nuevatribuna.es
22 de abril de 2010, 7:36
NUEVATRIBUNA.ES- 20.04.2010
La privatización de la sanidad madrileña avanza a galope tendido. En sólo cinco años, la salud de un tercio de la población -dos millones de madrileños- ha pasado a ser gestionada por empresas privadas. Un galope el emprendido por la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, a lomos de un caballo desbocado en materia de gasto y listas de espera, según UGT, que ha denunciado retrasos hasta de seis meses para determinadas operaciones en la sanidad madrileña.
“Los nuevos hospitales ni son mejores ni más baratos que los hospitales tradicionales”, defiende Juan Luis Martín, responsable de políticas sectoriales del sindicato en Madrid. Martín sostiene que el coste de las camas en manos privados duplica el coste del modelo tradicional. Además, frente a la promesa de Aguirre de rebajar a 40 días la lista de espera quirúrgica, UGT ha destapado que las listas de espera superan en realidad los tres meses y pueden dispararse hasta los seis meses en el caso concreto de los pacientes que no quieren ser intervenidos en hospitales privados.
“Tenemos un pico histórico en el número de pacientes en lista de espera”, añade Martín. “Alguien no ha empleado adecuadamente los 396 millones gastados en los últimos cinco años” que se cierran con 51.000 pacientes en lista de espera, según asegura. Por otro lado, los recortes de personal -2.600 efectivos menos que en 2008, según el balance final del año pasado-, “empeorarán aún más la calidad de la asistencia”, augura.
Otros servicios privatizados –como la gestión de citas- dejan también datos inquietantes. Es el caso del call center o servicio telefónico que atiende a los pacientes al demandar cita con su médico. Según denuncia UGT, Indra -la empresa de servicios española que opta a prestar este servicio- ha rebajado de 40 a 26 millones de euros su oferta para prestar este servicio, hoy en vías de privatización. “Es la propia empresa la que dice a la Comunidad de Madrid” que no necesita los 40 millones previstos por el Gobierno Aguirre en las bases de este concurso público.
Si este servicio se prestara por medios públicos, el servicio telefónico de atención de citas costaría dos millones menos de lo ofertado por Indra, asegura UGT, que cifra en 300 personas el número de empleados que se necesitarían para prestar este servicio.
A pesar de la deriva privatizadora, un 67 por ciento de los ciudadanos elegiría la sanidad pública antes que la privada, según los datos del Barómetro sanitario manejados por UGT. Entre ellos, mil ochocientos necesitan ser operados actualmente en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su preferencia por la sanidad pública les condena a esperar hasta seis meses para ser atendidos.
Este colectivo que rechaza ser operado en un hospital concertado –en manos privadas, pero financiado con fondos públicos-, además a someterse a “esperas interminables”, carece de información fundamental a la hora de optar entre la sanidad pública y la privada, denuncia UGT, que demanda más transparencia sobre los tiempos de espera por especialidades, unos datos que hoy no se publican y que ayudarían a tomar decisiones a las personas que esperan ser operadas.
ÁREA ÚNICA, UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
El Gobierno de Aguirre ha enarbolado la bandera de la libertad para impulsar sus políticas privatizadoras. Igual que se hizo en Educación (donde se invocó el derecho de los padres a elegir colegio), el ‘área única’ prevista por Aguirre en Sanidad llega también envuelta en la vistosa bandera de la libertad.
Básicamente, el ‘área única’ consiste en que los pacientes pueden elegir su médico. Ahora bien, los sindicatos temen que la entrada del sector privado desatará una operación de caza y captura de clientes por parte de las gestoras de los nuevos hospitales.
“El área única supone que los nuevos hospitales privados puedan captar clientes en cualquier parte de la Comunidad de Madrid”, denuncia Martín, a diferencia del sistema actual, que divide en once áreas cerradas el mapa sanitario madrileño. “Pronto veremos campaña de marketing en los distintos hospitales privados”, asegura. Además, el nuevo reglamento permitiría a las empresas privadas “seleccionar a sus clientes”, añade.
