@Montagut | El Ayuntamiento de Madrid en enero de 1925, intervenido por el dictador Miguel Primo de Rivera, decidió arrendar distintos servicios municipales, entre los que destacaban los de limpiezas y alcantarillas. Este artículo versa sobre los argumentos que desde el socialismo se plantearon contra lo que nosotros conocemos como privatización de servicios públicos, y de la mano de uno de los que personajes del sindicalismo y del socialismo que más sabía del mundo municipal en aquellos tiempos, el panadero Manuel Cordero.
El acuerdo municipal tendría para Cordero un doble significado. En primer lugar, perjudicaba los intereses de la colectividad, pero, también, y en segundo lugar, evidenciaba la pereza de los ediles madrileños y la falta de competencia en el cumplimiento de los deberes que tenían.
Cordero recordaba que los concejales que había entrado en el Consistorio habían llegado con la máxima de administrar, no de hablar ni discutir, es decir, de no hacer “política”, en línea con el populismo impuesto por Miguel Primo de Rivera, defensor de la idea de la administración frente a la política, como una manera clara de intentar establecer diferencias con el sistema de la Restauración, con la de la política considerada como un mal a evitar por su incompetencia. En el caso concreto que aquí nos ocupa, Cordero denunciaba que, efectivamente, no hablaron, es decir, los concejales callaron que para no tener nada que administrar iban a arrendar los servicios municipales.
Perjudicaba los intereses de la colectividad y evidenciaba la pereza de los ediles madrileños
El socialista se preguntaba, a continuación, cuáles habían sido las razones para llegar a dicho acuerdo, ¿habían sido causas técnicas o económicas? Pues al parecer, como había explicado el conde de Vallellano, a la sazón alcalde desde septiembre de 1924, es decir Fernando Suárez de Tangil, (que luego sería ministro de Obras Públicas y presidente del Consejo de Estado con Franco) el problema residía en los propios trabajadores. El alcalde decía que los obreros municipales no rendían lo suficiente.
Cordero seguía haciéndose preguntas: ¿era verdad que los trabajadores municipales no rendían?, ¿en qué se basaba el alcalde, es decir, había estadísticas o datos que lo demostrasen? Y si se demostraba que así era, ¿quiénes eran los responsables, los propios obreros o quienes los dirigían? Pero, además, ¿esta era una razón fundamental para adoptar dicho acuerdo de privatización?
La cobranza y administración de los odiados impuestos de Consumos (…) habían sido arrendadas, terminando por ser expoliados tanto los vecinos como al propio Consistorio
El problema partía del hecho de que, si los trabajadores eran más débiles que las futuras empresas que se formarían alrededor de los negocios proporcionados por las contratas o arriendos, ¿sería capaz el Ayuntamiento madrileño, que se consideraba impotente para disciplinar a esos trabajadores, sería fuerte para obligar a las empresas a cumplir los contratos? No parecía.
Esa respuesta se basaba en la propia experiencia histórica del Ayuntamiento de la capital. La cobranza y administración de los odiados impuestos de Consumos, que gravaban productos básicos, repercutiendo en las clases humildes, y que había sido la base de la hacienda municipal durante gran parte del siglo XIX y los inicios del XX, habían sido arrendadas, terminando por ser expoliados tanto los vecinos como al propio Consistorio. Si el impuesto se había convertido en odioso hasta irritar a la opinión pública, además de su carácter, se debía, precisamente a esos abusos que se habían cometido con el vecindario. Y, sin embargo, los arrendatarios se habían enriquecido. Otro ejemplo se había producido en lo que en aquella época se denominaban “Pompas fúnebres”.
Los socialistas siempre fueron firmes partidarios de municipalizar todos los servicios, como se hacía en muchas importantes ciudades europeas
El servicio de limpieza de los pozos negros estaba ya contratado, y generaba muchas quejas de los vecinos madrileños, porque el vaciado se hacía de forma arbitraria, vertiendo las cubas al aire libre en cualquier descampado, aunque hubiera viviendas cerca, generando un verdadero problema sanitario. ¿Esto no era conocido por el alcalde y los concejales?, ¿no llegaban al Consistorio quejas continuas por estos desmanes?
No era difícil precisar en los contratos y concesiones las obligaciones que las empresas adquirían con el Ayuntamiento. La dificultad estaba en que esas obligaciones se cumpliesen y que el poder público tuviera fuerza para obligar a su cumplimiento.
Los socialistas siempre fueron firmes partidarios de municipalizar todos los servicios, como se hacía en muchas importantes ciudades europeas, y como mostraron al público en la prensa obrera.
Sobre la denuncia de Cordero podemos consultar el número 4974 de El Socialista del 15 de enero de 1925.
