El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas, doce en total, para que el Gobierno explique el coste que suponen a las arcas del Estado los privilegios con los que cuenta la Iglesia Católica en virtud de los acuerdos con la Santa Sede.
También quiere que el Gobierno calcule el coste que supone la exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los inmuebles de la Iglesia como templos, capillas, locales destinados a la actividad pastoral, residencias de obispos y sacerdotes, oficinas de la Curia diocesana y parroquiales, seminarios para la formación del clero, universidades eclesiásticas y casas o conventos de las órdenes y congregaciones religiosas
En concreto, el portavoz socialista para la Unión Europea, Juan Moscoso del Prado, se ha interesado por conocer el coste fiscal anual de actividades exentas de impuestos como las publicaciones eclesiásticas, la enseñanza en seminarios o universidades de la Iglesia y la adquisición de objetos destinados al culto.
Lo mismo sucede en el caso de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y en el de los impuestos sobre sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales.
Para Moscoso del Prado “ha llegado el momento de reformar los Acuerdos con la Santa Sede” porque hay un coste fiscal por lo que se deja de recaudar “y eso, en tiempo de crisis, no tiene justificación” y porque los tiempos han cambiado y “ha llegado el momento de que la Iglesia se autofinancie” como el resto de confesiones y como sucede con otras religiones en los países desarrollados.
“Parece mentira que este gobierno privatice la salud del cuerpo y, sin embargo, mantenga pública la salud del alma”, ha criticado el diputado socialista, para quien “no tiene ningún sentido que la iglesia subcontrate la educación religiosa en el Estado y, encima, sufragada por todos los ciudadanos”.
El diputado socialista quiere conocer, además, cuántos profesores de religión hay, cuántas horas lectivas se dedican a la enseñanza de esta asignatura y cual es su coste.
También se ha interesado por el cobro arbitrario de entradas por la Iglesia en edificios que forman parte del patrimonio artístico y documental mantenidos con fondos públicos.
Moscoso del Prado ha pedido al Gobierno el presupuesto anual del Vicariato Castrense, distinguiendo entre nóminas y otros gastos, el coste del personal y funcionarios de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y el número de religiosos que prestan asistencia en prisiones y hospitales y su presupuesto.
Por último, quiere conocer el contenido de las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno con la Conferencia Episcopal sobre la distribución de días festivos en el calendario de 2014 y si se está negociando el traslado de festividades no religiosas como el Día de la Constitución.
