nuevatribuna.es
8 de octubre de 2009, 10:35
NUEVATRIBUNA.ES- 08.10.2009
El movimiento asociativo inmigrante está más fuerte que nunca. Tiene un objetivo común: La Ley de Extranjería. Desde que el Gobierno presentó el anteproyecto de la Ley, diversas asociaciones se lo devolvieron con una serie de enmiendas que exigían cambios para el proyecto final. Sin embargo las modificaciones han sido desoídas. La reagrupación familiar, el tiempo de detención de lo inmigrantes en los CIE y la reducción de derechos de los sin papeles, son los tres ejes fundamentales de sus protestas.
Esta mañana más de 160 asociaciones de inmigrantes se reunieron para presentar un manifiesto en el que solicitan la modificación de la reforma de la Ley de Extranjería “para no castrar la integración de los inmigrantes”, explicaban.
El presidente de Aesco,Juan Carlos Rois, afirmó que la actual reforma, tal y como está ahora planteada, "supone un perjuicio para la cohesión social, la convivencia y la calidad de vida de los inmigrantes".
El recorte de derechos básicos es una de las principales preocupaciones. “Si esto se lleva a cabo habrá un recorte de sus derechos fundamentales". Los ejemplos hablan por sí mismos. Los inmigrantes no tendrán derecho a una educación superior (no obligatoria) y tampoco se les garantizará asistencia jurídica.
La reagrupación familiar se verá fuertemente limitada, sólo podrán traer a los padres que sean mayores de 60 años, por lo que si la madre tiene 59 años y el padre 62, ya se sabe a cual no dejarán venir.
La lucha contra la ampliación de 40 a 60 días del internamiento de los inmigrantes irregulares es otro de los puntos conflictivos. Los internos están allí por un delito administrativo y no penal. Además las denuncias de malos tratos o de insuficiencia alimentaria, se producen a diario en estos lugares. Gabriel Ávila, de Codeim, denunció que los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) son lugares de "exterminio", no porque se les mata, sino porque se les niegan sus derechos y se les insulta y acorrala".
El endurecimiento de las multas se ha visto ampliado e incrementado. El aumento de las sanciones supone que las que eran muy graves pasan de 60.000 euros a 100.000 y las graves, de 6.000 a 10.000. Aquellas personas que ayudan a un sin papeles a alquilar un piso o le acojan en su casa también tendrán que pagar la multa, por lo que la solidaridad con el inmigrante se hace casi imposible.
Desde AESCO han querido advertir al Gobierno que los inmigrantes están muy unidos: “Nos somos unos pocos, sino muchos que van a pelear por sus derechos”. Con mucha ironía el presidente de esta asociación, Juan Carlos Rois, dijo sentirse optimista porque de las 500 enmiendas presentadas al texto “alguna tendrán en cuenta y haremos una ley mejor".
A la espera de que escuchen sus modificaciones, las más de 160 asociaciones de inmigrantes anunciaron un calendario de movilizaciones. El primer gran evento será una manifestación el próximo 17 de octubre que se hará a nivel nacional en todas las ciudades de España.
El movimiento asociativo inmigrante está más fuerte que nunca. Tiene un objetivo común: La Ley de Extranjería. Desde que el Gobierno presentó el anteproyecto de la Ley, diversas asociaciones se lo devolvieron con una serie de enmiendas que exigían cambios para el proyecto final. Sin embargo las modificaciones han sido desoídas. La reagrupación familiar, el tiempo de detención de lo inmigrantes en los CIE y la reducción de derechos de los sin papeles, son los tres ejes fundamentales de sus protestas.
Esta mañana más de 160 asociaciones de inmigrantes se reunieron para presentar un manifiesto en el que solicitan la modificación de la reforma de la Ley de Extranjería “para no castrar la integración de los inmigrantes”, explicaban.
El presidente de Aesco,Juan Carlos Rois, afirmó que la actual reforma, tal y como está ahora planteada, "supone un perjuicio para la cohesión social, la convivencia y la calidad de vida de los inmigrantes".
El recorte de derechos básicos es una de las principales preocupaciones. “Si esto se lleva a cabo habrá un recorte de sus derechos fundamentales". Los ejemplos hablan por sí mismos. Los inmigrantes no tendrán derecho a una educación superior (no obligatoria) y tampoco se les garantizará asistencia jurídica.
La reagrupación familiar se verá fuertemente limitada, sólo podrán traer a los padres que sean mayores de 60 años, por lo que si la madre tiene 59 años y el padre 62, ya se sabe a cual no dejarán venir.
La lucha contra la ampliación de 40 a 60 días del internamiento de los inmigrantes irregulares es otro de los puntos conflictivos. Los internos están allí por un delito administrativo y no penal. Además las denuncias de malos tratos o de insuficiencia alimentaria, se producen a diario en estos lugares. Gabriel Ávila, de Codeim, denunció que los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) son lugares de "exterminio", no porque se les mata, sino porque se les niegan sus derechos y se les insulta y acorrala".
El endurecimiento de las multas se ha visto ampliado e incrementado. El aumento de las sanciones supone que las que eran muy graves pasan de 60.000 euros a 100.000 y las graves, de 6.000 a 10.000. Aquellas personas que ayudan a un sin papeles a alquilar un piso o le acojan en su casa también tendrán que pagar la multa, por lo que la solidaridad con el inmigrante se hace casi imposible.
Desde AESCO han querido advertir al Gobierno que los inmigrantes están muy unidos: “Nos somos unos pocos, sino muchos que van a pelear por sus derechos”. Con mucha ironía el presidente de esta asociación, Juan Carlos Rois, dijo sentirse optimista porque de las 500 enmiendas presentadas al texto “alguna tendrán en cuenta y haremos una ley mejor".
A la espera de que escuchen sus modificaciones, las más de 160 asociaciones de inmigrantes anunciaron un calendario de movilizaciones. El primer gran evento será una manifestación el próximo 17 de octubre que se hará a nivel nacional en todas las ciudades de España.
