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En el contexto del panorama político europeo actual, la cuestión de los refugiados y la integración ocupa un lugar central en el debate en numerosos países, desde Alemania y Francia hasta Dinamarca, Países Bajos y Suecia. La mayoría de los partidos, incluidos algunos de centro y de centroizquierda, tienden a explicar el éxito o el fracaso de la integración a través de factores culturales, religiosos o étnicos, como si estos fueran el determinante decisivo del problema. Sin duda, los factores religiosos y culturales influyen en algunos aspectos de la integración, sin embargo, este impacto sigue siendo limitado y no basta para explicar el fenómeno en su esencia.
- El Estado tal como lo conocieron, aparato de represión y no institución de servicio
- Un modelo nacido de la lucha de clases
- Políticas de integración y el problema de la comprensión del Estado
- La integración real
- La participación política
El debate en la mayor parte de Europa, especialmente en los entornos de los partidos de derecha y extrema derecha, y en ocasiones también en algunos sectores considerados de izquierda, gira en torno al idioma, la vestimenta, los valores religiosos y lo que se denomina “cultura”. Este enfoque estrecho oculta, deliberada o involuntariamente, los factores sociales, económicos y políticos más profundos, y reduce una cuestión sumamente compleja a un eslogan electoral simplificado que sirve más a la movilización de votantes que a la comprensión del problema o a la presentación de soluciones reales y justas.
La integración y la lucha por una sociedad más justa son dos caras de la misma moneda
En lugar de abordar la integración como un proceso social e histórico complejo en el que se entrelazan factores estructurales, psicológicos y económicos, se la reduce a consignas culturales y religiosas simplificadas utilizadas para generar miedo y movilizar votantes. Algunos de estos discursos incluso sobrepasan los valores de derechos consagrados en las constituciones europeas y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y conducen en la práctica a tratar a los ciudadanos europeos de origen migrante, especialmente a quienes provienen de países de mayoría musulmana, como si fueran sospechosos obligados a demostrar constantemente su inocencia, a pesar de que la gran mayoría trabaja, contribuye y se integra de manera efectiva en sus sociedades.
Sin embargo, una pregunta más profunda rara vez se plantea en el debate público: qué significa el Estado en la mente de quienes han vivido gran parte de su vida bajo un Estado que reprime y saquea, y cómo influye esta experiencia arraigada en su relación con cualquier otro Estado. Esto no se limita a la primera generación, ya que esta imagen del Estado puede transmitirse a la segunda generación a través del lenguaje cotidiano en el hogar y la forma de hablar sobre las instituciones y el poder. El niño que crece en un entorno que percibe al Estado con desconfianza puede heredar esta visión antes de tener su propia experiencia con él, lo que hace que abordar esta dimensión sea una necesidad que afecta a generaciones y no solo a individuos.
El Estado tal como lo conocieron, aparato de represión y no institución de servicio
Muchos refugiados y refugiadas procedentes de Oriente Medio y de algunas regiones de Asia y África han vivido la mayor parte de sus vidas bajo Estados autoritarios y corruptos. Para ellos, el Estado no era una institución pública al servicio de la sociedad ni protectora de los derechos individuales. En su experiencia cotidiana, era un aparato de poder represivo que operaba en beneficio de una élite reducida a expensas del conjunto de la sociedad, asociado a la corrupción sistemática, el soborno, los aparatos de seguridad dominantes en la vida pública y una burocracia no sujeta al control popular. En la mayoría de los casos, era un poder no elegido o que recurría a elecciones simuladas sin contenido real, utilizadas como fachada para legitimar un régimen ya establecido, y que trataba a las personas como súbditos subordinados y no como ciudadanos con derechos.
Esta experiencia arraigada con elecciones fraudulentas o con su ausencia total explica en gran medida la baja participación electoral entre ciudadanos europeos de origen extranjero en comparación con los ciudadanos nativos, fenómeno observado por investigadores en numerosos países. La participación electoral no es un comportamiento innato, es una práctica adquirida basada en una confianza sólida en que el voto individual produce un impacto real. Quien solo ha conocido urnas que no cambian nada o que se utilizan para falsificar la voluntad popular necesita tiempo y experiencia concreta para convencerse de que aquí la situación es diferente.
Más importante aún, estos Estados en muchos casos no surgieron en el vacío. Se formaron y mantuvieron el poder mediante una estrecha alianza entre gobernantes políticos y élites capitalistas locales y globales. A menudo recibieron apoyo político, militar y financiero de potencias occidentales bajo el pretexto de la estabilidad regional y la lucha contra el extremismo, mientras aplastaban la sociedad civil y bloqueaban cualquier forma de organización democrática o sindical independiente. Las sociedades occidentales que hoy se preguntan por las dificultades de la integración comparten, al mismo tiempo, una responsabilidad histórica significativa en la perpetuación de los regímenes que produjeron estos refugiados y moldearon en ellos esta profunda relación de desconfianza y temor hacia el Estado.
