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28 de junio de 2009, 17:41
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 26.6.2009
La asociación hispano ecuatoriana Rumiñnahui y la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España (FERINE) han lamentado que el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) aprobado por el Consejo de Ministros mantenga la ampliación a 60 días del plazo de internamiento de extranjeros y la restricción de la reagrupación familiar, dos materias que no ven con buenos ojos por considerar que se trata de "recortes de derechos".
El portavoz de Rumiñahui, Raúl Jiménez, incide en las críticas a la ampliación del periodo de internamiento para los extranjeros que van a ser expulsados de España. "Sabemos cuáles son las condiciones de estos centros, sabemos que no ofrecen garantías sanitarias para permanecer allí ni tampoco garantías jurídicas", apunta.
En cuanto a la restricción de la reagrupación a la familia nuclear (cónyuge o equivalente e hijos menores o dependientes), Jiménez destaca que "la única razón fundamental de una persona para reagrupar a un familiar debería ser que éste lo sea", motivo por el que pide a los parlamentarios que habrán de analizar el texto, que "se sensibilicen" ante esta situación.
Por su parte, el portavoz de Ferine, Víctor Sáez, afirma que ambas medidas son "recortes de derechos que al final lo que hacen es perjudicar la convivencia porque lesionan los intereses de los extranjeros y no contribuyen a un proceso real de integración". "Cada acción de este tipo, por muy legal que sea, que va recortando derechos a las persons extranjeras, nos genera rechazo y esperamos poder planteárselo a los parlamentarios y mostrarles nuestra reprobación de aquello que supone un retroceso", señala.
FLEXIBILIZAR LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR
Esta postura de las organizaciones de inmigrantes cuenta con el respaldo del sindicato UGT que "espera" que "algunos aspectos" de la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería como la restricción de la reagrupación familiar o la limitación de acceso a las ayudas públicas para vivienda "sean corregidos" durante su tramitación parlamentaria, que se iniciará cuando en septiembre se reanude el periodo de sesiones. "El texto contiene elementos que nuestra organización no comparte y que considera deberían ser corregidos en el trámite parlamentario del Proyecto de Ley: La igualdad de trato y oportunidades es para nosotros un principio fundamental que asegura la cohesión social y la convivencia entre la población con independencia de su origen y por eso, no podemos compartir la limitación de algunos derechos", señala el sindicato.
En un comunicado, UGT lamenta que siendo ésta la primera reforma desde las emprendidas en 2003, "el texto no fuera sometido al Diálogo Social con los Interlocutores Sociales, siguiendo el camino iniciado hace cinco años con la inclusión de la migración laboral en las Declaraciones de Dialogo Social y la negociación del Reglamento". No obstante, apunta que la parte de la reforma que aborda la regulación de flujos migratorios laborales "es positiva, porque se eleva a rango de Ley los aspectos esenciales del reglamento acordados con los Interlocutores Sociales en 2004".
En cuanto a los partidos, desde el PNV, el diputado Emilio Olabarría condiciona el apoyo de su grupo a que se "flexibilice" los estrictos casos en los que se podrá reagrupar a un familiar, así como la severa vinculación a la situación del mercado laboral español del contingente de extranjeros que pueden llegar a España.
Por parte de ERC, el diputado Joan Tard� asegura que su grupo no votará a favor de esta reforma "si está como ahora", ya que "hay muchas cuestiones abiertas en materia de vivienda, educación, reagrupación familiar y el derecho a votar de los inmigrantes".
La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, espera que la ley "salga mejorada" de su tramitación parlamentaria, porque "quedan cuestiones que introducir, como la fórmula para que se pueda gestionar de forma adecuada el traslado de menores inmigrantes no acompañados" entre las islas y la Península.
ENDURECER LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR
También han criticado el texto el PP y CiU aunque por distintos motivos. Así, el portavoz "popular", Rafael Hernando, propone un endurecimiento de algunos aspectos como el de la reagrupación familiar para ajustar la Ley "a las actuales dificultades de la crisis económica". En concreto, critica "la tímida reforma" en relación con la agrupación familiar, "cuando supone ya más del 25 por ciento de las entradas de ciudadanos extranjeros".
Del mismo modo, censura que el texto del Gobierno no prohíba las regularizaciones masivas y añade que el proyecto "no refuerza los mecanismos de lucha contra la inmigración ilegal, permitiendo así que continúe el descontrol y el desorden en los flujos migratorios". "Se sigue manteniendo el principio de que los inmigrantes irregulares que resisten y se mantienen en España al final consiguen todos los derechos, y con esto sólo se consigue consagrar la entrada y permanencia ilegal en nuestro país como la principal vía de obtención de papeles, para satisfacción de las mafias que trafican con personas", apunta.
INMIGRACIÓN CUALIFICADA
Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, afirma que esta ley debe "sentar las bases de una política de contratación en origen fundamentada en las necesidades futuras de la economía española, poniendo acento en la selección de inmigración cualificada".
Igualmente, indica que el proyecto de ley debe "incorporar el esfuerzo de integración de los inmigrantes como factor clave de incorporación de los mismos a la sociedad de acogida", ya que "sin esfuerzo por parte de los extranjeros no hay incorporación posible". También exige que el texto cumpla con el Estatut de Catalunya y otorgue a esta comunidad autónoma "la capacidad de intervención en el ámbito de inmigración".
