"Hay que tomar conciencia de que venimos de un genocidio negado"

NUEVATRIBUNA.ES 19.02.2010

Experto en Derecho Penal Internacional, Miguel Ángel Rodríguez Arias es uno de los impulsores de esta ambiciosa iniciativa popular que prevé, entre otras cosas, el reconocimiento del “genocido” franquista y la posibilidad de que la sociedad española se pronuncie sobre la fórmula del Estado: Monarquía o República.

Si por un rayo de sol nadie lucha,
nunca ha de verse la sombra vencida
Pero hay un rayo de sol en la lucha,
que siempre deja la sombra vencida.

Miguel Hernández, Eterna Sombra.

NUEVA TRIBUNA: Se trata de una iniciativa popular, ¿tienen confianza es recabar los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante esta ley?

MIUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS: No va a ser fácil, sabemos que la iniciativa despierta clara simpatía en distintos representantes, distintos grupos, dentro y fuera del Parlamento. Por ejemplo, Izquierda Republicana ya nos ha manifestado su completo apoyo. Está teniendo muy buena acogida. Lo que está claro es que esto es un derecho constitucional y que esta toma de conciencia la resumen los dos pequeños versos de Miguel Hernández que encabezan el anteproyecto. Esos versos forman parte de un poema titulado Eterna sombra y hay un cierto paralelismo con la eterna sombra del franquismo en la que parece que seguimos. Tenemos jueces en las altas instancias que han jurado lealtad a Franco. Tenemos partidos políticos de cuando Franco y por tener franquismo tenemos hasta leyes de la memoria copiadas de Franco. Que la iniciativa es difícil o que vaya a tener una difícil tramitación parlamentaria no quiere decir que nosotros como ciudadanos no ejerzamos con sobriedad y dignidad nuestros derechos constitucionales y estemos dispuestos a explicar, a debatir, a recoger propuestas, a cerrar el texto, depositarlo en el Parlamento y a partir de ahí que se nos permita el inicio de la recogida de firmas.

NT: La dificultad está quizá en la posición que adopte el PSOE.

MAR: Lo que esperamos es que se produzca un cambio en la toma de conciencia. Creemos que hay elementos concretos donde se constata que algo está moviéndose como el hecho de que la ministra de Defensa condecore a los miembros de la UMD. Creo que es posible la toma de conciencia en torno a esto y que si no lo intentáramos seguro que no lo conseguiríamos. Esta iniciativa no excluye ni sustituye a otras iniciativas en el ámbito judicial, en los organismos internacionales, todas esas iniciativas debemos seguir haciéndolas pero además, como ciudadanos, ante una ley que nos parece absolutamente injusta, tenemos ese derecho constitucional a plantearlo.

NT: Después de la aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica, ¿por qué es necesaria una nueva ley?

MAR: Es necesaria una nueva ley porque la actual viola varios Derechos Humanos del Convenio, del Pacto Internacional de Derechos Civiles, una ley que está copiada de una orden de Franco. Ni siquiera es enmendable, cuando la obligación de buscar a los desaparecidos es del Estado y no solo de las fosas sino de la desaparición de niños perdidos que ni se contempla y la ley parte de que el sistema es un sistema privado (exhumación); eso ya no tiene desarrollo reglamentario. La ley esta mal de raíz y lo que hace falta es cambiarla. Nosotros planteamos una profundísima modificación ya que establecemos otra ley que no sea de memoria sino de ‘verdad, justicia y reparación’.

NT: ¿Hablamos entonces de una reforma de la actual ley?

MAR: No, va más allá de la reforma. No es una iniciativa contra una ley o contra tres sino que queremos que se aplique en España lo que se debería haber aplicado en un principio. Una ley de ‘verdad justicia y reparación’. Al aplicar esta nueva normativa, la Ley de la Memoria resulta profundamente transformada igual que se reforman otros aspectos del ordenamiento jurídico español. No quedaría anulada, quedaría muy modificada. Pero nuestro objetivo no es modificar la Ley de la Memoria sino que los deberes de ‘verdad justicia y reparación’ se cumplan y en el camino de ir a cumplirlos tenemos cosas que modificar, por ejemplo, en el momento en que se creara una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos; o una Fiscalía especial para crímenes del franquismo.

NT: ¿Qué leyes sería necesario reformar?

MAR: La ley de Bases de Régimen local (en referencia al nombre de las calles). Estableceríamos directamente la nulidad de las calles que nombró el franquismo. Una banda criminal que ha conspirado y que ha llevado a cabo una guerra para hacerse con el control de las instituciones no tiene potestad legislativa para cambiar nombres de calles, por lo tanto los nombres de calles que durante el franquismo se cambian para vanagloriar y para ensalzar a los responsables del régimen son calles que no son legítimas según la Constitución española de 1931 que jurídicamente siguió vigente en todo momento hasta que aprobamos la siguiente Constitución de 1978. Otra cosa es que la banda criminal que se hace con el control de los resortes del Estado sistemáticamente negó los derechos constitucionales que esa Constitución garantizaba.