En tales sistemas represivos y corruptos, resulta completamente natural que las personas intenten esquivar al Estado en lugar de cooperar con él. Evitan los procedimientos oficiales, eluden las leyes, evitan pagar impuestos y dependen de redes personales y familiares en lugar de instituciones públicas en las que nadie confía. Esto no es un rasgo cultural heredado en un sentido esencialista simple, es en gran medida el resultado lógico de una larga experiencia histórica con un Estado que ha reprimido y saqueado a la sociedad en lugar de servirla.
Un modelo nacido de la lucha de clases
Cuando estos refugiados y refugiadas llegan a Europa occidental, se encuentran frente a un modelo completamente distinto a todo lo que han conocido. Aunque el Estado moderno sigue siendo parte de una estructura social de clase dentro del sistema capitalista, la mayoría de los Estados de Europa occidental se basan en instituciones democráticas, elecciones libres, relativa transparencia institucional y normas jurídicas que se aplican en gran medida a todos.
Sin embargo, este modelo no surgió espontáneamente ni fue un regalo del Estado o de la clase burguesa dominante. Es el resultado de una larga y ardua historia de luchas de clase del movimiento obrero, los sindicatos y los movimientos de izquierda y sociales, que mediante la organización colectiva y la acción política sostenida lograron imponer gradualmente un amplio sistema de derechos sociales. La educación pública gratuita, la atención sanitaria universal, los sistemas de seguridad social y las leyes de protección laboral no nacieron con el Estado europeo moderno, fueron conquistados a lo largo de décadas de conflicto entre trabajo y capital.
Estos logros no están garantizados para siempre. Están constantemente expuestos a la erosión y a intentos de desmantelamiento cada vez que el movimiento de izquierda y sindical se debilita y pierde presencia en el espacio público. La historia del capitalismo demuestra que el capital no renuncia voluntariamente a lo que le ha sido arrancado, y que cualquier retroceso en la fuerza de la organización colectiva abre la puerta a la reducción de estos derechos bajo nuevos pretextos. Esto hace que la preservación y el desarrollo de estos logros dependan en cada generación de la vigilancia de los movimientos progresistas y de la continuidad de su organización y participación política activa.
Estos Estados también se basan en un sistema jurídico sustentado en principios de derechos humanos, incluida la igualdad legal entre mujeres y hombres, la separación entre religión y Estado, la protección de los derechos de la infancia y el derecho de todos los ciudadanos y residentes a la educación, la atención sanitaria y la dignidad humana. Para muchos refugiados y refugiadas procedentes de sociedades donde estos derechos no cuentan con protección legal suficiente, comprender estas normas y su lógica no es simplemente una adaptación cultural, es una parte esencial de entender la propia naturaleza del Estado democrático secular.
La gran mayoría de los refugiados y refugiadas se adapta gradualmente a este modelo. Aprenden a confiar en las instituciones públicas, entran en el mercado laboral, pagan impuestos y participan en la vida social. Sin embargo, existe una pequeña minoría que permanece atrapada en la experiencia anterior con el Estado y trata al sistema europeo según la lógica de su país de origen, trabajando fuera del marco legal, eludiendo procedimientos o confiando en redes personales en lugar de instituciones públicas. Entre estas manifestaciones también se encuentra la persistencia de ciertos patrones de mentalidad patriarcal autoritaria en la gestión de los asuntos familiares, un patrón que no ha sido producido únicamente por la cultura, sino alimentado por décadas de ausencia de un marco legal protector para las mujeres y por la predominancia de la lógica de la fuerza en sociedades que no han conocido un Estado de ciudadanía.
Políticas de integración y el problema de la comprensión del Estado
El fracaso en la integración de esta minoría suele interpretarse como un problema cultural o religioso profundo que requiere más restricciones, pruebas y condiciones. La explicación más precisa es que, en muchos casos, se trata de una transición difícil desde una concepción arraigada del Estado como aparato de represión y corrupción hacia una concepción radicalmente distinta que lo entiende como una institución de solidaridad social que merece confianza y participación.
Las políticas de integración europeas actuales no abordan suficientemente esta dimensión fundamental. En lugar de centrarse en explicar la naturaleza de las instituciones del Estado, su funcionamiento y la historia de luchas que las produjo, se han acumulado, bajo la presión creciente de la derecha y la extrema derecha, políticas orientadas a endurecer las leyes, ampliar pruebas de valores e imponer restricciones cada vez mayores sobre la residencia y los derechos sociales. Políticas que parten del supuesto previo de que el refugiado es un problema que debe ser contenido, no un ser humano con una experiencia histórica compleja que necesita ser comprendida.
