El Estado no hará ningún censo de los bienes inmuebles de la Iglesia para que paguen el IBI
El Gobierno no tiene intención de introducir ningún cambio en la legislación estatal para que la Iglesia Católica comience a pagar el municipal Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por sus edificios y propiedades, y deja en manos de los ayuntamientos que intenten cobrarlo con la legislación vigente. Así se desprende de la respuesta parlamentaria escrita facilitada el pasado viernes por el Ejecutivo al diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares.
El parlamentario de IU por Asturias registró en el Congreso el pasado 2 de marzo una batería de preguntas en las que, entre otros puntos concretos, interrogaba al Gobierno del PP si tenía previsto seguir el ejemplo de Italia, donde recientemente de ha acordado quela Iglesia pague el IBI por sus bienes inmuebles o sobre qué iniciativas tenía previsto desplegar para acabar con “privilegios fiscales injustificados, siguiendo la orientación general de la Comisión Europea”.
Llamazares también preguntaba si “¿piensa el Gobierno establecer un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que son propiedad de la Iglesia Católica y de sus organismos dependientes, con el fin de que paguen religiosamente el IBI?”.
En la contestación remitida dos meses después al diputado de IU desde Moncloa se indica textualmente que “en cuanto a la pregunta relativa a si el Gobierno piensa establecer un censo de bienes inmuebles propiedad de la Iglesia Católica con el fin de que ‘paguen el IBI’, apuntar que tal censo es innecesario habida cuenta que tales bienes estarán inscritos a favor de la entidad de la Iglesia Católica que corresponda y serán los ayuntamientos los que deberán girar el correspondiente impuesto y la Iglesia justificar, en su caso, la exención correspondiente”.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy justifica en sendas leyes aprobadas por sucesivos gobiernos del PSOE y del PP en 1994 y 2002 –la Ley 30/1994 y, posteriormente, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo- la exención de este impuesto municipal.
Además, desde el Gabinete del PP se reconoce ahora que determinadas asociaciones y entidades religiosas vinculadas a la Iglesia Católica que se señalaban en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979 –dedicadas a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social- “en principio, no tenían derecho a la exención del Impuesto de Contribución Territorial Urbana (actual IBI)” y que fueron las leyes de 1994 y 2002 las que permiten extender esa exención.
Llegados a este punto específico, el escrito dirigido por el Ejecutivo del PP a Gaspar Llamazares pasa por alto la pregunta en la que interroga de forma muy concreta sobre si “¿tiene previsto el Gobierno impulsar las modificaciones pertinentes de las normas tributarias, de la Ley de Mecenazgo y de la Ley de Fundaciones, para alcanzar este objetivo?”, es decir, pagar el IBI.
El Gobierno se limita a explicar de forma genérica que “el fundamento de la exención radica en la naturaleza no lucrativa de la entidad beneficiaria y la actividad que se realiza, en el caso de las confesiones religiosas, ya se trate de culto como ejercicio de un derecho fundamental, ya se trate de entidades que prestan servicios de interés social: educativos, hospitalarios o asistenciales”.
En la explicación de su pregunta parlamentaria, Llamazares recordaba que la Iglesia “es la mayor propietaria de bienes inmobiliarios rústicos y urbanos de toda España, entre ellos un incalculable número de edificios o pisos alquilaos a terceros, un enorme patrimonio que está exento del IBI”.
Determinadas fuentes indican que si la Iglesia pagara el IBI se podrían ingresar en torno a 2.500 millones de euros, una de las razones por la que desde IU se considera que “para conocer con detalle ese patrimonio es necesario que el Estado establezca un censo del mismo”. Gaspar Llamazares indicaba en su escrito su coincidencia con los cambios introducidos por el Gobierno italiano para que la Iglesia abone el IBI de todos los edificios que no se dediquen al culto religioso, un grupo en el que entran “colegios católicos, universidades, asociaciones, conventos transformados en hoteles o pisos de oficinas alquilados a empresas que no tienen nada que ver con la religión y que hasta ahora habían estado exentos de impuestos”.
