“Si sabrán lo que es trabajar a pérdidas”. Me comentaba mi compañero y amigo de cortado matutino en la barra del bar, a propósito de la huelga del transporte por carretera.
¿Ahora lo descubren? Y así continuó su relato. “Sabes que mi hijo estuvo en paro: es electricista, con más de diez años de experiencia en la instalación y mantenimiento de energía solar. Pues bien, con ese currículo le llamaron ofreciéndole un trabajo a 80 kilómetros, sin ninguna ayuda para el transporte y cobrando 1.100 €. Solo en los viajes se dejaba el 60% del salario y para vivir le quedaban 500 €”. Cuando oyes esa queja de los transportistas, con razón, sin nadie que aclare, en las decenas de horas que se han dedicado por los medios de comunicación, que eso es lo que les ocurre a millones de trabajadores pobres que por mucho que se esfuercen no llegan a final de mes y no pueden salir de esa pobreza, solo te queda la melancolía.
Tanta información, tanto reality show sobre la huelga del transporte me desorienta. No sé, algo pasa para que las crónicas, titulares, tertulias y analistas solo incrementen mis dudas. Solo hay una constante clara: responsabilizar al gobierno de la huelga y de sus causas. Porque pedir al Estado que salve con recursos públicos una parte de la prestación de servicios entre empresas privadas, derivado del incremento del combustible, eliminando el impuesto de los carburantes como pedían las plataformas y los partidos políticos que les apoyaron, me suena a aquello tan manido del neoliberalismo, “el Estado cuanto más pequeño mejor”, pero siempre socializando las pérdidas y privatizando los beneficios.
El problema del transporte por carretera no es solo el derivado del aumento de los precios del combustible. Existe un conflicto profesional entre grandes patronales y autónomos, que funciona por las reglas del libre mercado, previo a la crisis energética que perturba cualquier enfoque racional.
La heterogeneidad del sector es enorme, por un lado, hay grandes empresas, plataformas logísticas con miles de trabajadores, bien asentadas y con abundantes recursos. Por otro lado, hay miles de pequeños transportistas que viven de las subcontratas (muchos de ellos son falsos autónomos) a merced de las condiciones que les imponen los grandes, con escasa capacidad de resistencia ante eventualidades como el coste del crudo o la inmovilización por cualquier catástrofe o tormenta invernal. Todos sufren la competencia desleal de cooperativas de trabajo asociado que precarizan la mano de obra, rebajando precios con los proveedores. Más de 8.000 transportistas están en estas condiciones en toda España. Y luego están las empresas buzón o sociedades ficticias radicadas en países europeos con bajos niveles de protección y normas laborales y sociales diferentes, pero que acaban trabajando en España. También compiten rebajando precios con un descarado dumping social que exige la rápida intervención de la Unión Europea.
Si a todo ello le añadimos una rebaja de actividad y un combustible más caro, no hace falta nada más para que la pradera se incendie.
A expensas de que el Gobierno regule en los próximos meses una ley que imposibilite la contratación del transporte a pérdidas, ya hay un Decreto Ley 3/2002 de reciente negociación con las organizaciones del sector, por el cual se autoriza y obliga a revisar las tarifas pactadas cuando el precio del combustible experimente una oscilación igual o superior al 5%, lo que supone un aumento de tarifas automático en los contratos. Ante esto algunos de los huelguistas decían que esa Ley no se cumple, y es cierto, porque en principio no ha podido ni desarrollarse.
Lo mismo ocurre con la Ley de la cadena alimentaria aprobada a finales del 2021, que prohíbe la venta a pérdidas en los sectores de la agricultura y la ganadería. Por cierto, ambas leyes fueron rechazadas por PP y Vox, los partidos que apoyaron con su presencia las recientes manifestaciones, que demandaban entre otras cosas al gobierno actuaciones en este sentido.
La lucha por la representación del sector, con una plataforma que no se ve representada en el Consejo Nacional del Transporte por carretera, recientemente elegido, el uso de las fake news y la cobertura de numerosos medios de comunicación con los mismos intereses que la derecha política en aprovechar cualquier resquicio que les ofrezca el sistema para desestabilizar al Gobierno y cobrar protagonismo, ha hecho que el conflicto haya llegado a sobredimensionarse.
El sector está sobredimensionado, porque interesa a las grandes empresas, sobran camiones y sobran camioneros. El futuro del mismo exige cambios y ajustes difíciles de encarar, tanto por la disputa del liderazgo en el sector como por el escaso apoyo político que cualquier gobierno va a tener, máxime cuando Vox quiere hacer de este estratégico sector la punta de lanza para la desestabilización política.