Este enfoque no solo fracasa en lograr la integración, también puede reforzar en algunos refugiados la imagen anterior del Estado como entidad hostil que los persigue, lo cual es exactamente lo contrario de lo que pretenden las políticas declaradas de integración.
Lo que la integración real necesita es una explicación clara de cómo funcionan las instituciones del Estado basadas en el principio de ciudadanía, la relación orgánica entre impuestos y servicios públicos, y el papel de los sindicatos y las leyes laborales en la protección de trabajadores y trabajadoras. Aprender el idioma es sin duda necesario, pero no es suficiente por sí solo para comprender la sociedad.
La integración real
Las políticas de integración pueden incluir ejemplos prácticos y directos, como explicar cómo se financian las escuelas y los hospitales mediante impuestos, y cómo el trabajador o la trabajadora obtiene sus derechos a través de contratos laborales formales y sindicatos. También se puede fortalecer esta comprensión fomentando la participación de refugiados en la vida política, civil, sindical y en asociaciones locales.
Cuando las personas ven cómo funcionan las instituciones democráticas en la vida cotidiana y cómo los movimientos obreros y sindicales han logrado conquistar amplios derechos sociales mediante la organización colectiva, la integración se convierte en un proceso social real y no en una mera obligación administrativa o una prueba de valores.
La integración también se basa en una responsabilidad compartida y múltiple. La sociedad de acogida y sus instituciones deben explicar la naturaleza del Estado y su historia de lucha. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de centrarse en los numerosos aspectos positivos del proceso de integración en lugar de amplificar prácticas erróneas que siguen siendo la excepción y no la regla.
Por otro lado, la minoría que aún percibe al Estado a través del prisma de sus experiencias pasadas necesita una revisión real. El Estado en Europa occidental, a pesar de sus deficiencias y contradicciones de clase, no es un aparato de corrupción y represión cotidiana como el que muchos conocieron en sus países de origen. Es en gran medida una institución pública que garantiza derechos fundamentales, proporciona amplios servicios sociales y aplica la ley de forma general.
El respeto a las leyes, el registro del trabajo, el pago de impuestos y la relación transparente con las instituciones públicas no son solo obligaciones legales, son formas de participación real en un sistema de solidaridad social construido a lo largo de décadas de lucha de trabajadoras y trabajadores manuales e intelectuales, y de movimientos sindicales y sociales.
La participación política
Desde esta perspectiva, la participación en la vida política en todas sus formas, desde la afiliación a sindicatos y asociaciones civiles, pasando por la participación en protestas y campañas sociales, hasta el voto en elecciones, se convierte en una parte inseparable de la integración real en sociedades cuyos logros se basan en la lucha colectiva. El voto en una sociedad democrática es una herramienta de influencia real sobre decisiones que afectan la vida diaria de todos, desde los servicios de salud y educación hasta las leyes laborales y las políticas de vivienda. Los ciudadanos europeos de origen extranjero que se abstienen de participar debido a una herencia de desconfianza hacia la política dejan el terreno libre a voces que moldean las políticas en su contra.
Frente al ascenso de la derecha y la extrema derecha en Europa, hay una apuesta clara en juego, preservar y desarrollar los logros sociales conquistados por la izquierda histórica o permitir la continuidad de su erosión progresiva. En este contexto, las fuerzas de la izquierda social y ambiental que rechazan el discurso racista contra los migrantes y defienden políticas de integración basadas en la igualdad y la dignidad humana representan el marco político más cercano a los principios de justicia social que dieron origen al propio modelo europeo.
Surge aquí una pregunta inevitable, cómo invitar al migrante a integrarse en una sociedad que al mismo tiempo se describe como capitalista y de clases. La respuesta es que esta sociedad, a pesar de su carácter de clase, no es homogénea, es un campo de lucha en el que la izquierda y los movimientos obreros han conquistado, a lo largo de generaciones, derechos sociales reales y significativos. La integración aquí no significa sumisión al sistema existente, significa participación activa en esta misma lucha. El migrante que paga impuestos, se afilia a su sindicato y participa en la vida política de izquierda adquiere herramientas de lucha socialista y se convierte en un actor en el proceso de transformación social, no solo en un beneficiario de sus logros.
Quien ha vivido durante mucho tiempo bajo un Estado que le roba su voz y criminaliza su acción política tiene hoy una oportunidad real, que su participación política en todas sus formas sea parte de la defensa y el fortalecimiento de este modelo. La integración y la lucha por una sociedad más justa son dos caras de la misma moneda.
