nuevatribuna.es
10 de noviembre de 2009, 14:35
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 10.11.2009
Los partidos políticos plasmaron este martes por escrito su acuerdo en que el consumo de alcohol o drogas sea considerado agravante en los casos de violencia de género, como sucede con los delitos de seguridad vial, y no como atenuante o incluso eximente, como se aplica en los demás delitos tipificados en el Código Penal.
Así consta en las conclusiones de la subcomisión en la que se ha estudiado el funcionamiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género y sus posibles modificaciones, a las que PP y CiU han presentado sendos votos particulares para separar las competencias civiles y penales en los juicios por separación y divorcio cuando haya violencia de género, para dar así una mejor atención jurídica a las víctimas y evitar que muchas denuncias se retiren por el colapso de los juzgados.
La ponente de CiU, Mercé Pigem, defendió que los juzgados de violencia doméstica se queden con la competencia de los asuntos civiles derivados de las primeras medidas cautelares tomadas tras la denuncia, pero que todo lo demás regrese al juzgado de origen y que haya entre ambos una permanente coordinación a través del fiscal.
En esa misma línea, Susana Camarero, ponente del PP, argumentó que en muchos casos la tramitación de la parte civil se va posponiendo por el colapso de los juzgados penales, y eso hace que muchas mujeres retiren la denuncia por malos tratos para agilizar la obtención del divorcio.
Además, el PP no descarta presentar algún otro voto particular, por ejemplo para instar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la primera declaración de una mujer al presentar la denuncia por violencia sirva para eximirla de una declaración posterior en el juicio oral, porque esa sesnsación de segunda victimización lleva a muchas a retirar la denuncia, con la consiguiente sentencia absolutoria del agresor.
Además, pretenden mejorar el sistema de protección de las víctimas y proponen para ello modificar el modo actual de valoración policial del riesgo de las denunciantes, para dejarlo en manos de personal especialmente formado para esa evaluación.
Por encima de esas matizaciones, la socialista Carmen Montón destacó el consenso básico existente en torno a la vigencia y utilidad de la Ley Integral y en la necesidad de dar más tiempo a su desarrollo antes de modificarla.
Sobre los votos particulares de PP y CiU, Montón argumentó que el Observatorio del CGPJ y las asociaciones de mujeres vieron un gran logro en la unificación de los juzgados para evitar la peregrinación de las víctimas por unos y por otros, y rechazó por ello el paso atrás que supondría acceder a esa separación de competencias.
Montón subrayó que las conclusiones hacen hincapié en la necesidad de mejorar la recuperación de las mujeres a todos los niveles, y valoró que el estudio de la subcomisión haya servido para desterrar mitos falsos sobre la Ley, como que haya incrementado el porcentaje de denuncias falsas.
LOS JUECES CUESTIONAN LA MEDIDA
Tras la presentación de las conclusiones de la subcomisión, las principales asociaciones de jueces cuestionaron la eficacia de la propuesta de agravar la pena a aquellos maltratadores que cometan un delito de violencia de género estando bebidos o drogados. Los jueces coincidieron en señalar que el castigo es "desproporcionado" y avisaron que "aumentar las penas no es la solución a los problemas".
Para el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, la Cámara Baja "ha recurrido al camino más simplón y desmedido", que es aumentar las condenas, cuando eso "no sirve" para acabar con la violencia machista. García explicó que la ingesta de bebidas alcohólicas y de sustancias estupefacientes puede resultar en ocasiones una circunstancia atenuante o eximente si merma la consciencia y la voluntad de las personas, aunque precisó que estas medidas no se aplican si el infractor ha consumido con el objetivo de cometer un delito.
Por su parte, el representante de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, calificó de "disparate jurídico" la propuesta del Congreso, además de ser "un retorcimiento del Código Penal que no soluciona nada".
NO COMPARABLE A LOS DELITOS DE TRÁFICO
Asimismo, indicó que "el hecho de beber es parte del propio delito en los casos de seguridad vial, pero es ajeno en los casos de violencia de género", por lo que "no se pueden comparar y equiparar" el abuso de alcohol y droga en ambos actos delictivos. Sexmero pide que se deje el Código Penal como está y que sea el juez el que pueda decidir si aplica la atenuante o eximente o ninguna de las dos en función de cada caso.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, señaló que la aplicación de esta medida supondría "un salto" en el castigo de estos delitos y preguntó por qué se debería aplicar esta agravante en los casos de violencia machista y no en el resto de delitos violentos.
