nuevatribuna.es
16 de febrero de 2009, 13:59
NUEVATRIBUNA.ES - 16.02.2009
La noticia ha sorprendido en la opinión pública. Los sindicatos policiales han denunciado que en el trabajo son obligados a detener un cupo semanal de inmigrantes ilegales y que el número de detenciones aumenta.
Las órdenes son precisas: subsaharianos y magrebíes. Ambos colectivos son considerados como “más baratos”, especialmente el segundo grupo cuya expulsión se hace por carretera y no hay que pasar por lista de espera de aviones.
Según fuentes policiales, aquellos agentes que consiguen más detenidos son premiados con días libres u otras ventajas, ha señalado la Cadena Ser.
Las asociaciones de inmigrantes no han mostrado sorpresa: “Hace tiempo que conocemos cómo es la dinámica interna policial, sabíamos que tenían un organigrama en el que se les indicaba a cuántos ilegales debían detener y qué colectivos eran prioritarios, para mí la gran sorpresa es que hayan sido los propios sindicatos policiales los que hayan denunciado la situación”, cuenta para Nuevatribuna.es el Padre Antonio, presidente de la asociación Karibu (Amigos del Pueblo Africano).
Desde Karibu no han notado un gran aumento de detenciones, pero sí diferencias tácticas: “Lo novedoso es que últimamente la policía se acerca a grandes grupos de inmigrantes, van a lugares donde ellos se concentran, parece como si quisieran hacer un trabajo rápido”, explica el presidente de la asociación.
Según el Padre Antonio los lugares más comunes de detención son a las puertas de las asociaciones de inmigrantes o la hora de salida del colegio al que van sus hijos: “En más de una ocasión han hecho redadas cuando entraban a dar clase en nuestra asociación. Es una vergüenza, les buscan en los pocos lugares en los que se pueden sentir protegidos. Nosotros trabajamos para que se formen, aprendan el idioma y se integren en la sociedad y la Policía lo estropea todo con una política de terror”.
Las detenciones repetitivas están a la orden del día. Muchos de los ‘sin papeles’ son detenidos hasta cuatro o cinco veces: “Es completamente absurdo porque ya han cumplido el periodo de detención de 40 días y no los han podido expulsar y tampoco los pueden volver a detener, pero así cumplen su cuota”. En el caso del colectivo africano parece ser todavía más absurdo: “Todos los que llegan en pateras ya han sido identificados y detenidos al llegar España, volver a retenerles no tiene sentido porque ya saben quiénes son, tienen sus datos y la tramitación de expulsión pendiente”, señala el Padre Antonio, que asegura que esta tipo de política policial “sólo consigue que las buenas personas tengan que mirar para todos lados cuando salen de sus casas, es decir, una política de presión, terror y persecución que los anula”.
Una cuestión xenófoba
La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España (FERINE) ha puesto el grito en el cielo: “Queremos pedirle explicaciones al ministro Rubalcaba, la forma selectiva de detención es una política xenófoba que se permite desde el ministerio de Interior, ya que hay un documento de la Policía que señala a qué colectivos perseguir. Es impensable en un estado de derecho, ya no es criminalizar a los inmigrantes, es perseguir a una razas u otras, lo que inevitablemente recuerda a las políticas hitlerianas”, señala Víctor Sáez, presidente de FERINE.
La portavoz de Servicios Sociales de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Madrid, Milagros Hernández, calificó la norma de "racismo institucional" y aseguró, en declaraciones a Europa Press, que "medidas de este tipo provocan un racismo en la misma población". Para Hernández, "en lugar de velar por los derechos humanos y la legalidad, se hace un intervención arbitraria fuera de derecho".
Procedimiento administrativo, nunca penal
Según la responsable de los servicios jurídicos de CEAR Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Paloma Favieres, la noticia no les ha pillado desprevenidos. La semana pasada CEAR junto con otras asociaciones de inmigrantes denunciaban el “fuerte aumento” de detenciones y requerimientos de identificación a los inmigrantes: “Nosotros conocíamos la presión que se vive en las calles y también estábamos al tanto del cupo de detenciones que tiene que cumplir la Policía y los criterios prácticos con las que las ejecutan. El ministro de Interior lo negó y ahora la denuncia de los sindicatos policiales confirman lo que ya conocíamos”.