Sin embargo, a diferencia de lo esperado por Aguirre, las reglas del mercado no han traído una reducción de costes a la sanidad madrileña. Al contrario, según los datos que maneja UGT, el coste de las camas en hospitales privados se ha disparado, hasta el punto de llegar a duplicar el coste de las camas que ofrece el sector íntegramente público.
La Fundación Jiménez Díaz encabeza la lista de hospitales con acuerdos con la Administración respecto al coste de sus camas. Sus casi 640.000 euros de coste anual por cama –según lo aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 8 de abril- contrastan con los 337.000 euros que cuesta mantener una cama en el Clínico, el centro entre los del modelo tradicional con las camas más caras.
A pesar de que el estudio de UGT se ha realizado con el criterio más favorable a la Comunidad de Madrid –el número de camas máximas habilitadas-, según denuncia UGT, los costes de mantener una cama operativa en seis de los nuevos hospitales superan los 400.000 euros. Ese es el caso del Infanta Leonor de Vallecas, cuyas 185 camas cuestan más de 93 millones anuales, según lo presupuestado en 2010, más de medio millón de euros por cama. A continuación, el Río Tajo de Aranjuez roza también el medio millón de euros por cama. Parecido caso al del Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que ronda también el medio millón de euros por cama.
El coste por cama de los hospitales gestionados en mayor o menor medida por empresas privadas contrasta con los costes del sector público. Así, en el Clínico, y también según lo presupuestado en 2010, la cama sale a 337.000 euros. Por debajo, en torno a los 300.000 euros, figuran cuatro hospitales enteramente públicos, el de Alcorcón, La Paz, Doce de Octubre y Ramón y Cajal. Por último, el hospital de Getafe, cada una de cuyas camas cuesta unos 200.000 euros anuales, cierra el listado de los diez hospitales públicos acogidos al modelo tradicional.
El despilfarro de recursos públicos y la irrupción del nuevo mercado de la salud madrileño suponen una “transformación de profundo calado”, denuncia UGT, que pide además mayor claridad en la gestión de un marasmo administrativo en el que conviven hasta seis modelos distintos de gestión.
En sólo cinco años, Aguirre ha puesto la salud de un tercio de la población madrileña en manos privadas, a través de un modelo que “carece de legitimidad social”, según UGT, que recuerda que el programa electoral del PP no recogía la privatización de la sanidad madrileña.
Seis formas jurídicas distintas rigen los destinos de los centros hospitalarios de la sanidad pública madrileña Desde el modelo de fundación (Alcorcón), hasta el modelo tradicional, que siguen La Paz y otros grandes hospitales, el mosaico sanitario madrileño incluye además otros modelos, como entes públicos (Fuenlabrada), los llamados PCI (los siete nuevos hospitales), el denominado ‘modelo Alzira’ (Valdemoro y los cuatro hospitales proyectados), además del modelo de concierto que regula las relaciones entre la Fundación Jiménez Díaz y la Administración autonómica.
Un lío que corre el riesgo de acabar en un gigantesco fiasco por decisión judicial, según denuncia UGT, que ha recurrido un total de siete procesos de reordenación de efectivos, que transfirieron personal “en detrimento de los hospitales tradicionales” hacia los nuevos hospitales, denuncia Martín.
“Si estos recursos prosperaran podría ocurrir que los 5.340 profesionales” procedentes de los hospitales tradicionales “tuviesen que retornar a sus puestos de origen”. Tras lograr una sentencia favorable en uno de los casos –el de los Auxiliares de Enfermería- UGT espera también sentencias favorables que declaren “nulo” el proceso de traslado de estos profesionales. Un fiasco que se añadiría al “escandaloso deterioro” que, a juicio del sindicato, sufre la sanidad madrileña después de cinco años de gobierno de Aguirre.
