millones de euros. Si a estas cantidades se les añade el material de material de doble uso -armas de caza y tiro deportivo que también pueden ser utilizadas en conflictos bélicos- el total de las exportaciones autorizadas sumaron más de 1.200 millones de euros y las operaciones realizadas superaron los 437 millones de euros sólo en el primer medio año de 2009.
No se dan por vencidos. Las siete asociaciones de juristas españoles e internacionales han puesto un recurso en la Audiencia Nacional para evitar que España siga vendiendo armas a Marruecos. Su lucha comenzó el pasado mes de abril cuando por primera vez en la historia de este país, un grupo de abogados y varias asociaciones presentaron una denuncia administrativa contra el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por autorizar la venta de armas a Marruecos.
La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por El Sahara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para El Sahara Occidental, el Observatorio Aragonés para El Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU) ofrecían las pruebas que amparaban la supuesta ilegalidad de las negociaciones hispano-marroquíes.
La violación de la Ley de Control de Armas era la causa principal de la denuncia. Las asociaciones señalaban la ilegalidad de vender armas a un país que violaría los derechos humanos, concretamente en lo que se refiere al conflicto saharaui. Los denunciantes se amparan en la Ley /2007, aprobada por el Parlamento el 28 de diciembre de 2007, que establece serías restricciones para la venta de armas españolas a países que puedan utilizarlas para “perturbar la paz, la estabilidad o seguridad regional, exacerbar conflictos o tensiones latentes, de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna, o en situaciones de violaciones de los derechos humanos”. En su artículo 4 se afirma tajantemente que “las solicitudes de autorización serán denegadas, suspendidas o revocadas” cuando se presente alguno de los supuestos.
En caso de duda el país vendedor debe tener en cuenta “los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, la paz y la seguridad, el desarme, la desmovilización y los derechos humanos”, reza la Ley.
Sin embargo, el gobierno español habría ignorado el “permanente historial de violaciones de los derechos humanos de Marruecos desde la proclamación de su independencia hace más de 50 años”, señalan desde las asociaciones. Los denunciantes alertan de que el Gobierno no ha atendido los informes de prestigiosas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House, Front Line Defenders u organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en las que se hablan desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias o la utilización de la tortura de forma cotidiana.
Las serias dudas que puede ofrecer Marruecos no han evitado que entre 2008 y 2009 el gobierno español entregara al vecino del Sur dos grandes donaciones de armamento, tanques, carros y algún instrumento marítimo con precio simbólico de un euro. Entre enero de 2008 y junio de 2009, las empresas españolas vendieron material militar a Marruecos por valor de 145 millones de euros, incluyendo 1.291 vehículos y camiones todo terreno y munición, según el registro oficial del Gobierno.
EL GOBIERNO OPTA POR EL SILENCIO
A pesar de que de la fabricación de armamento y de la negociación con sus compradores se encargan las empresas privadas, es el ministerio de Industria y Comercio quien tiene que dar la autorización directa del Gobierno. La secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, ha sido hasta el momento la única que se ha comunicado con las asociaciones denunciantes, acusándolas de carecer de la condición de interesados, en sentido técnico, para personarse en los procedimientos administrativos que se pudieran estar tramitando”.
Iranzo también afirmó, basándose en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), que “no cabe (...) facilitar el acceso” de las asociaciones a los expedientes administrativos relativos a las autorizaciones de ventas y cesiones de armamento a Marruecos durante los años 2007, 2008 y 2009 ya que “las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso han sido declaradas secretas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril (...) sobre Secretos Oficiales”, les explicó en su respuesta.
Las asociaciones no tardaron en dar a conocer el comunicado de Iranzo y en denunciar que “la opacidad y el secretismo con el que se pretende impedir el control y supervisión de este tipo de negocios no encuentra acomodo en un sistema democrático y participativo en el que los ciudadanos tienen derecho a conocer si se respeta el principio de legalidad en las actuaciones administrativas”.
La secretaria de Estado de Comercio no quiso mostrar la información que se solicitaba, pero le aseguró a los denunciantes que el Gobierno analizaba caso por caso las operaciones que se llevaban a cabo en el Reino de Marruecos. Las siete asociaciones no se han conformado con la respuesta y este miércoles se han dirigido a la Audiencia Nacional para presentar un recurso.
“La violación de los derechos humanos en Marruecos y en el Sáhara Occidental, así como el resto de los criterios cuya infracción se ponía de manifiesto en la denuncia, debería conllevar inexorablemente la calificación de Marruecos como un país no apto para ser destinatario de dichas exportaciones”, han señalado.
LOS OTROS PAÍSES CONFLICTIVOS
La venta de armas en España es uno de los negocios más lucrativos. A pesar del artículo 8 que prohíbe vender a países que vulneran los derechos humanos, el gobierno español no sigue a raja tabla las normas. Además de Marruecos, España vende armas a Colombia, Guinea Conakry, Sri Lanka, Pakistán o Tailandia, que sufren graves situaciones bélicas internas. Curiosamente la mayoría de los refugiados políticos que viven en España proceden de países a los que se les vende armamento, como sucede con Colombia y Guinea Conacry.
Las organizaciones humanitarias han denunciado esta situación en varias ocasiones, y preguntan qué criterios está utilizando la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior para “violar sistemáticamente la ley de Control de Armas”, ha dicho Amnistía Internacional.
En el primer semestre de 2009 España exportó material de defensa por un valor de 411 millones de euros, que supone un 64,5% de aumento sobre el mismo periodo del año anterior. Además, el valor de las exportaciones autorizadas fue de 1.095 millones de euros. Si a estas cantidades se les añade el material de material de doble uso -armas de caza y tiro deportivo que también pueden ser utilizadas en conflictos bélicos- el total de las exportaciones autorizadas sumaron más de 1.200 millones de euros y las operaciones realizadas superaron los 437 millones de euros sólo en el primer medio año de 2009.