NT: ¿Podría alguien apelar a la inconstitucionalidad del anteproyecto? ¿Podría chocar con algún precepto constitucional?

MAR: Nosotros hemos intentado que esto encaje con toda la legalidad vigente.

Se toca la Ley de Bases de Régimen local, se propone la modificación de esta ley ordinaria para que de una vez se introduzca, no como ha hecho la Ley de la Memoria dejando hacer a los ayuntamientos. Es ilegal que durante cuarenta años, una banda armada se hiciera con el control de las instituciones, por lo que no tiene legitimidad ninguna ni legalidad alguna para cambiar nombres de calles o poner monumentos. Todo lo que hizo el franquismo lo hizo contra la Constitución.

NT: ¿Es decir, que en estos momentos no tenemos instrumentos legales para resarcir eso?

MAR: Los que hay no solucionan la cuestión. Hay cuestiones que directamente no están ni contempladas como es el caso de los niños perdidos o la restitución de grados a los makis y a los puntos de apoyo. Hay cuestiones que directamente no existen para la Ley de la Memoria. Y eso no puede ser porque hay colectivos enteros de víctimas cuyos derechos se ven desamparados. Hay otras situaciones donde la Ley de la Memoria sí introduce regulaciones pero son ilegales como es la situación de la búsqueda de desaparecidos que la han copiado a Franco; y es ilegal porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado bien claro que es el Estado el que tiene que buscar. Luego, hay situaciones en las cuales se toman medidas de un alcance muy insuficiente y que han redundado en lo que todos estamos viendo, por ejemplo, en relación con los nombres de las calles haciendo un llamamiento genérico para que cada institución colabore y quite los nombres, cuando lo que habría que hacer es reconocer algo tan normal como decir que los nombres de las calles son nulos. Es más, hay introducir en la Ley de Bases de Régimen Local la prohibición de que se puedan nombrar calles con nombres de responsables de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad simplemente por respeto a las víctimas.

NT: ¿Qué más fallos ve en la Ley de Memoria Histórica?

MAR: La Ley de la Memoria genera distintos despropósitos y son de distinto tipo. Nosotros intentamos que para situaciones que la Ley no contempla, aplicar los instrumentos internacionales; para las situaciones que deja en el aire o que deja dependientes del voluntarismo político aquí o allá pues introducir elementos ciertos de cumplimiento. Otra de las medidas que se plantea es que no es posible que sigamos teniendo títulos nobiliarios con nombres de destacados dirigentes del franquismo y no solo los que impuso Franco sino de títulos más recientes como el Marquesado de Arias Navarro, también conocido como el ‘carnicero de Málaga’, que creó el actual Jefe del Estado. No puede ser que tenga un marquesado y que se le considere noble de España. No es posible, es una falta de respeto a las miles de víctimas que siguen en las fosas.

NT: El anteproyecto de ley también habla de los valores de la II República.

MAR: Creemos que durante 40 años de dictadura y 33 años de democracia nos encontramos con que la historia de la Republica, de su defensa y de lo que fueron los crímenes del franquismo, fue, primero negada, y después ha sido mantenida en un segundo plano. Por eso hablamos de la restitución a la ciudadanía española del conocimiento. Lo normal es que se estudie ese periodo del que todavía hay tantísimas víctimas en fosas comunes, es un drama abierto y una anomalía. En ese sentido planteamos claras medidas educativas y una campaña institucional para que se conozca. También nos parece importante el hecho de que dentro de esa restitución, frente a lo que es un golpe criminal, no podemos dar reconocimiento ni valor jurídico ni a las sentencias ni a las normas del franquismo porque no lo tienen. Anular los juicios sumarísimos es la primera cosa que se hace en la ley. En la Ley reivindicamos que la Republica española continuó funcionando hasta 1977 fuera de España. Los instrumentos constitucionales democráticos y legales. Esa es la legalidad real. Otra cosa es que en la guerra no se pudo defender la Republica y luego fueron olvidados en la posguerra de la II Guerra Mundial, pero la legalidad va de la Constitución española del ‘31 a la del ‘78. De alguna manera nuestro anteproyecto trata de establecer un puente de legalidad entre dos momentos constitucionales legítimos y pasando por encima de ese abismo intermedio que es la dictadura de Franco, de violación de derechos humanos y de crímenes aberrantes. Tratamos de reconstruir y entendemos que la primera cosa que es normal en democracia es reconocer que las denominadas ‘sentencias (me niego a llamar sentencia a eso, eso es un asesinato previa escenificación teatral) hasta las normas represivas sean anuladas. También se pide que elementos tan simbólicos como que los cuadros de los presidentes de las Cortes legitimas republicanas sean puestos en el Parlamento de la nación y no los de las cortes españolas colaboradores del general que fueron puestas ahí.

