domingo 20/9/20

El Gobierno amenaza con adoptar "medidas jurídicas" si no se acata la ley en vigor

Así lo ha anunciado Bibiana Aído que ha calificado al PP como un partido “antisistema”. La titular de Sanidad no ha hablado de medidas pero ha recordado que todas las comunidades tienen que cumplir la ley. Y el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares pide a la justicia que actúe.
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS 06.07.2010

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, lo ha dejado muy claro: todas las Comunidades Autónomas "están sometidas al imperio de la ley" y deben cumplir la nueva legislación sobre el aborto que ayer entró en vigor.

En declaraciones en el Senado, la ministra ha añadido que por este motivo es sólo "un desideratum" el anuncio de algunos dirigentes del PP de que no aplicarán una ley recurrida en el Tribunal Constitucional. "Ha entrado en vigor y la tienen que cumplir", ha insistido, sin querer precisar qué puede hacer el Ministerio para obligarlas a ello. La ministra se ha preguntado: "Si hay una inmensa mayoría de Comunidades Autónomas que han preparado todo para cumplir la ley, ¿por qué no van a cumplirla otras?"

Trinidad Jiménez ha reconocido que de forma "excepcional" una Comunidad puede trasladar a otra un caso "porque no puede dar la prestación que la mujer requiera en un momento preciso", pero ha subrayado que la ley es de obligado cumplimiento. Éste ha sido hasta ahora el caso de Navarra, que no practica abortos asegurando que todos sus médicos de la red pública son objetores, pero que paga la cobertura de esta asistencia en otra CCAA. Lo que sí ha rechazado es que cada comunidad haga lo que quiera: "No podemos incentivar, como está haciendo el PP, un Estado en el que cada Comunidad Autónoma decide qué ley cumple y qué ley no, de qué manera cumple y de qué manera no cumple. La ley obliga a todos y todos deben cumplirla con exactitud".

LA OBJECIÓN YA ESTÁ PROTEGIDA

La ministra de Sanidad considera suficientemente protegida la objeción de conciencia de los médicos, que han podido acogerse a ella sin problemas cuando lo han considerado necesario, en aplicación de una "importante" sentencia del Tribunal Constitucional. Descarta por ello una regulación general.

También la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha hablado del tema este martes para afirmar que la negativa del Gobierno de Murcia (PP) a aplicar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo "es propia de un partido antisistema", por lo que dijo esperar que el líder del PP, Mariano Rajoy, "ponga orden", al tiempo que anunció que el Gobierno adoptará "medidas jurídicas" si no se acata la nueva norma.

"Me parece profundamente irresponsable que un presidente de una comunidad autónoma pueda hacer declaraciones en ese sentido y lo que espero es que Mariano Rajoy ponga orden en su partido, porque esto es más propio de un partido marginal o un partido antisistema que de un partido con aspiraciones de gobierno", ha señalado Aído en declaraciones a los medios en su ministerio.

En su opinión, los 'populares' "han iniciado un camino que van a tener que desandar": "Esperamos que se rectifique y desde luego, pondremos en marcha todos los mecanismos jurídicos en el caso de que no sea del modo en que esperamos para hacer efectivo el cumplimiento de la ley", ha asegurado.

La ministra ha incidido en que "en democracia no hay nadie que esté por encima de la ley, este es un Estado de derecho y las leyes están para cumplirlas" y se preguntó "qué concepto tienen de la democracia y qué concepto tienen del Estado de Derecho" en el Partido Popular.

Asimismo, Aído ha enviado un "mensaje de tranquilidad" a las ciudadanas susceptibles de acogerse a la nueva norma porque, según explicó, "se está poniendo en marcha con toda la normalidad en la mayoría de las comunidades autónomas" y "está todo listo para que pueda garantizarse la prestación", por lo que dijo esperar que "no haya mayores problemas en su aplicación".

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP y el Gobierno de Navarra contra la ley, Aído ha reiterado que "están en su legítimo derecho". "Habrá que esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero el Gobierno está absolutamente tranquilo porque estamos convencidos de la constitucionalidad de la ley, que respeta los espacios establecidos por las sentencias del Alto Tribunal", ha sentenciado.

LLAMAZARES PIDE ACTUAR A LA JUSTICIA

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, instó este martes al Gobierno a hacer cumplir la nueva legislación sobre el aborto, que entró el lunes en vigor, y pidió a la Justicia que tenga en cuenta la "llamada a la rebeldía" de algunas comunidades del PP, como Murcia, porque a su juicio esa actitud las sitúa en "la ilegalidad".

Llamazares, que es también presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, ha hecho estas declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja tras conocer que Murcia, comunidad autónoma gobernada por el PP, y Navarra, por UPN, están dispuestas a no poner en marcha la nueva normativa.

Llamazares recalcó que una ley es aprobada por la mayoría del Parlamento y tiene plena efectividad desde el momento en que aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que "cualquier voluntad en contrario de incumplir la ley estaría situando a esa comunidad o a esa administración en la ilegalidad".

"No vale eso de que ya esperaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional porque sería paralizar la eficacia de una ley durante cuatro años y eso es inaceptable", agregó, en alusión a las excusas de Murcia para no cumplir la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En su opinión, la actitud de comunidades como Murcia y Navarra supone "una llamada a la rebeldía ante una ley aprobada por el Parlamento y eso no se debe aceptar". "Tanto la Administración como la Administración de Justicia deben tenerlo en cuenta", remachó, instando al Gobierno y a las comunidades del PP al cumplimiento de esta ley, "como de cualquier otra".

Por su parte, a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, le parece que es de "auténtica gravedad" y un ataque al Estado de Derecho que el presidente de Murcia haya decidido no acatar la Ley del Aborto, que ayer entró en vigor, al estar recurrida ante el Constitucional.

El Gobierno amenaza con adoptar "medidas jurídicas" si no se acata la ley en vigor
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