Existe un acuerdo a nivel internacional, así como una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, sobre la cobertura sanitaria universal de la población y la necesidad de financiación pública para garantizarla.
El problema está en conocer realmente qué cantidad es la precisa para responder a las necesidades de salud de la población, y este es un tema bastante peliagudo y complicado de establecer, porque es obvio que las necesidades de financiación del sistema sanitario están condicionadas por muchas variables entre las que están la prevalencia de las enfermedades, la dispersión y el envejecimiento de la población, el nivel socioeconómico, etc.
A pesar de estas limitaciones, habitualmente en las comparaciones internacionales se suelen utilizar dos estándares, por un lado, el porcentaje del PIB dedicado a la sanidad, y por el otro, el gasto sanitario per cápita. El primero tiene la ventaja de que relaciona el gasto sanitario con la capacidad económica de cada país, pero tiene el inconveniente de que asume que los países pobres deben tener un mal sistema sanitario, porque no tienen capacidad económica para atender aceptablemente a la población, cuando precisamente son los países más pobres los que necesitan mayores recursos para la atención sanitaria ya que su población probablemente tiene muchos más problemas de salud. El segundo, el gasto sanitario per cápita (bien en dólares, en poder paritario de compra, como lo calcula la OCDE y OMS, bien en euros por habitante y año, que es el cálculo utilizado en la UE), parece responder mejor a los costes de los recursos utilizados para la atención sanitaria.
Las necesidades de financiación del sistema sanitario están condicionadas por muchas variables
En España el dato sobre gasto y presupuestos sanitarios suele ofrecerse en ambos parámetros, tanto a nivel general, como en lo relativo a las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, la utilización del porcentaje sobre el PIB regional no tiene sentido en nuestro caso por los siguientes motivos:
Uno, el sistema de financiación autonómica vigente en nuestro país no tiene en cuenta el PIB regional, de manera que las Comunidades Autónomas reciben transferencias del Estado para la financiación de las competencias que tienen asumidas, independientemente del PIB de cada una de ellas, y esto es así, básicamente, porque el sistema de financiación autonómica pretende garantizar el funcionamiento de los servicios básicos en todas ellas con algunos criterios de homogeneidad que permitan la cohesión entre las CCAA más ricas, con mayor PIB (que en este modelo son contribuyentes netas, es decir, reciben menos dinero del que les correspondería por su PIB), y las más pobres, que son receptoras de fondos, y por lo tanto, están financiadas por encima de su PIB regional. Ligar la financiación autonómica al PIB regional supondría un incremento a las desigualdades y los desequilibrios interautonómicos.
Ligar la financiación autonómica al PIB regional supondría un incremento a las desigualdades y los desequilibrios interautonómicos
Segundo, establecer la financiación sanitaria al PIB tiene otro inconveniente claro, y es que en los momentos de crisis económica se produce una reducción de este y, por lo tanto, supone asumir, que en estos momentos se tienen que producir recortes en la financiación sanitaria.
Tercero, por otro lado, también resulta evidente que las necesidades de salud no tienen ninguna relación con el PIB regional, y que parece, que lo más razonable es fijar las necesidades financieras del sistema sanitario de acuerdo con los costes reales de garantizar una atención sanitaria a la población.
Por todos estos motivos, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, venimos insistiendo desde hace tiempo en que el mejor mecanismo para comparar el gasto sanitario público de las CCAA es hacerlo en euros por habitante y año, y que también debe de utilizarse este parámetro para reivindicar un gasto sanitario suficiente para las mismas, todo ello mientras no existan mecanismos para calcular de manera efectiva las necesidades de salud de la población y los presupuestos sanitarios precisos para atenderlas.