NT: Hablemos de la Ley de Amnistía. Uno de los argumentos que da el Gobierno a los organismos internacionales es que la Transición contó con el apoyo de toda la sociedad española y está reconocido fuera y dentro de nuestras fronteras.

MAR: Eso no es así. Los crímenes contra la humanidad no son amnistiables, el mecanismo de la amnistía no abarca crímenes internacionales porque éstos no son de la jurisdicción española aunque pensemos que son crímenes contra españoles, los crímenes de la humanidad conciernen a la entera humanidad, a cualquier persona de cualquier nacionalidad en cualquier lugar del mundo. No es potestad de la jurisdicción española amnistiar unos crímenes que desbordan ampliamente a la jurisdicción española. No pueden. Es la regla básica, internacionalmente reconocida, la que ha llevado a la nulidad de las leyes de autoamnistía en Argentina. Es normal que en un primer momento de la Transición se tomasen medidas para despejar el camino pero pasado ese momento esas medidas deben quedar en la nulidad completa. Nosotros teníamos una Republica y un grupo de generales apoyados por nazis, fascistas italianos y determinados sectores sociales dan un golpe de estado y la arrebatan. Después, en el año ’77 nos encontramos con un referéndum constitucional en el cual no se permite presentarse a los partidos históricos del republicanismo, como Izquierda Republicana del presidente Azaña y tampoco a Unión Republicana. Sin embargo, España, al hacer las Cortes Constituyentes sí permite presentarse a Falange y otros grupos. En el año ‘77 no existió posibilidad alguna de que se pudiese votar la opción de que la forma del Estado fuese la Republica. Eso es algo que nos sigue faltando en nuestra sociedad y por eso planteamos en el anteproyecto que, con toda legitimidad, de forma cívica, como parte del proceso de restitución queremos que se estudie el cauce constitucional en el cual se pueda preguntar a la sociedad española que es lo que prefiere si monarquía o republica.

NT: Las recomendaciones hechas por distintos organismos internacionales no son de obligado cumplimiento. Pero ¿está incumpliendo España algunos de los pactos suscritos en materia de derechos Humanos?

MAR: Cierto. No se produce una condena por incumplimiento pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice por ejemplo que es responsabilidad del Estado el pago de indemnizaciones. El Comité Internacional nos lo haya dicho recientemente, en noviembre de 2008, clarísimamente ha dicho a España que la Ley de Amnistía no puede funcionar como una ley de punto final. Pero sin que lo dijeran ellos esto es una evidencia en el mundo jurídico. No hablamos de anular la ley sino de garantizar que no se interprete ilegalmente. Se está haciendo una interpretación internacional ilegal, ya que se dice que, de ninguna manera, ningún tribunal español podrá invocar la Ley de Amnistía para impedir el enjuiciamiento de crímenes internacionales. Por lo tanto, la Ley de Amnistía ya es nula frente a los crímenes contra la humanidad.

NT: En la iniciativa también se habla de que se reconozca el ‘genocido’ franquista.

MAR: Este es uno de los puntos más importantes. Creemos que ante los tribunales se tiene que seguir persiguiendo todos los crímenes de lesa humanidad porque hay una obligación del Estado de perseguirlos. Ni más ni menos, y con esta ley creamos los mecanismos jurídicos para que se persigan. Pero al mismo tiempo hace falta un reconocimiento parlamentario, en un acto solemne, con las autoridades del Estado, con víctimas, donde se haga un reconocimiento de que lo que hizo el franquismo fue mucho más allá de una guerra o de dar un golpe de Estado, sino que de manera intencional, se intentó la completa aniquilación, la aniquilación total o parcial de la base biológica misma del republicanismo. Franco no solo quería ganar la guerra, quería eliminar a cualquier sector social que pudiera dar sustento a la Republica española. Luego hizo lo del encubrimiento que es típico también del genocidio. Es tan importante que tomemos conciencia de que venimos de un genocidio negado, porque no hemos sido capaces como sociedad de mirarlo de frente y de entender que no solo se cometieron una gran cantidad de crímenes contra la humanidad, sino que más allá de todo eso, en su conjunto, somos una sociedad salida de un genocidio y eso explica todas las cosas anómalas y tiene consecuencias sociales, políticas y económicas. Es un genocidio en el que se intenta aniquilar intencionadamente a una parte de nuestro país, el grupo de defensores de la Republica española y luchadores antifascistas a los que se aniquiló, se robaron sus bienes y muchos tuvieron que exiliarse.

