viernes 27/11/20
ABOGADOS DE ATOCHA

Un grito de silencio ante El abrazo, de Juan Genovés

La Fundación Abogados de Atocha ha realizado una ofrenda floral ante el monumento conmemorativo situado en la plaza de Antón Martín
Ofrenda floral Fundación Abogados de Atocha | 21/11/2020
Ofrenda floral Fundación Abogados de Atocha | 21/11/2020

En la mañana de hoy, 21 de noviembre, una delegación de la Fundación Abogados de Atocha ha realizado una ofrenda floral en el monumento de El Abrazo, en memoria de los Abogados de Atocha realizada por el artista Juan Genovés, situado en la plaza de Antón Martín de Madrid. Un grito de silencio de recuerdo y homenaje a los abogados ametrallados el 24 de enero de 1977 en el despacho de la calle Atocha 55, y otro grito de silencio de crítica y repulsa por la puesta en libertad, hace solo 48 horas, de uno de sus asesinos, Carlos García Juliá.

Con este desgarrador grito de silencio, la Fundación Abogados de Atocha y sus familiares, colocando un clavel rojo en el monumento, en absoluto y respetuoso silencio, ha querido recordar a aquellos jóvenes abogados que dieron su sangre y su vidas por la democracia y la libertad en nuestro país, y a su vez criticar el hecho de la puesta en libertad de uno de los asesinos.

Carlos García Juliá tenía 24 años cuando participó en el asesinato de los cinco abogados de CCOO y de PCE en 1977. Los abogados laboralistas asesinados fueron Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También mataron al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. De todos ellos solo sobrevive hoy Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, actualmente Presidente de la Fundación Abogados de Atocha.

Junto a su compañero pistolero José Fernández Cerra, ambos fueron condenados por la Audiencia Nacional de España a 193 años de prisión como autores materiales de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio. En 1994, tras haber cumplido 14 de los 193 años de la condena, escapó después de conseguir la prisión condicional y un permiso para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo, que sin embargo se le revocó días después por la Fiscalía. España solicitó su regreso inmediato para terminar de cumplir la pena pero García Juliá desapareció y ya no volvió. Dos años después, en mayo de 1996, fue detenido en Bolivia acusado de tráfico de drogas y de financiación de grupos paramilitares y volvió a la cárcel, esta vez a la prisión de alta seguridad de Palmasola, en La Paz.

En 2001 España pidió su extradición, a petición de Izquierda Unida, pero se escapó durante otro permiso a Bolivia. En diciembre de 2018, con 65 años y tras 24 años huido, fue detenido en una residencia en Barra Funda, un barrio de la zona oeste de la Sao Paulo (Brasil). Durante todo este tiempo, estuvo huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, por donde se movía al disponer de documentación a nombre de otras personas.Una vez de nuevo en prisión, la Justicia (?) recalculó la pena y en vez de los diez años que se estimaron le quedaban por cumplir hasta los 30 años máximo de pena, se le impusieron 287 días.

Su abogado, Ignacio González-Valenzuela, hizo valer “los beneficios penitenciarios y la condena que ya estaba remitida con anterioridad a la extradición. Se le ha computado los cinco años que permaneció en libertad condicional, entre 1991 y 1996. En segundo lugar, se le ha abonado a la condena la redención ordinaria, que es por trabajos, como redención extraordinaria, por buen comportamiento y por estudios. Y lógicamente, se le ha computado los 429 días que estuvo en prisión preventiva en Brasil". La Audiencia Nacional se quitó de en medio de este asunto y lo remitió a Ciudad Real porque en el año 1981 se había producido una refundición de condena entre la impuesta por los asesinatos de Atocha, y la impuesta por quebrantamiento de condena en Ciudad Real,  de forma que a petición de la defensa, se admitió la conexión de estos hechos pese a la oposición  a la misma por tres veces del Ministerio Fiscal, pero este no llevó adelante el recurso de casación que procedía y ese auto quedo firme. Como diría la defensa, "No solo le hemos arrancado a la Audiencia Nacional la competencia para resolver la liquidación de la condena, sino que hemos ganado el recurso y la Audiencia Provincial ha establecido que le quedan 287 días".  En ningún caso tuvo conocimiento de este asunto la representación legal de las víctimas, que ostenta la abogada Cristina Almeida.

Después de la presentación de todos los recursos posibles no se ha conseguido una aplicación justa de la ley y la violencia de la extrema derecha ha quedado una vez más exenta de cumplir la totalidad de su condena.

Un grito de silencio ante El abrazo, de Juan Genovés