nuevatribuna.es
1 de diciembre de 2009, 9:09
AGNESE MARRA / NUEVATRIBUNA.ES - 01.12.2009
El mes de diciembre ha comenzado con una manifestación y los gritos de más de 200 artistas y trabajadores de discográficas a las puertas del Ministerio de Industria. Los músicos agrupados a través de Promusicae (entidad que concentra a las principales discográficas multinacionales e independientes españolas,) han presentado un manifiesto de la mano de Luis Eduardo Aute y de Loquillo, firmado por más de dos mil miembros, en el que solicitan al Gobierno que “legisle adecuadamente la propiedad intelectual”.
Bajo el lema La música es cultura. La música es empleo, artistas como Peret, Ana Belén o Enrique Bunbury han denunciado que “en España, la piratería en Internet está acabando con la industria cultural”. Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, además ha alertado de los miles de puestos de trabajo que se han perdido debido al éxito de la piratería.
“Para nosotros no es posible desarrollar iniciativas de comercialización de contenidos digitales, porque se compite contra el gratis total. Si la música, el cine o la literatura son cultura y la cultura es empleo, queremos que se actúe en consecuencia”, explicó Guisasola.
No es casual que la reivindicación de los artistas se haga en este momento. La comisión interministerial, constituida el pasado mes de octubre para buscar una solución al problema de las descargas ilegales, debe presentar sus propuestas legislativas antes del 10 de diciembre para ser elevadas a consejo de ministros antes del 31 de diciembre.
LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE SE SUMA DEBERES
La Ley de Economía Sostenible ha querido (entro otros asuntos) ocuparse también del problema de la piratería. Esta normativa permitirá desconectar el acceso a Internet de los ciudadanos para proteger los derechos de autor y luchar contra las descargas ilegales.
Para poder incluir este asunto se tiene que modificar la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) de la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" como uno de los cinco motivos por los que se puede desconectar el servicio a un internauta siempre y cuando lo autoricen los jueces.
Hasta el momento, el artículo 8.1 de la LSSI sólo contemplaba cuatro causas para la restricción del acceso a Internet: la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública; el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la juventud y de la infancia. Ahora la lucha contra la piratería será una causa más.
BUSCANDO A LOS CULPABLES
El asunto más polémico que surge con la recién estrenada normativa, es un nuevo apartado (que también se incorpora al artículo 8) que otorga a los “órganos competentes” la capacidad para requerir a los operadores los datos (y la obligación de éstos a facilitarlos) que permitan la identificación de quien esté realizando la conducta vulneradora.
A pesar de que el Gobierno ha insistido que las acciones para atajar el intercambio no autorizado de archivos no irán dirigidos contra quienes los descargan, sino contra aquellos que facilitan dichas descargas, es decir, contra páginas de enlaces.
Aparentemente todavía no hay motivos para sentirlo, ya que hasta ahora los procesos judiciales abiertos en España indican que el camino contra la llamada 'piratería' parece centrarse, precisamente, contra esos sitios web de enlaces a archivos P2P. Antes del 31 de diciembre los artistas tendrán la “respuesta clara” que requieren sobre la mesa.
El mes de diciembre ha comenzado con una manifestación y los gritos de más de 200 artistas y trabajadores de discográficas a las puertas del Ministerio de Industria. Los músicos agrupados a través de Promusicae (entidad que concentra a las principales discográficas multinacionales e independientes españolas,) han presentado un manifiesto de la mano de Luis Eduardo Aute y de Loquillo, firmado por más de dos mil miembros, en el que solicitan al Gobierno que “legisle adecuadamente la propiedad intelectual”.
Bajo el lema La música es cultura. La música es empleo, artistas como Peret, Ana Belén o Enrique Bunbury han denunciado que “en España, la piratería en Internet está acabando con la industria cultural”. Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, además ha alertado de los miles de puestos de trabajo que se han perdido debido al éxito de la piratería.
“Para nosotros no es posible desarrollar iniciativas de comercialización de contenidos digitales, porque se compite contra el gratis total. Si la música, el cine o la literatura son cultura y la cultura es empleo, queremos que se actúe en consecuencia”, explicó Guisasola.
No es casual que la reivindicación de los artistas se haga en este momento. La comisión interministerial, constituida el pasado mes de octubre para buscar una solución al problema de las descargas ilegales, debe presentar sus propuestas legislativas antes del 10 de diciembre para ser elevadas a consejo de ministros antes del 31 de diciembre.
LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE SE SUMA DEBERES
La Ley de Economía Sostenible ha querido (entro otros asuntos) ocuparse también del problema de la piratería. Esta normativa permitirá desconectar el acceso a Internet de los ciudadanos para proteger los derechos de autor y luchar contra las descargas ilegales.
Para poder incluir este asunto se tiene que modificar la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) de la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" como uno de los cinco motivos por los que se puede desconectar el servicio a un internauta siempre y cuando lo autoricen los jueces.
Hasta el momento, el artículo 8.1 de la LSSI sólo contemplaba cuatro causas para la restricción del acceso a Internet: la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública; el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la juventud y de la infancia. Ahora la lucha contra la piratería será una causa más.
BUSCANDO A LOS CULPABLES
El asunto más polémico que surge con la recién estrenada normativa, es un nuevo apartado (que también se incorpora al artículo 8) que otorga a los “órganos competentes” la capacidad para requerir a los operadores los datos (y la obligación de éstos a facilitarlos) que permitan la identificación de quien esté realizando la conducta vulneradora.
A pesar de que el Gobierno ha insistido que las acciones para atajar el intercambio no autorizado de archivos no irán dirigidos contra quienes los descargan, sino contra aquellos que facilitan dichas descargas, es decir, contra páginas de enlaces.
Aparentemente todavía no hay motivos para sentirlo, ya que hasta ahora los procesos judiciales abiertos en España indican que el camino contra la llamada 'piratería' parece centrarse, precisamente, contra esos sitios web de enlaces a archivos P2P. Antes del 31 de diciembre los artistas tendrán la “respuesta clara” que requieren sobre la mesa.