NT: ¿Sería así suficiente para superar definitivamente esa etapa?

MAR: Sí, para superar de una vez el franquismo y salir de toda esta situación y ser capaces de mirar de frente las fosas comunes, que las tenemos ahí, que tenemos 150.000 seres humanos. El ‘lev motiv’ del anteproyecto es la apertura de un amplio proceso institucional de ‘verdad, justicia y reparación’ exactamente como lo dice Naciones Unidas y los organismos de Derechos Humanos. Eso es lo que hace falta en este país, lo que sigue pendiente 35 años después de muerto el dictador. Hace falta abrir ese proceso en las instituciones y que además se garantice la plena participación de todos los actores sociales, políticos, ONG, sindicatos y asociaciones; y necesitamos abordarlo transversalmente, a través de todas las Administraciones del Estado.

NT: ¿Usted cree que la negación misma de todo esto que nos está contando se encuentra detrás de la causa abierta al juez Baltasar Garzón?

MAR: Sí. La negación del genocidio franquista es lo que está detrás del caso Garzón. Está detrás y es la prueba de cómo realmente todavía no hemos cerrado la Transición española y no la cerraremos mientras no seamos capaces de afrontar con normalidad que el Estado acuda, exhume, identifique y devuelva los restos con dignidad a los familiares. Esto es la evidencia más clara de todo ello. Es un genocidio al que no hemos querido ni llamar por su nombre. Reconocer el genocidio y perseguir todos los crímenes contra la humanidad son dos conceptos distintos. Una cosa es la persecución penal de los crímenes y otro el reconocimiento del genocidio porque nuestro país tiene que ser capaz de mirar de frente y tomar conciencia de que somos una sociedad pos genocidio. En ese momento sería posible aplicar con normalidad todos los instrumentos con el objetivo de superar ese negacionismo.

NT: Es un anteproyecto muy ambicioso en el que se recogen muchas cosas como por ejemplo los crímenes de género.

MAR: Es una de las cosas que se había dejado fuera de la Ley de Memoria Histórica. El texto es inmenso porque recoge todas las medidas que no estaban recogidas en esta ley. La Ley de la Memoria no dedica nada a los crímenes contra la humanidad de género. ¿Cómo puede ser? ¡Hasta qué punto estamos en una situación anómala! El anteproyecto está ayudando a tomar conciencia sobre todo esto. Nuestro punto de partida es que los crímenes se persiguen con un fiscal y ante un tribunal y luego hablaremos de medidas reparatorias, de anular títulos nobiliarios, etc.. También intentamos que los distintos órganos que se creen tengan una composición paritaria. El rol de las asociaciones de memoria es estar en esas comisiones de búsqueda, pero la premisa es la persecución penal llevada a cabo por un fiscal y con unas medidas judiciales de custodia y de exhumación de los restos. Ha sido absolutamente contraproducente la tarea que ha hecho la Ley de la Memoria en este sentido porque ha intoxicado la información ciudadana en torno a cuáles son los derechos reales que tiene cualquier ciudadano español. Hace falta una campaña de información para decir a la ciudadanía española que en caso de desapariciones forzadas tiene el derecho a que los tribunales busquen a los desaparecidos, a que el Estado tome medidas. Durante varios años se ha intoxicado, se ha desinformado y se le ha explicado a la ciudadanía que si tenía un desaparecido tenía derecho a irse a buscarlo de fosa en fosa, es terrible. Por eso hace falta una campaña institucional donde se explique a la gente cuáles son sus derechos humanos indisponibles e inderogables.

(Consulte el resumen de los puntos más destacados de este proyecto de ley)

* Miguel Ángel Rodríguez Arias es investigador de Derecho Penal Internacional de la UCLM
(Universidad de Castilla-La Mancha) y autor de las primeras investigaciones jurídicas en España abordando la cuestión de los desaparecidos del franquismo como “crímenes contra la humanidad” no prescritos y no sólo como cuestión de “memoria”, dando lugar con las mismas a actuaciones de la Audiencia Nacional. Junto a otros tres estudios publicados en la revista Jueces para la Democracia demostrando las actuales violaciones de derechos humanos en nuestro país a la luz de la jurisprudencia internacional1, es autor de El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad (Tirant Lo Blanch, Valencia), investigación en la que se basó el juez Baltasar Garzón para abrir el caso de las desapariciones infantiles durante la dictadura. En la actualidad, Rodríguez Arias cuenta en su haber cuatro premios nacionales e internacionales de investigación.