La privatización de la sanidad madrileña avanza a galope tendido. En sólo cinco años, la salud de un tercio de la población -dos millones de madrileños- ha pasado a ser gestionada por empresas privadas. Un galope el emprendido por la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, a lomos de un caballo desbocado en materia de gasto y listas de espera, según UGT, que ha denunciado retrasos hasta de seis meses para determinadas operaciones en la sanidad madrileña.
“Los nuevos hospitales ni son mejores ni más baratos que los hospitales tradicionales”, defiende Juan Luis Martín, responsable de políticas sectoriales del sindicato en Madrid. Martín sostiene que el coste de las camas en manos privados duplica el coste del modelo tradicional. Además, frente a la promesa de Aguirre de rebajar a 40 días la lista de espera quirúrgica, UGT ha destapado que las listas de espera superan en realidad los tres meses y pueden dispararse hasta los seis meses en el caso concreto de los pacientes que no quieren ser intervenidos en hospitales privados.
“Tenemos un pico histórico en el número de pacientes en lista de espera”, añade Martín. “Alguien no ha empleado adecuadamente los 396 millones gastados en los últimos cinco años” que se cierran con 51.000 pacientes en lista de espera, según asegura. Por otro lado, los recortes de personal -2.600 efectivos menos que en 2008, según el balance final del año pasado-, “empeorarán aún más la calidad de la asistencia”, augura.
Otros servicios privatizados –como la gestión de citas- dejan también datos inquietantes. Es el caso del call center o servicio telefónico que atiende a los pacientes al demandar cita con su médico. Según denuncia UGT, Indra -la empresa de servicios española que opta a prestar este servicio- ha rebajado de 40 a 26 millones de euros su oferta para prestar este servicio, hoy en vías de privatización. “Es la propia empresa la que dice a la Comunidad de Madrid” que no necesita los 40 millones previstos por el Gobierno Aguirre en las bases de este concurso público.
Si este servicio se prestara por medios públicos, el servicio telefónico de atención de citas costaría dos millones menos de lo ofertado por Indra, asegura UGT, que cifra en 300 personas el número de empleados que se necesitarían para prestar este servicio.
A pesar de la deriva privatizadora, un 67 por ciento de los ciudadanos elegiría la sanidad pública antes que la privada, según los datos del Barómetro sanitario manejados por UGT. Entre ellos, mil ochocientos necesitan ser operados actualmente en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su preferencia por la sanidad pública les condena a esperar hasta seis meses para ser atendidos.
Este colectivo que rechaza ser operado en un hospital concertado –en manos privadas, pero financiado con fondos públicos-, además a someterse a “esperas interminables”, carece de información fundamental a la hora de optar entre la sanidad pública y la privada, denuncia UGT, que demanda más transparencia sobre los tiempos de espera por especialidades, unos datos que hoy no se publican y que ayudarían a tomar decisiones a las personas que esperan ser operadas.
ÁREA ÚNICA, UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
El Gobierno de Aguirre ha enarbolado la bandera de la libertad para impulsar sus políticas privatizadoras. Igual que se hizo en Educación (donde se invocó el derecho de los padres a elegir colegio), el ‘área única’ prevista por Aguirre en Sanidad llega también envuelta en la vistosa bandera de la libertad.
Básicamente, el ‘área única’ consiste en que los pacientes pueden elegir su médico. Ahora bien, los sindicatos temen que la entrada del sector privado desatará una operación de caza y captura de clientes por parte de las gestoras de los nuevos hospitales.
“El área única supone que los nuevos hospitales privados puedan captar clientes en cualquier parte de la Comunidad de Madrid”, denuncia Martín, a diferencia del sistema actual, que divide en once áreas cerradas el mapa sanitario madrileño. “Pronto veremos campaña de marketing en los distintos hospitales privados”, asegura. Además, el nuevo reglamento permitiría a las empresas privadas “seleccionar a sus clientes”, añade.