Los partidos políticos plasmaron este martes por escrito su acuerdo en que el consumo de alcohol o drogas sea considerado agravante en los casos de violencia de género, como sucede con los delitos de seguridad vial, y no como atenuante o incluso eximente, como se aplica en los demás delitos tipificados en el Código Penal.
Así consta en las conclusiones de la subcomisión en la que se ha estudiado el funcionamiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género y sus posibles modificaciones, a las que PP y CiU han presentado sendos votos particulares para separar las competencias civiles y penales en los juicios por separación y divorcio cuando haya violencia de género, para dar así una mejor atención jurídica a las víctimas y evitar que muchas denuncias se retiren por el colapso de los juzgados.
La ponente de CiU, Mercé Pigem, defendió que los juzgados de violencia doméstica se queden con la competencia de los asuntos civiles derivados de las primeras medidas cautelares tomadas tras la denuncia, pero que todo lo demás regrese al juzgado de origen y que haya entre ambos una permanente coordinación a través del fiscal.
En esa misma línea, Susana Camarero, ponente del PP, argumentó que en muchos casos la tramitación de la parte civil se va posponiendo por el colapso de los juzgados penales, y eso hace que muchas mujeres retiren la denuncia por malos tratos para agilizar la obtención del divorcio.
Además, el PP no descarta presentar algún otro voto particular, por ejemplo para instar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la primera declaración de una mujer al presentar la denuncia por violencia sirva para eximirla de una declaración posterior en el juicio oral, porque esa sesnsación de segunda victimización lleva a muchas a retirar la denuncia, con la consiguiente sentencia absolutoria del agresor.
Además, pretenden mejorar el sistema de protección de las víctimas y proponen para ello modificar el modo actual de valoración policial del riesgo de las denunciantes, para dejarlo en manos de personal especialmente formado para esa evaluación.
Por encima de esas matizaciones, la socialista Carmen Montón destacó el consenso básico existente en torno a la vigencia y utilidad de la Ley Integral y en la necesidad de dar más tiempo a su desarrollo antes de modificarla.
Sobre los votos particulares de PP y CiU, Montón argumentó que el Observatorio del CGPJ y las asociaciones de mujeres vieron un gran logro en la unificación de los juzgados para evitar la peregrinación de las víctimas por unos y por otros, y rechazó por ello el paso atrás que supondría acceder a esa separación de competencias.
Montón subrayó que las conclusiones hacen hincapié en la necesidad de mejorar la recuperación de las mujeres a todos los niveles, y valoró que el estudio de la subcomisión haya servido para desterrar mitos falsos sobre la Ley, como que haya incrementado el porcentaje de denuncias falsas.
LOS JUECES CUESTIONAN LA MEDIDA
Tras la presentación de las conclusiones de la subcomisión, las principales asociaciones de jueces cuestionaron la eficacia de la propuesta de agravar la pena a aquellos maltratadores que cometan un delito de violencia de género estando bebidos o drogados. Los jueces coincidieron en señalar que el castigo es "desproporcionado" y avisaron que "aumentar las penas no es la solución a los problemas".
Para el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, la Cámara Baja "ha recurrido al camino más simplón y desmedido", que es aumentar las condenas, cuando eso "no sirve" para acabar con la violencia machista. García explicó que la ingesta de bebidas alcohólicas y de sustancias estupefacientes puede resultar en ocasiones una circunstancia atenuante o eximente si merma la consciencia y la voluntad de las personas, aunque precisó que estas medidas no se aplican si el infractor ha consumido con el objetivo de cometer un delito.
Por su parte, el representante de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, calificó de "disparate jurídico" la propuesta del Congreso, además de ser "un retorcimiento del Código Penal que no soluciona nada".
NO COMPARABLE A LOS DELITOS DE TRÁFICO
Asimismo, indicó que "el hecho de beber es parte del propio delito en los casos de seguridad vial, pero es ajeno en los casos de violencia de género", por lo que "no se pueden comparar y equiparar" el abuso de alcohol y droga en ambos actos delictivos. Sexmero pide que se deje el Código Penal como está y que sea el juez el que pueda decidir si aplica la atenuante o eximente o ninguna de las dos en función de cada caso.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, señaló que la aplicación de esta medida supondría "un salto" en el castigo de estos delitos y preguntó por qué se debería aplicar esta agravante en los casos de violencia machista y no en el resto de delitos violentos.
