La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha firmado un protocolo de colaboración con el objetivo de impulsar la cooperación y la defensa de los principios y valores compartidos de una concepción democrática de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como garantes de la protección del libre ejercicio de los derechos, libertades y seguridad de la ciudadanía.
El protocolo de colaboración suscrito por Enrique Fossoul, secretario general de la FSC-CCOO, y Alberto Molla, secretario general de AUGC, en presencia de delegaciones de ambas organizaciones, culmina un largo periodo de colaboración y puesta en común de iniciativas y propuestas para mejorar los derechos profesionales y laborales de los colectivos policiales representados en la firma de este convenio.
La relación entre ambas organizaciones está basada en la independencia y autonomía de cada una de ellas sin relación de jerarquía, desde el ejercicio de una clara apuesta por la defensa y mejora de la calidad del servicio público que se presta a la sociedad española desde cada una de las administraciones, uno de cuyos pilares básicos descansa en la existencia de una seguridad pública al servicio de los valores democráticos.
Ambas organizaciones consideran necesaria la defensa de las modificaciones legales oportunas para el pleno reconocimiento de los derechos asociativos y sindicales a los componentes del Cuerpo de la Guardia Civil, entre los que se encuentran el derecho de huelga o a la plena negociación colectiva.
Se promoverán cursos de formación profesional policial y el apoyo mutuo en cuanto a participación conjunta en foros y eventos que sean de interés para los afiliados de AUGC y FSC-CCOO.
AUGC y FSC-CCOO consideran necesario fortalecer el trabajo conjunto en lo relativo a la defensa de los derechos de las mujeres que desempeñan sus labores profesionales en el marco policial, dando continuidad con ello al esfuerzo común por la dignificación laboral de los colectivos afectados y la visualización de su especificidad.
Con la firma de este documento, ambas organizaciones pretender dar un impulso a la más efectiva protección de los derechos de los colectivos policiales representados, especialmente en un momento en el que se está asistiendo a un intento de introducir procesos de privatización en áreas sensibles de intervención conjunta como son las instituciones penitenciarias o los riesgos que se vislumbran a partir del proyecto de Ley de Seguridad Privada.