Sin embargo, a diferencia de lo esperado por Aguirre, las reglas del mercado no han traído una reducción de costes a la sanidad madrileña. Al contrario, según los datos que maneja UGT, el coste de las camas en hospitales privados se ha disparado, hasta el punto de llegar a duplicar el coste de las camas que ofrece el sector íntegramente público.
La Fundación Jiménez Díaz encabeza la lista de hospitales con acuerdos con la Administración respecto al coste de sus camas. Sus casi 640.000 euros de coste anual por cama –según lo aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 8 de abril- contrastan con los 337.000 euros que cuesta mantener una cama en el Clínico, el centro entre los del modelo tradicional con las camas más caras.
A pesar de que el estudio de UGT se ha realizado con el criterio más favorable a la Comunidad de Madrid –el número de camas máximas habilitadas-, según denuncia UGT, los costes de mantener una cama operativa en seis de los nuevos hospitales superan los 400.000 euros. Ese es el caso del Infanta Leonor de Vallecas, cuyas 185 camas cuestan más de 93 millones anuales, según lo presupuestado en 2010, más de medio millón de euros por cama. A continuación, el Río Tajo de Aranjuez roza también el medio millón de euros por cama. Parecido caso al del Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que ronda también el medio millón de euros por cama.
El coste por cama de los hospitales gestionados en mayor o menor medida por empresas privadas contrasta con los costes del sector público. Así, en el Clínico, y también según lo presupuestado en 2010, la cama sale a 337.000 euros. Por debajo, en torno a los 300.000 euros, figuran cuatro hospitales enteramente públicos, el de Alcorcón, La Paz, Doce de Octubre y Ramón y Cajal. Por último, el hospital de Getafe, cada una de cuyas camas cuesta unos 200.000 euros anuales, cierra el listado de los diez hospitales públicos acogidos al modelo tradicional.
El despilfarro de recursos públicos y la irrupción del nuevo mercado de la salud madrileño suponen una “transformación de profundo calado”, denuncia UGT, que pide además mayor claridad en la gestión de un marasmo administrativo en el que conviven hasta seis modelos distintos de gestión.
En sólo cinco años, Aguirre ha puesto la salud de un tercio de la población madrileña en manos privadas, a través de un modelo que “carece de legitimidad social”, según UGT, que recuerda que el programa electoral del PP no recogía la privatización de la sanidad madrileña.
Seis formas jurídicas distintas rigen los destinos de los centros hospitalarios de la sanidad pública madrileña Desde el modelo de fundación (Alcorcón), hasta el modelo tradicional, que siguen La Paz y otros grandes hospitales, el mosaico sanitario madrileño incluye además otros modelos, como entes públicos (Fuenlabrada), los llamados PCI (los siete nuevos hospitales), el denominado ‘modelo Alzira’ (Valdemoro y los cuatro hospitales proyectados), además del modelo de concierto que regula las relaciones entre la Fundación Jiménez Díaz y la Administración autonómica.
Un lío que corre el riesgo de acabar en un gigantesco fiasco por decisión judicial, según denuncia UGT, que ha recurrido un total de siete procesos de reordenación de efectivos, que transfirieron personal “en detrimento de los hospitales tradicionales” hacia los nuevos hospitales, denuncia Martín.
“Si estos recursos prosperaran podría ocurrir que los 5.340 profesionales” procedentes de los hospitales tradicionales “tuviesen que retornar a sus puestos de origen”. Tras lograr una sentencia favorable en uno de los casos –el de los Auxiliares de Enfermería- UGT espera también sentencias favorables que declaren “nulo” el proceso de traslado de estos profesionales. Un fiasco que se añadiría al “escandaloso deterioro” que, a juicio del sindicato, sufre la sanidad madrileña después de cinco años de gobierno de Aguirre.
