nuevatribuna.es
5 de mayo de 2009, 14:39
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C.
Habrá cambios ‘a la baja’ en la reforma de la Ley de Extranjería cuyo proyecto ultima el Gobierno después de escuchar las recomendaciones hechas por el Consejo Económico y Social, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Foro de los Inmigrantes, entre otros. Así lo reconoció la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí y lo ha ratificado el ministro Celestino Corbacho en el curso de su visita este lunes a Rumania.
Después de escuchar a todos los colectivos implicados y leer los informes preceptivos, el titular de Trabajo e Inmigración ha asegurado que al menos se modificaran dos artículos del anteproyecto para la reforma de la ley, en concreto el que hace referencia a las sanciones a aquellos que presten ayuda humanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’, a los que finalmente no se penalizará (las sanciones por el conocido como ‘delito de hospitalidad’ podían llegar hasta los 10.000 euros); y el relativo a la repatriación de los menores que no estén acompañados y que tendrán derecho a ser escuchados antes de su expulsión.
Estos eran algunos de los puntos de la reforma que más críticas han suscitado por parte de los colectivos de inmigrantes. También el que tiene que ver con el régimen de los Centros de Internamiento (CIE) y el periodo legal de detención de los extranjeros que estén en situación ilegal en España y que el Gobierno pretende aumentar de los 40 a los 60 días e incluso hasta el año y medio en determinados casos tal y como quedó fijado en la conocida como ‘directiva de la vergüenza’ de la UE. A ello no ha querido referirse Corbacho, quien se remite a lo que decida el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, competente en este asunto.
UN SISTEMA GARANTISTA
La precaria situación en la que viven los extranjeros en los CIE (en España hay 10 centros de estas características) ha sido denunciada por las ONG y también por el Defensor del Pueblo por violación de los derechos humanos. Los extranjeros extracomunitarios son retenidos sin haber cometido ningún delito penal, sino tan solo por una falta administrativa (no tienen permiso de residencia) y en la mayoría de los casos se ven privados de derechos tan elementales como la atención sanitaria o la asistencia letrada. Las condiciones de insalubridad y abandono superan al de las cárceles españolas, problemas que se agudizan teniendo en cuenta que está prohibida la entrada a las ONG o a otro tipo de observadores.
Pues bien, el Gobierno pretende mejorar esta situación en el marco de la reforma de la ley para que los CIE se rijan por un reglamento y régimen específico ya que no son centros penitenciarios. “El compromiso del Gobierno es establecer un régimen que ofrezca garantías, un régimen interno para que estos centros no se conviertan en espacios opacos y fuera de control”, ha asegurado a nuevatribuna.es el presidente de AESCO, Juan Carlos Rois.
De lo que se trata en suma es de que el funcionamiento de los CIE sea transparente y garantista. Entre las modificaciones que el Gobierno podría plantear y que han puesto sobre la mesa los colectivos de inmigrantes es que los ‘sin papeles’ que estén en régimen de internamiento puedan acudir a las autoridades para hacer sus peticiones pertinentes; que puedan comunicarse con familiares o con otros colectivos (abriendo la posibilidad de que las ONG conozcan de cerca la situación de cada uno de ellos); y que sea un juez el que siga y determine el proceso de repatriación y el que decida ampliar -llegado el caso más allá de los 40 días- el tiempo de internamiento.
Por otro lado, los límites a la reagrupación familiar, otro de los puntos espinosos, por el que se limita la entrada en España de los ascendientes mayores de 65 años, no se modificarán según ha dicho el ministro Corbacho. No obstante, parece que hay voluntad del Gobierno para suavizar también este tema. En este sentido, AESCO argumenta que el número de ascendientes no es tan grande como para repercutir en el sistema de la Seguridad Social o el mercado laboral. Este colectivo señala asimismo que son precisamente las personas mayores, los abuelos, los que realizan la labor de cuidar a sus nietos dado el déficit de guarderías públicas que hay en España.
Organizaciones como AESCO también piden al Gobierno que de una “solución transitoria” a los inmigrantes que se han quedado sin empleo antes de denegarles el permiso de residencia, y que se facilite la movilidad geográfica a la hora de buscar un trabajo.