“Hay muchos países que tienen convenios y sus ciudadanos son inexpulsables, por lo que la Policía nunca se va a dirigir a ellos. Por otro lado hay colectivos con los que les resulta más fácil hacer números y mostrar resultados”, explica la responsable del Servicio Jurídico de CEAR.
Favieres coincide en que la nueva política de detenciones se produce en lugares donde hay una concentración importante de inmigrantes, como locutorios, asociaciones o los intercambiadores de transporte. “Desde CEAR denunciamos que se está llevando a cabo una vulneración de los derechos humanos, detrás de cada cupo hay una persona y cada una de ellas tiene una historia diferente. La Policía está obligada a verificar cuál es el procedimiento administrativo del inmigrante para más tarde valorar sus circunstancias”.
Para Paloma Favieres la opinión pública necesita estar más informada en relación al problema: “Hay que tener muy claro que a los inmigrantes ilegales se les abre un procedimiento administrativo y no penal. Por ello lo único que puede hacer la Policía es imponerles una multa y de manera extraordinaria la expulsión”.
Rubalcaba responde
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que “la Policía cumple estrictamente con la legalidad y que dentro de ella están una serie de objetivos cuantitativos que tienen que llevar a cabo”. Respecto a qué colectivos se persigue más el ministro ha señalado que son “los ‘sin papeles’ vinculados con actos delincuenciales”.
Rubalcaba no ha querido entrar a juzgar si eran subsaharianos o magrebíes, lo que sí ha dicho es que: “Parte de la información publicada es incierta, y en el caso de que viera indicios de ilegalidad se tomarían las medidas correspondientes”.
Hasta ahora sólo ha negado parte de la información el ministro de Interior, la Policía envió ayer una nota de prensa en la que aclaraba la denuncia, pero en ningún momento negaba que los hechos no fueran así. Las asociaciones de inmigrantes también lo confirman.
La noticia ha sorprendido en la opinión pública. Los sindicatos policiales han denunciado que en el trabajo son obligados a detener un cupo semanal de inmigrantes ilegales y que el número de detenciones aumenta.
Las órdenes son precisas: subsaharianos y magrebíes. Ambos colectivos son considerados como “más baratos”, especialmente el segundo grupo cuya expulsión se hace por carretera y no hay que pasar por lista de espera de aviones.
Según fuentes policiales, aquellos agentes que consiguen más detenidos son premiados con días libres u otras ventajas, ha señalado la Cadena Ser.
Las asociaciones de inmigrantes no han mostrado sorpresa: “Hace tiempo que conocemos cómo es la dinámica interna policial, sabíamos que tenían un organigrama en el que se les indicaba a cuántos ilegales debían detener y qué colectivos eran prioritarios, para mí la gran sorpresa es que hayan sido los propios sindicatos policiales los que hayan denunciado la situación”, cuenta para Nuevatribuna.es el Padre Antonio, presidente de la asociación Karibu (Amigos del Pueblo Africano).
Desde Karibu no han notado un gran aumento de detenciones, pero sí diferencias tácticas: “Lo novedoso es que últimamente la policía se acerca a grandes grupos de inmigrantes, van a lugares donde ellos se concentran, parece como si quisieran hacer un trabajo rápido”, explica el presidente de la asociación.
Según el Padre Antonio los lugares más comunes de detención son a las puertas de las asociaciones de inmigrantes o la hora de salida del colegio al que van sus hijos: “En más de una ocasión han hecho redadas cuando entraban a dar clase en nuestra asociación. Es una vergüenza, les buscan en los pocos lugares en los que se pueden sentir protegidos. Nosotros trabajamos para que se formen, aprendan el idioma y se integren en la sociedad y la Policía lo estropea todo con una política de terror”.