La asociación hispano ecuatoriana Rumiñnahui y la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España (FERINE) han lamentado que el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) aprobado por el Consejo de Ministros mantenga la ampliación a 60 días del plazo de internamiento de extranjeros y la restricción de la reagrupación familiar, dos materias que no ven con buenos ojos por considerar que se trata de "recortes de derechos".
El portavoz de Rumiñahui, Raúl Jiménez, incide en las críticas a la ampliación del periodo de internamiento para los extranjeros que van a ser expulsados de España. "Sabemos cuáles son las condiciones de estos centros, sabemos que no ofrecen garantías sanitarias para permanecer allí ni tampoco garantías jurídicas", apunta.
En cuanto a la restricción de la reagrupación a la familia nuclear (cónyuge o equivalente e hijos menores o dependientes), Jiménez destaca que "la única razón fundamental de una persona para reagrupar a un familiar debería ser que éste lo sea", motivo por el que pide a los parlamentarios que habrán de analizar el texto, que "se sensibilicen" ante esta situación.
Por su parte, el portavoz de Ferine, Víctor Sáez, afirma que ambas medidas son "recortes de derechos que al final lo que hacen es perjudicar la convivencia porque lesionan los intereses de los extranjeros y no contribuyen a un proceso real de integración". "Cada acción de este tipo, por muy legal que sea, que va recortando derechos a las persons extranjeras, nos genera rechazo y esperamos poder planteárselo a los parlamentarios y mostrarles nuestra reprobación de aquello que supone un retroceso", señala.
FLEXIBILIZAR LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR
Esta postura de las organizaciones de inmigrantes cuenta con el respaldo del sindicato UGT que "espera" que "algunos aspectos" de la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería como la restricción de la reagrupación familiar o la limitación de acceso a las ayudas públicas para vivienda "sean corregidos" durante su tramitación parlamentaria, que se iniciará cuando en septiembre se reanude el periodo de sesiones. "El texto contiene elementos que nuestra organización no comparte y que considera deberían ser corregidos en el trámite parlamentario del Proyecto de Ley: La igualdad de trato y oportunidades es para nosotros un principio fundamental que asegura la cohesión social y la convivencia entre la población con independencia de su origen y por eso, no podemos compartir la limitación de algunos derechos", señala el sindicato.
En un comunicado, UGT lamenta que siendo ésta la primera reforma desde las emprendidas en 2003, "el texto no fuera sometido al Diálogo Social con los Interlocutores Sociales, siguiendo el camino iniciado hace cinco años con la inclusión de la migración laboral en las Declaraciones de Dialogo Social y la negociación del Reglamento". No obstante, apunta que la parte de la reforma que aborda la regulación de flujos migratorios laborales "es positiva, porque se eleva a rango de Ley los aspectos esenciales del reglamento acordados con los Interlocutores Sociales en 2004".
En cuanto a los partidos, desde el PNV, el diputado Emilio Olabarría condiciona el apoyo de su grupo a que se "flexibilice" los estrictos casos en los que se podrá reagrupar a un familiar, así como la severa vinculación a la situación del mercado laboral español del contingente de extranjeros que pueden llegar a España.
Por parte de ERC, el diputado Joan Tard� asegura que su grupo no votará a favor de esta reforma "si está como ahora", ya que "hay muchas cuestiones abiertas en materia de vivienda, educación, reagrupación familiar y el derecho a votar de los inmigrantes".
La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, espera que la ley "salga mejorada" de su tramitación parlamentaria, porque "quedan cuestiones que introducir, como la fórmula para que se pueda gestionar de forma adecuada el traslado de menores inmigrantes no acompañados" entre las islas y la Península.
ENDURECER LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR
También han criticado el texto el PP y CiU aunque por distintos motivos. Así, el portavoz "popular", Rafael Hernando, propone un endurecimiento de algunos aspectos como el de la reagrupación familiar para ajustar la Ley "a las actuales dificultades de la crisis económica". En concreto, critica "la tímida reforma" en relación con la agrupación familiar, "cuando supone ya más del 25 por ciento de las entradas de ciudadanos extranjeros".
Del mismo modo, censura que el texto del Gobierno no prohíba las regularizaciones masivas y añade que el proyecto "no refuerza los mecanismos de lucha contra la inmigración ilegal, permitiendo así que continúe el descontrol y el desorden en los flujos migratorios". "Se sigue manteniendo el principio de que los inmigrantes irregulares que resisten y se mantienen en España al final consiguen todos los derechos, y con esto sólo se consigue consagrar la entrada y permanencia ilegal en nuestro país como la principal vía de obtención de papeles, para satisfacción de las mafias que trafican con personas", apunta.
INMIGRACIÓN CUALIFICADA
Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, afirma que esta ley debe "sentar las bases de una política de contratación en origen fundamentada en las necesidades futuras de la economía española, poniendo acento en la selección de inmigración cualificada".
Igualmente, indica que el proyecto de ley debe "incorporar el esfuerzo de integración de los inmigrantes como factor clave de incorporación de los mismos a la sociedad de acogida", ya que "sin esfuerzo por parte de los extranjeros no hay incorporación posible". También exige que el texto cumpla con el Estatut de Catalunya y otorgue a esta comunidad autónoma "la capacidad de intervención en el ámbito de inmigración".