Habrá cambios ‘a la baja’ en la reforma de la Ley de Extranjería cuyo proyecto ultima el Gobierno después de escuchar las recomendaciones hechas por el Consejo Económico y Social, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Foro de los Inmigrantes, entre otros. Así lo reconoció la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí y lo ha ratificado el ministro Celestino Corbacho en el curso de su visita este lunes a Rumania.
Después de escuchar a todos los colectivos implicados y leer los informes preceptivos, el titular de Trabajo e Inmigración ha asegurado que al menos se modificaran dos artículos del anteproyecto para la reforma de la ley, en concreto el que hace referencia a las sanciones a aquellos que presten ayuda humanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’, a los que finalmente no se penalizará (las sanciones por el conocido como ‘delito de hospitalidad’ podían llegar hasta los 10.000 euros); y el relativo a la repatriación de los menores que no estén acompañados y que tendrán derecho a ser escuchados antes de su expulsión.
Estos eran algunos de los puntos de la reforma que más críticas han suscitado por parte de los colectivos de inmigrantes. También el que tiene que ver con el régimen de los Centros de Internamiento (CIE) y el periodo legal de detención de los extranjeros que estén en situación ilegal en España y que el Gobierno pretende aumentar de los 40 a los 60 días e incluso hasta el año y medio en determinados casos tal y como quedó fijado en la conocida como ‘directiva de la vergüenza’ de la UE. A ello no ha querido referirse Corbacho, quien se remite a lo que decida el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, competente en este asunto.
UN SISTEMA GARANTISTA
La precaria situación en la que viven los extranjeros en los CIE (en España hay 10 centros de estas características) ha sido denunciada por las ONG y también por el Defensor del Pueblo por violación de los derechos humanos. Los extranjeros extracomunitarios son retenidos sin haber cometido ningún delito penal, sino tan solo por una falta administrativa (no tienen permiso de residencia) y en la mayoría de los casos se ven privados de derechos tan elementales como la atención sanitaria o la asistencia letrada. Las condiciones de insalubridad y abandono superan al de las cárceles españolas, problemas que se agudizan teniendo en cuenta que está prohibida la entrada a las ONG o a otro tipo de observadores.
Pues bien, el Gobierno pretende mejorar esta situación en el marco de la reforma de la ley para que los CIE se rijan por un reglamento y régimen específico ya que no son centros penitenciarios. “El compromiso del Gobierno es establecer un régimen que ofrezca garantías, un régimen interno para que estos centros no se conviertan en espacios opacos y fuera de control”, ha asegurado a nuevatribuna.es el presidente de AESCO, Juan Carlos Rois.
De lo que se trata en suma es de que el funcionamiento de los CIE sea transparente y garantista. Entre las modificaciones que el Gobierno podría plantear y que han puesto sobre la mesa los colectivos de inmigrantes es que los ‘sin papeles’ que estén en régimen de internamiento puedan acudir a las autoridades para hacer sus peticiones pertinentes; que puedan comunicarse con familiares o con otros colectivos (abriendo la posibilidad de que las ONG conozcan de cerca la situación de cada uno de ellos); y que sea un juez el que siga y determine el proceso de repatriación y el que decida ampliar -llegado el caso más allá de los 40 días- el tiempo de internamiento.
Por otro lado, los límites a la reagrupación familiar, otro de los puntos espinosos, por el que se limita la entrada en España de los ascendientes mayores de 65 años, no se modificarán según ha dicho el ministro Corbacho. No obstante, parece que hay voluntad del Gobierno para suavizar también este tema. En este sentido, AESCO argumenta que el número de ascendientes no es tan grande como para repercutir en el sistema de la Seguridad Social o el mercado laboral. Este colectivo señala asimismo que son precisamente las personas mayores, los abuelos, los que realizan la labor de cuidar a sus nietos dado el déficit de guarderías públicas que hay en España.
Organizaciones como AESCO también piden al Gobierno que de una “solución transitoria” a los inmigrantes que se han quedado sin empleo antes de denegarles el permiso de residencia, y que se facilite la movilidad geográfica a la hora de buscar un trabajo.