Las detenciones repetitivas están a la orden del día. Muchos de los ‘sin papeles’ son detenidos hasta cuatro o cinco veces: “Es completamente absurdo porque ya han cumplido el periodo de detención de 40 días y no los han podido expulsar y tampoco los pueden volver a detener, pero así cumplen su cuota”. En el caso del colectivo africano parece ser todavía más absurdo: “Todos los que llegan en pateras ya han sido identificados y detenidos al llegar España, volver a retenerles no tiene sentido porque ya saben quiénes son, tienen sus datos y la tramitación de expulsión pendiente”, señala el Padre Antonio, que asegura que esta tipo de política policial “sólo consigue que las buenas personas tengan que mirar para todos lados cuando salen de sus casas, es decir, una política de presión, terror y persecución que los anula”.
Una cuestión xenófoba
La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España (FERINE) ha puesto el grito en el cielo: “Queremos pedirle explicaciones al ministro Rubalcaba, la forma selectiva de detención es una política xenófoba que se permite desde el ministerio de Interior, ya que hay un documento de la Policía que señala a qué colectivos perseguir. Es impensable en un estado de derecho, ya no es criminalizar a los inmigrantes, es perseguir a una razas u otras, lo que inevitablemente recuerda a las políticas hitlerianas”, señala Víctor Sáez, presidente de FERINE.
La portavoz de Servicios Sociales de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Madrid, Milagros Hernández, calificó la norma de "racismo institucional" y aseguró, en declaraciones a Europa Press, que "medidas de este tipo provocan un racismo en la misma población". Para Hernández, "en lugar de velar por los derechos humanos y la legalidad, se hace un intervención arbitraria fuera de derecho".
Procedimiento administrativo, nunca penal
Según la responsable de los servicios jurídicos de CEAR Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Paloma Favieres, la noticia no les ha pillado desprevenidos. La semana pasada CEAR junto con otras asociaciones de inmigrantes denunciaban el “fuerte aumento” de detenciones y requerimientos de identificación a los inmigrantes: “Nosotros conocíamos la presión que se vive en las calles y también estábamos al tanto del cupo de detenciones que tiene que cumplir la Policía y los criterios prácticos con las que las ejecutan. El ministro de Interior lo negó y ahora la denuncia de los sindicatos policiales confirman lo que ya conocíamos”.
“Hay muchos países que tienen convenios y sus ciudadanos son inexpulsables, por lo que la Policía nunca se va a dirigir a ellos. Por otro lado hay colectivos con los que les resulta más fácil hacer números y mostrar resultados”, explica la responsable del Servicio Jurídico de CEAR.
Favieres coincide en que la nueva política de detenciones se produce en lugares donde hay una concentración importante de inmigrantes, como locutorios, asociaciones o los intercambiadores de transporte. “Desde CEAR denunciamos que se está llevando a cabo una vulneración de los derechos humanos, detrás de cada cupo hay una persona y cada una de ellas tiene una historia diferente. La Policía está obligada a verificar cuál es el procedimiento administrativo del inmigrante para más tarde valorar sus circunstancias”.
Para Paloma Favieres la opinión pública necesita estar más informada en relación al problema: “Hay que tener muy claro que a los inmigrantes ilegales se les abre un procedimiento administrativo y no penal. Por ello lo único que puede hacer la Policía es imponerles una multa y de manera extraordinaria la expulsión”.
Rubalcaba responde
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que “la Policía cumple estrictamente con la legalidad y que dentro de ella están una serie de objetivos cuantitativos que tienen que llevar a cabo”. Respecto a qué colectivos se persigue más el ministro ha señalado que son “los ‘sin papeles’ vinculados con actos delincuenciales”.
Rubalcaba no ha querido entrar a juzgar si eran subsaharianos o magrebíes, lo que sí ha dicho es que: “Parte de la información publicada es incierta, y en el caso de que viera indicios de ilegalidad se tomarían las medidas correspondientes”.
Hasta ahora sólo ha negado parte de la información el ministro de Interior, la Policía envió ayer una nota de prensa en la que aclaraba la denuncia, pero en ningún momento negaba que los hechos no fueran así. Las asociaciones de inmigrantes también lo confirman.
